Foto: Heriberto Paredes

Dafne García

@dafnebetsabe2

Audry y Esteban son migrantes poblanos que viven en Nueva York en el barrio del Bronx. Ante la contingencia por la pandemia de COVID-19 sus ingresos se han visto afectados, y al igual que ellos, la población migrante en EU se enfrenta a adversidades económicas, de salud y legales, que los hacen aún más vulnerables en este contexto.

Audry Funk es cantante de hip hop, y debido a las restricciones de eventos masivos todas sus presentaciones quedaron canceladas hasta septiembre, lo cual incluía una gira por Europa, México y Estados Unidos. 

Esto representa un impacto económico para ella, pues aunque el gobierno de Nueva York está dando apoyos a personas desempleadas, no puede acceder porque le piden documentos que no tiene. Para pedir el apoyo por desempleo debe comprobar cinco años de trabajos con facturas y Audry, que es freelance y apenas hace dos años obtuvo documentos para trabajar legalmente en EU, no puede cumplir con ese requisito.

Por su parte, Esteban trabaja haciendo tapicería y arreglando muebles. Por la contingencia el trabajo ha disminuido bastante, dice que de hecho el único trabajo que están teniendo es de confeccionar divisiones para que los taxistas no tengan contacto con sus pasajeros.

Aunque la cifra puede ser mayor, de acuerdo con el Instituto de Mexicanos en el Exterior hay 55 mil 978 personas originarias de Puebla viviendo en Estados Unidos, principalmente en tres estados: California (15 mil 706), Nueva York (12 mil 506) y Nueva Jersey (5 mil 303).

Estos tres estados están entre los que reportan más casos de COVID-19 en Estados Unidos, el país con más casos confirmados a nivel mundial (338 mil 995) según datos del mapa realizado por la universidad de medicina Johns Hopkins. Nueva York el estado más afectado (122 mil 911), seguido por Nueva Jersey (37 mil 505), Michigan (15 mil 635) y California (15 mil 076). 

Por las cifras, Nueva York es considerado epicentro del virus. El 20 de marzo el gobernador Andrew W. Cuomo firmó una orden ejecutiva en la cual se declararon medidas de emergencia como el cierre de negocios no esenciales, cancelación de eventos masivos, uso del transporte público solamente en caso necesario, distanciamiento social y el resguardo en casa. 

Foto: Heriberto Paredes

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Vulnerabilidad y desigualdad

Marco Castillo, integrante de la Red de Pueblos Trasnacionales, una organización de redes de migrantes y comunidades indígenas de México en NY, dijo en entrevista para LADO B que si bien en Nueva York hay muchas personas que tienen la oportunidad de permanecer y trabajar en sus casas, hay otro gran porcentaje en condiciones de marginación, que vive al día, como es el caso de la mayoría de poblanos. 

“La crisis del coronavirus ha dejado en claro la gran segregación y desigualdad que se vive en esta ciudad”, expresó.

Para Marco, hay dos situaciones que están viviendo los migrantes en esta contingencia: por un lado hay trabajadores que están forzados a irse a casa porque estaban sobre todo en áreas de restaurantes o trabajo doméstico, y por otra parte están aquellos que están siendo obligados a seguir trabajando como repartidores o personas en el área de construcción.

“Entonces las personas que siguen trabajando se exponen a contraer el coronavirus. Estas próximas 4 semanas [todo abril] van a ser fatales para todo quien esté afuera, y para aquellos que no tienen trabajo para resolver cómo van a pagar la renta”.

Castillo explicó que, aunque el gobierno ha dispuesto algunos apoyos y medidas, estos no son accesibles para las personas indocumentadas, ya que muchas veces están disponibles sólo en inglés por lo que la gente no puede llenarlos, o se requieran documentos que la gente no tiene.

Otro factor es que el trabajo que se ha venido haciendo en la administración del presidente Donald Trump de intimidar a la población migrante ha hecho que la gente tenga miedo y decida no acercarse a estos programas, o incluso a los servicios médicos por temor a ser detenidos y deportados. “Me parece que en todo este panorama la consecuencia es que muchos paisanos van a vivir la enfermedad solos, en la pobreza o trabajando para vivir al día”.

Foto: Heriberto Paredes

A finales de marzo un grupo de periodistas de The New York Times hacía énfasis en cómo la obsesión del gobierno de EU hacia los inmigrantes indocumentados o aspirantes a ciudadanos ha entorpecido los esfuerzos por controlar la pandemia, exacerbando la crisis, ya que los arrestos del departamento de inmigración (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) continúan, mientras en los centros de detención se niegan a liberar a las personas no violentas, aunque haya órdenes de jueces recomendando su liberación por cuestiones de salud.

El miedo que las políticas migratorias de Trump ha esparcido entre los indocumentados, hace que sean mucho más vulnerables en el contexto de la pandemia, ya que muchas personas temen que si buscan servicios médicos o ayuda económica serán deportadas o puestas en la mira de ICE, lo que arruinaría sus oportunidades de convertirse en residentes legales.

A este panorama de vulnerabilidad se suman otros factores. Ali Toxtli, antropólogo de origen poblano con experiencia en temas de migración, dice a LADO B que al cerrar las escuelas y trasladarse a clases en línea para evitar la propagación del COVID-19 el impacto en la gente con menos recursos y sin redes de apoyo fue evidente. 

“Por ejemplo [para] la familia que vive en un departamento pequeño en el Bronx o en Brooklyn la escuela era como la guardería de los niños, ahora sin eso quién va a cuidarlos, alguien tiene que quedarse” explica. 

A esa situación se suma la necesidad de tener una computadora o ipad para que los niños sigan las clases, aparatos que no todas las familias pueden permitirse. “Muchas de las comunidades migrantes viven en barrios con altos índices de violencia, pandillas o drogas; es un estrés que una familia con buenos recursos no tiene que sufrir”.

Paula Alethia González Arellano, consultora independiente con experiencia en temas de género, migración y derechos humanos, considera en entrevista para LADO B que, si bien todos los migrantes y sobre todo las personas indocumentadas son vulnerables en esta contingencia sanitaria, las mujeres lo son más.

“[Las mujeres] no sólo tienen que hacerse cargo en este tiempo de sí mismas o de sus hijos, sino que también tienen que hacerse cargo de terceros –por ejemplo en el caso de trabajadoras del hogar o enfermeras–, un rol que históricamente se le ha dado a las mujeres, relacionado con el tema de cuidados”. 

Foto: Heriberto Paredes

Una de las situaciones que se suman a este panorama es que el año pasado Trump cambió una ley que se hizo efectiva a finales de febrero de 2020 denominada “Public Charge”, con la cual “las personas que están en proceso de nacionalizarse, en la oficina que ve temas de migración pueden determinar si esa persona va a ser una carga al Estado en el futuro según antecedentes de participación en programas de salud o ayuda social gubernamental, entonces pueden negarte el acceso a estos documentos”, agrega Ali Toxtli.

Esto abona a que haya confusión y miedo por parte de la gente indocumentada a pedir el acceso a programas sociales de ayuda y tener una vida digna y sana, considera el antropólogo.

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Retorno voluntario y falta de políticas públicas de protección

Aunque el panorama para la población migrante mexicana indocumentada en Estados Unidos se ve difícil, no es muy probable que haya un retorno masivo de personas México, considera Guillermo Yrizar, académico responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla. 

En entrevista para LADO B, el experto dijo que en otras ocasiones también se había especulado sobre el retorno masivo de personas, por ejemplo en la crisis económica de 2008 y más reciente con la elección de Trump. 

Aunque no se descarta el retorno de algunas personas, es incierto lo que pasará ya que hay que tomar en cuenta que se complica moverse entre países por las indicaciones de las autoridades de no salir para evitar la propagación del virus. 

“De momento, viendo lo que pasó en 2008 y 2017 con Trump, lo más probable es que aguanten aunque esta situación no es menor, sí va a ser una situación dura, van a ser muchos meses en los que hay que aguantar y no sabemos qué va a pasar”, explica el especialista.

Por otra parte, aún es muy pronto para saber cuántas personas procedentes de Puebla han perdido sus trabajos como consecuencia del cierre de actividades, consideró el especialista.

Respecto a la baja probabilidad de un retorno masivo voluntario de migrantes poblanos, Juan Pablo Silva Medina, académico de la Ibero y consultor independiente en temas de migración y derechos humanos, coincidió en entrevista para LADO B en que no será una respuesta generalizada ni inmediata.

En esta decisión también influye si las personas que quieren regresar aún cuentan con redes de apoyo en su lugar de origen, ya que no es lo mismo pensar en un migrante poblano que lleva 20 o 30 años viviendo en el exterior, y que seguramente tiene más debilitadas sus redes de apoyo en el país o en el estado, que un migrante que apenas lleva un par de meses viviendo en Estados Unidos.

Por otra parte, el endurecimiento de las políticas migratorias “suele hacer que las personas teman salir porque creen o sienten que ya no van a poder regresar una vez que termine esta contingencia”.

Silva Medina opina que el tema de la migración en retorno es una de las grandes deudas en la agenda política de México, ya que hace falta mucha atención y programas para atender a esta población, que sin duda enfrenta una serie de retos al regresar, ya que se van a encontrar con situaciones adversas como el desempleo y la violencia. 

“Hace falta un trabajo fuerte en desarrollar políticas públicas tanto a nivel federal como estatal y aquí en el estado la atribución la tiene el Instituto Poblano de Atención al Migrante”.

Para saber si durante esta contingencia se están implementando algunas medidas específicas para apoyar a connacionales de Puebla que viven en Estados Unidos, preguntamos al Instituto Poblano de Apoyo al Migrante, la respuesta es que se está brindando atención telefónica en Nueva York al (917) 545 0681 y Passaic, Nueva Jersey, en el (646) 836 4649. Cada caso es evaluado para determinar qué ayuda puede proveer el gobierno del estado.