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Contrario a las reglas de operación del programa, a dos personas de Cuautepec, Tlacuilotepec, les piden un certificado expedido por El Batán; “siervo de la nación” amenaza a madre de beneficiario  

Los operadores de los programas deben estar capacitados para dar una orientación clara, especialmente en contextos donde las condiciones socioeconómicas de por sí dificultan la movilidad de las personas y sus familiares: Red Puebla para Todos 

María José Andrade Gabiño

@MajoAg23

Beneficiarios de las pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Puebla denuncian irregularidades e intimidaciones, evidenciando las deficiencias del programa federal.  

En marzo de este año, después de ser censado por la Secretaría de Bienestar federal, Edmundo, habitante de Cuautepec, en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, quien tiene una discapacidad psicomotora, fue suscrito en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y recibió su primer recurso: 2 mil 620 pesos. 

Aunque el apoyo sería bimestral, el 1 de abril se le notificó a su madre, Lilia Lazcano, que por la pandemia de COVID-19 se le otorgaría la misma cantidad ese mes como un pago adelantado. La Secretaría de Bienestar publicó esa decisión de adelantar la entrega de apoyos a beneficiarios de todo el país en un comunicado del 26 de marzo. 

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Sin embargo, después de unos días y de una serie de irregularidades, a Lilia le avisaron que su hijo había sido dado de baja del programa. En vez de explicarle el porqué, una persona que se identificó como Fernando Téllez Ortega intimidó a Lilia por teléfono.

Las irregularidades y la intimidación

Tras ser notificada el 1 de abril de que el apoyo del bimestre mayo-junio del programa Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que otorga la Secretaría de Bienestar federal sería adelantado, Lilia entregó una serie de papeles a Zuri Saday Hernández Ortega.

Hernández Ortega, según la dirección regional de Bienestar en Huauchinango, es becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y está asignada como aprendiz en el Centro Integrador de Desarrollo de Tlacuilotepec.

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El 3 de abril, Lilia se enteró que algunos otros beneficiarios de la localidad de Cuautepec ya habían recibido los recursos, pero a ella no le había llegado el que le correspondía a su hijo Edmundo. Hernández Ortega le informó que era porque tenía que recogerlo en la localidad de Tlaxco, que se encuentra a dos horas en coche y a más del doble en transporte público.

Para la madre de Edmundo era imposible trasladarse al lugar, pues no podía pagar el servicio de taxi para ir con él ni dejarlo solo mientras iba en transporte. Al expresárselo a Hernández Ortega, ella le dijo que iría por el apoyo y se lo llevaría a Cuautepec el lunes 6 de abril.

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El día que se supone que le entregaría el dinero del programa, Hernández Ortega le informó a la señora Lilia que el apoyo se había cancelado y que un coordinador de Bienestar de Huauchinango –región a la que pertenece Tlacuilotepec– ya había dado de baja a Edmundo del programa. 

Lilia pidió que le diera el nombre de dicho coordinador y el número donde pudiera contactarlo, pues no entendía cómo se le podía dar de baja a su hijo sin razón. Hernández primero se negó a dárselo y le enseñó en su celular la foto del recibo del apoyo tachado como prueba de su cancelación. Ante la insistencia de Lilia, la becaria de Bienestar de la localidad la comunicó con alguien que se identificó como Fernando Téllez Castelán, coordinador de Huauchinango. 

Esta persona le dijo que, en efecto, Edmundo había sido dado de baja del programa de Bienestar para personas con discapacidad y que no era el único de la localidad en esa situación. La señora Lilia preguntó el motivo, pero nunca se le dijo con claridad por qué lo habían sacado del programa. 

En lugar de eso, denuncia la afectada en entrevista con este medio , la persona al teléfono comenzó a intimidarla diciendo que tenían fotos y videos de su hijo en fiestas y alcoholizado, que sabían que podía caminar y que probablemente no tenía ninguna discapacidad.

“Me hicieron gastar dinero y tiempo en copias para solicitar el recurso que darían en abril, ahora mi hijo se ha quedado sin ese dinero y sin ser beneficiario del programa”, denuncia Lilia Lazcano y expresa el miedo que sintió con la intimidación, especialmente porque Edmundo es menor de edad. También, la señora Lilia ha expresado su indignación por poner en duda la discapacidad que tiene su hijo.

En la llamada que sostuvo con el presunto coordinador, también este le dijo que tenía pruebas de otra persona de Cuautepec beneficiaria del programa que en realidad no tenía una discapacidad y a la que le habían dado de baja. 

Se refería a Leobardo. Su madre, Mercedes Patricio Vicente, denuncia que pasó casi por lo mismo que la señora Lilia, a diferencia de que ella sí viajó a la localidad de Tlaxco el día 3 de abril. 

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Allí, los encargados de dar el recurso monetario le dijeron que no se lo podían dar porque esa no era su comunidad y que tenía que esperar a que se lo llevaran a Cuautepec. Después, también el 6 de abril, Zuri Saday Hernández Ortega le informó que Leobardo había sido dado de baja del programa.

Según las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal de 2020 del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, publicadas en el Diario de la Federación, la suspensión del apoyo puede darse por diferentes motivos, pero ninguno tiene que ver con conductas de los beneficiarios –cómo o dónde se gasta el recurso monetario–, contrario a  lo que le expresó a la señora Lilia la persona que se identificó como Fernando Téllez, cuando le dijo que tenía pruebas de Edmundo“en fiestas y alcoholizado”. 

La dada de baja definitiva, de acuerdo con las Reglas de Operación, se realiza por los siguientes motivos: fallecimiento, cuando se comprueba de que el beneficiario entregó información falsa o documentos apócrifos, si se solicita baja voluntaria, por cambio de residencia en el extranjero, cuando se confirma duplicidad en los registros, y cuando la persona beneficiaria no haya aclarado situaciones como la de no haber recogido el apoyo en más de dos ocasiones. Esta suspensión definitiva se le notificaría al beneficiario y este podría revisar la situación con posibilidades de reincorporación si comprueba que es elegible.

La versión oficial

LADO B contactó al director regional de Bienestar en Huauchinango, Jorge Luis Fuentes Carranza, para pedir una versión oficial de lo ocurrido. 

El director admite que los dos menores de edad fueron dados de baja del programa para personas con discapacidad. No obstante, niega que exista material audiovisual y que haya habido intimidaciones o amenazas por parte de Fernando Téllez Castelán quien, aclara Fuentes, es “servidor de la nación” –una figura creada en 2018 dependiente de la Secretaría de Bienestar, para representantes del presidente Andrés Manuel López Obrador–, no de coordinador.

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Según Fuentes Carranza, el motivo por el cual se les quitó el registro en el programa fue que, con los certificados médicos que otorgaron las señoras Lilia y Mercedes no comprobaron que sus hijos tuvieran una discapacidad permanente. 

“Si no están acreditando fehacientemente la condición que dicen tener, entonces el servidor de la nación puede determinar el retiro del programa hasta que se demuestre lo contrario”, explica Fuentes Carranza. 

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Según el director, el certificado médico que entregaron fue emitido por un médico general del Hospital de Huauchinango, no por un especialista de alguna entidad pública, como es requerido en el caso de presentar una discapacidad intelectual.

Sin embargo, las Reglas de Operación del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, en el apartado 3.3 de elegibilidad y requisitos de acceso, no señalan que el médico que elabora el certificado deba tener una especialidad en ningún caso. 

La señora Lilia cuenta que si le hubieran dicho que el certificado estaba mal, simplemente hubiera hecho todo lo posible por corregirlo. Sin embargo, no se le explicó por qué dieron de baja a su hijo y se recurrió a amenazas.

Al cuestionar a Fuentes Carranza sobre a qué médico especialista tendrían que recurrir las madres de Edmundo y Leobardo, tomando en cuenta que viven en un contexto de alta marginación, contestó que tendrían que recurrir al Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano, “El Batán”, ubicado en la capital poblana, a cuatro horas en automóvil. 

Sobre las limitantes que esto implica para todas las personas en la misma situación de Edmundo, Leobardo y sus madres, que no pueden permitirse un traslado de esa magnitud y necesitan el apoyo económico del programa, Jorge Luis Fuentes Carranza admitió que: “La pensión para personas con discapacidad es el programa con mayor cantidad de dificultades para determinar la pertinencia o no de otorgar la pensión”.

Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020, el 73.3% de la población de Tlacuilotepec vive en pobreza.

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Omisiones y distorsiones en la información que da el personal de la Secretaría de Bienestar

La Red Puebla para Todos, que articula asociaciones de todo Puebla dedicadas a las necesidades de las personas con discapacidad, ha comentado en entrevista para LADO B que ellos también han documentado, a través del Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, A.C. (CIPAAC), diferentes casos donde el personal de la Secretaría de Bienestar federal no guía correctamente a personas con discapacidad o a sus familiares para obtener el registro en el programa de pensiones. 

“La mayoría de las veces no les dicen el por qué no son aceptados en el programa o no les hablan claro. Los traen vuelta y vuelta sin decir con claridad qué es lo que falta en sus documentos o si no son elegibles porque superan los 29 años de edad”, explica Carmen Maria Priante, coordinadora de la Red Puebla para Todos, enfatizando que esta poca voluntad de hacer accesible la información se da particularmente en casos de personas con discapacidad intelectual. 

A su parecer, se necesita que los operadores de los programas de Bienestar estén capacitados para dar una orientación clara, especialmente en contextos donde las condiciones socioeconómicas ya de por sí dificultan la movilidad de las personas y sus familiares. 

Por ejemplo, la Red Puebla para Todos apunta que la institución que elabora los certificados médicos reconocidos por Bienestar –aunque no está señalado en sus reglas de operación– es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Puebla (CREE Puebla), no “El Batán”, como señala el coordinador de la región de Huauchinango, Jorge Luis Fuentes Carranza. 

En el CREE, para personas con discapacidad intelectual, se lleva a cabo el certificado partiendo de valoraciones por parte de un psicólogo, un psiquiatra, un pedagogo y un médico general o rehabilitador.

Asimismo, Priante señala que hay una grave diferencia de recursos y oportunidades -tanto provenientes del gobierno federal como estatal- que se dan dependiendo si las personas con discapacidad viven en la ciudad de Puebla o en el interior del estado. 

Lo cual complica, como en el caso de Edmundo y Leobardo, que puedan tener a acceso a personal médico especializado, que tanto les haga el certificado médico que solicita Bienestar como que los atienda en sus necesidades generales y particulares por su discapacidad.

“Lo que falta, como hemos señalado muchas veces, es acciones realmente incluyentes en todas las facetas de los programas gubernamentales, que abarquen los diferentes tipos de discapacidad, los contextos socioeconómicos en los que viven las personas […] y parte de la inclusión implica enlazar a las distintas instituciones que faciliten el proceso de esos programas”.