Foto: Gobierno de Puebla

Axel Espinosa

@axelbeto

**Actualización: a partir del martes 21 de abril, las ruedas de prensa del Gobierno de Puebla ya incluyen intérprete de Lengua de Señas Mexicana

Los derechos de al menos 20 mil personas que padecen una discapacidad auditiva en Puebla son ignorados por el gobierno del estado, lo cual agrava su vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus Sars-CoV-2.  

“Ante la llegada del COVID-19 a México, las personas que presentamos esta discapacidad (auditiva) nos sentimos vulnerables en cuestión de información, ya que necesitamos saber más de este tema”, dijo Ana María Coca, campeona nacional paralímpica de atletismo, en entrevista para LADO B. 

La semana pasada, a través de publicaciones en redes sociales, personas con discapacidad auditiva del estado de Puebla exigieron que durante las ruedas de prensa diarias que ofrece el gobierno estatal, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, haya un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas (LSM).

Justamente Ana María Coca explicó que la principal limitante que tienen para el acceso a la información es la falta de un intérprete en LSM.

“La mayoría de la información presentada no cuenta con el apoyo de un intérprete de LSM, y aunque a veces las personas sordas cuentan con familiares que hacen la interpretación, también hay quienes no cuentan con eso, por lo que se sienten limitados“.

La deportista agregó que, además de un intérprete de LSM, también sería útil que se incluyera subtítulos en la información que se presenta en los informes, ya que como ella explica “hay personas sordas que sí sabemos el lenguaje manual [LSM] pero hay otras que no lo saben, por lo que usar las dos herramientas [LSM y subtítulos] facilitaría el entendimiento de la información”.

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Desde el inicio de la contingencia sanitaria en Puebla el 10 de marzo, y hasta la fecha, los informes que presentan el Gobierno del estado de Puebla sobre el tema COVID-19 carecen de las consideraciones necesarias para llegar a la comunidad sorda, por lo que la campeona nacional agrega que es importante resolver de inmediato esa necesidad. 

“Necesitamos saber más profundamente lo que debemos hacer para evitar contagios e incluso saber cuándo podemos salir a la calle o cuándo se reanudarán las clases”.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 32 que:

“Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población”.

Asimismo, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Puebla, en su Artículo 5 prohíbe “toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en el Estado Libre y Soberano de Puebla”.

La misma Ley en su Artículo 6 BIS reconoce que hay discriminación cuando se restringe el acceso a la información, como es el caso. Mientras que el Artículo 13 establece como medida de nivelación el “Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión”.

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El caso de la CDMX y Hermosillo

El 16 de marzo, Erick Arellano Hernández, activista sordo, líder de la Coalición de Personas Sordas, A.C presentó un amparo debido a las omisiones por parte del  gobierno federal y de la Ciudad de México, al no difundir información en LSM sobre las medidas de contención y prevención de COVID-19.

Dicho amparo se fundamenta en la Constitución Mexicana, en la Ley de Amparo y, principalmente, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en su artículo 11, el cual establece que en situaciones de riesgo y emergencia humanitaria:

“Los Estados adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.

De acuerdo con lo anterior, las omisiones de las autoridades al no presentar información clara y precisa a la comunidad de personas con discapacidad auditiva de la Ciudad de México, estaban poniendo en riesgo sus vidas en el marco de la contingencia sanitaria, además de incumplir decretos internacionales y las leyes ya establecidas de no discriminación e inclusión. 

En menos de 24 horas desde que se presentó el amparo, Alejandra Guadalupe Pérez Cerisola, juez del Tribunal Décimo Tercero del Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, otorgó una orden provisional a favor de Erick Arellano, reconociendo el daño potencial de la omisión de no garantizar la accesibilidad a la información sobre la pandemia COVID-19 y las medidas de prevención y protección hacia la comunidad sorda.

Así, el martes 17 de marzo la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud federal presentadas por el doctor Hugo López-Gatell, contó por primera vez con un intérprete de LSM. 

Ese mismo día, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incorporó un recuadro con un intérprete de LSM en un video explicativo sobre las medidas preventivas ante el COVID-19 que fue distribuido en redes sociales.

Además de exigir en el amparo la incorporación de un intérprete de LSM, también se solicitó al Consejo de Salubridad General informara sobre qué centros de salud y hospitales del estado México estarían preparados para dar atención a personas sordas que llegaran a enfermar por COVID-19. 

Otro caso donde se le garantizó el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva, ante la contingencia por COVID-19, se registró en Sonora, donde también después de manifestaciones a través de redes sociales exigiendo un intérprete de LSM para las videoconferencias del gobierno estatal, la Secretaría de Salud cumplió su deber y el mismo día, y comenzaron a incluir un intérprete en sus transmisiones en vivo.