Venezolanos en Ecuador: “Si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre”
Ecuador es el cuarto país sudamericano con más venezolanos migrantes; 352 mil de ellos viven al día, y la pandemia redujo sus posibilidades de supervivencia
Por Lado B @ladobemx
21 de abril, 2020
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Foto tomada de Efecto Cocuyo

Jefferson Díaz | Efecto Cocuyo

Mayeli Chávez llegó el 7 de octubre de 2019 a Ecuador. Es de Maracay y decidió emigrar porque la peluquería que tenía con su hermana quebró. “Me vine caminando y pidiendo cola con mis tres hijos. Tardamos 16 días en llegar a Quito”.

Cruzó por trocha. Sin pasaporte. Sin visa. Sólo con su cédula. En Quito logró inscribir a sus hijos en un colegio público al norte de la ciudad, y en compañía de otra paisana que conoció en el viaje, se dedicaron a vender comida en los semáforos. Consiguió una habitación por 90 dólares al mes y hasta el 15 de febrero pensó que podía estabilizarse económicamente.

“Comenzó la cuarentena y me desalojaron. Tuve que usar mis ahorros para comprar comida y no pagué el alquiler. A pesar de que le dije a la señora que me aguantara por un mes”, relata mientras cuenta que lleva 12 días durmiendo en una colchoneta, con sus tres hijos, en la sala de una vecina que le dio alojamiento “mientras pase la contingencia”.

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Sin trabajo fijo, sin poder salir, sin tapabocas, gel antibacterial o quien le cuide a los niños, Mayeli se maneja entre dos opciones: “O me regreso para Venezuela o consigo cómo vender cualquier cosa durante esta cuarentena. No puedo dejar de darle de comida a mis hijos. Si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre”.

El 16 de marzo inició en Ecuador un estado de emergencia que comprende: toque de queda nacional desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, restricciones de tránsito vehicular, ingreso a los mercados municipales por número de cédula y suspensión total de cualquier actividad presencial o que cause aglomeraciones.

El 29 de febrero se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país: una señora llegó desde España a Guayaquil para visitar a sus familiares. Desde entonces, Ecuador es el país de América del Sur más afectado por la pandemia. Hasta la mañana del 20 de abril, según datos brindados por el Ministerio de Salud, había 9.468 personas contagiadas y 474 fallecidos por el virus.

Ecuador se ha convertido en el cuarto país de Sudamérica en recibir a más venezolanos migrantes; sólo por detrás de Colombia, Perú y Chile. Hasta el 31 de enero de este año, según el Ministerio de Gobierno ecuatoriano, hay 400 mil venezolanos, y las ciudades donde más se encuentran son Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

De esos 400 mil, un 89% se dedica al comercio informal. Son 352 mil personas que viven del día a día, y que tras las consecuencias de la pandemia ven sus posibilidades de supervivencia reducidas.

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Foto tomada de Efecto Cocuyo

Venezolanos en Ecuador, ante la posibilidad de desalojo

Andrew Castro, presidente de la fundación MUEVE en Guayaquil, ciudad que ha sido el epicentro de la pandemia en Ecuador, reporta que tras un mes de cuarentena en el país, conoce de al menos 15 familias que han sido desalojadas de sus residencias. “El problema pasa porque las autoridades no dan respuesta inmediata a esta situación, a pesar de que desde la presidencia de la república, se ha dicho que no se desaloje a nadie”.

El presidente Lenín Moreno anunció en cadena nacional el 16 de abril que enviaría un proyecto de Ley Humanitaria y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas a la Asamblea Nacional para poner en orden aspectos económicos que se han visto afectados durante esta pandemia.

Entre esos aspectos está impedir que se desalojen a las personas de sus domicilios, congelar los precios de los servicios básicos y mejorar el seguro de desempleo.

“Yo lo que le recomiendo a la gente es que si los están desalojando llamen a la policía y que en presencia de los funcionarios se llegue a un acuerdo con los arrendatarios. El problema es que muchas de estas personas no tienen contratos de arriendo firmados y hay muchas irregularidades en cuanto al tema de saber cuánto deben de alquiler y desde cuándo están viviendo ahí”, comenta Castro.

La fundación MUEVE, en un mes, ha entregado 700 kits de alimentos a migrantes venezolanos, gracias a donaciones del Banco de Alimentos de Guayaquil y la empresa privada.

No sólo las organizaciones no gubernamentales se han movido en defensa y apoyo de los migrantes venezolanos, también la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mantienen una campaña de comunicación para que estas personas conozcan sus derechos a la hora de ser desalojados arbitrariamente o si se les niega atención médica.

Habilitaron 10 números de teléfono ubicados en diferentes localidades de Ecuador y hasta el 18 de abril atendieron a 2.941 familias de venezolanos y colombianas.

También crearon una lista de difusión a través de WhatsApp que distribuye mensajes a 5.780 migrantes registrados sobre cómo acceder a sus derechos.

Daniel Regalado, presidente de la fundación Venezolanos en Ecuador, comenta que cuando inició la cuarentena, registró más de 100 casos de personas extranjeras a las que les fue negada la asistencia médica a través del número telefónico 171 del Ministerio de Salud.

“Preparamos un escrito que fue entregado al Ministerio de Salud y al Consejo de Protección de los Derechos de Quito para pedir que a estas personas no se les niegue el acceso a la salud. Llegó a tal punto de discriminación que, en la aplicación que sacó el Ministerio de Salud para atender a las personas con posibles síntomas del virus, y así descongestionar el 171, no aceptaban números de cédula extranjeras o pasaporte”, comenta Regalado.

Después de los ecuatorianos, los venezolanos son los que más se han contagiado en Ecuador por el COVID-19. Hasta la mañana del 18 de abril y, según datos del Ministerio de Salud, había 21 infectados, 21 en sospecha y 1 probable.

Entre los fallecidos se ha confirmado a Lyll Montes, anestesióloga venezolana, que trabajaba en un hospital de Guayaquil, y que pasó 15 días hospitalizada. Mientras que Carmen Peña, oriunda de La Guaira, se suma como una de las víctimas de la burocracia durante la crisis sanitaria. Falleció por complicaciones renales en su domicilio y sus hijos tuvieron que esperar tres días a que Medicina Legal retirara su cuerpo en Guayaquil.

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*Foto de portada tomada de Efecto Cocuyo

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