Cuidado con el populismo punitivo
Muchas de las iniciativas presentadas durante el receso legislativo criminalizan ciertos comportamientos y son ejemplo de populismo punitivo
Por Roberto Alonso @rialonso
11 de mayo, 2020
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Es una buena noticia que el Congreso local esté preparándose para sesionar en línea a unos días de que inicie su tercer periodo ordinario de sesiones. El pasado viernes, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para tal propósito. En vista de las observaciones que el mismo día expresaron algunos diputados, es deseable un dictamen integral y con perspectiva, que prevea diferentes eventualidades y no se limite a la emergencia sanitaria actual.

La que no parece ser una buena noticia es que en el receso legislativo que está por concluir, una quinta parte de las iniciativas presentadas en casi dos meses estén dirigidas a reformar el Código Penal estatal con la intención de aumentar penas, concretamente, años de prisión.

Si bien hay iniciativas que pueden encontrar en este instrumento de sanciones la ultima ratio para responder ante algunas conductas ilícitas, hay otras que claramente van en contra del marco de protección de los derechos humanos, criminalizan ciertos comportamientos y son ejemplo de una racionalidad que se ha convertido en lugar común: el populismo punitivo.

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Definido por Whanda Fernández como doctrina política que se proclama defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo, el populismo punitivo consiste en la expansión del derecho penal a través de leyes irracionales, incongruentes y descuidadas, o bien por la vía de la creación de nuevas penas y la ampliación de estas. En la misma línea, el profesor Miguel Zamora observa en el populismo punitivo una tendencia a materializar reformas penales de manera rápida y eficiente con el fin de obtener legitimación política y social. Lo que se busca, por tanto, no es una respuesta real a una problemática social, como una salida fácil que pueda repercutir favorablemente en términos de percepción.

En un artículo reciente, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sostiene que, frente al fenómeno de la delincuencia, esta corriente ha demostrado su ineficacia, siendo en el ámbito de la popularidad política, tanto entre gobiernos conservadores como progresistas, donde medidas como las mencionadas han sido efectivas. Por ejemplo, en las entidades donde se han incrementado las penas por el delito de feminicidio no se ha logrado reducir el asesinato de mujeres. Por el contrario, en algunos estados, Puebla incluido, el problema se ha agravado.

Parafraseando a Juan Espíndola, la idea de que aumentar los castigos es siempre la mejor respuesta, es una cómoda y falsa certeza.

Foto: Marlene Martínez

El populismo punitivo, agrega Reneaum, se expresa también en ajustes legislativos “a golpe mediático”. A contrapelo de otras alternativas como la justicia restaurativa o la justicia cívica, se opta por la salida fácil, la cual se manifiesta en cambios superfluos que no atienden la verdadera causa del problema que se interviene. No tendría que sorprendernos, entonces, que ante la indignación que provocan las agresiones al personal sanitario en las últimas semanas, la nota se la lleve un anuncio para castigar con hasta seis años de cárcel a quien discrimine a médicos, cirujanos y personal de enfermería. O que, en medio de las actuales medidas de confinamiento, se proponga incrementar hasta en 13 años la pena por poner en peligro de contagio a otra persona –de manera directa o indirecta–, a sabiendas de que se tiene una enfermedad grave.

Importa señalar que en ambos supuestos el delito ya forma parte del catálogo de conductas con pena de prisión, lo cual no quiere decir que el planteamiento vigente deba estar exento de estudio y modificación. Es el caso del artículo 165 del Código Penal poblano, que sanciona con penas de dos a 12 años a quien “haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la autoridad estatal o municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación.”

Y este es el artículo objeto de la iniciativa del diputado Gabriel Biestro y la diputada Nora Merino encaminada a expandir el mismo castigo a quienes difundan o transmitan información falsa, ya sea a través de un medio de comunicación o de redes sociales (plataformas digitales), “durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten el país o cualquier otra causa de fuerza mayor”.

Luego de la contundente crítica que recibió esta iniciativa por parte de la Red Puebla de Periodistas, la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la organización Artículo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó la iniciativa como un retroceso y en un oficio dirigido al Congreso de Puebla llamó a esta representación no sólo a no aprobarla, sino a derogar el artículo 165 vigente del Código Penal.

En su argumentación, el representante de la ONU-DH hace referencia a una reciente declaración conjunta de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH, en la que se advierte que “cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión.”

Lo más sensato que podría hacer la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local a la que se turnó la iniciativa es desecharla. Adicionalmente, esta instancia debería aprovechar la ocasión para aplicar el test del populismo punitivo al resto de propuestas legislativas que le han canalizado y, seguramente, continuarán llegando.

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Roberto Alonso
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.