María José Andrade Gabiño

@MajoAg23

La primera amenaza que recibieron y denunciaron la Doctora en Sociología y defensora de derechos humanos, Rosalinda Vázquez Arroyo y su familia, habitantes de la comunidad de Pahpatapan, Cuetzalan, por parte de José Bernabé Manuel Reyes Romero fue en junio de 2019.

El conflicto que suscitó esta amenaza –así como las siguientes– por parte de José Bernabé es el referente a una propiedad –terreno en Pahpatapan, Cuetzalan– que se encuentra en pleito legal desde hace diez años y del que Rosalinda Vásquez es parte, cuenta el abogado y defensor de derechos humanos, Fernando Cuéllar. 

El 27 de marzo de 2020, a diez meses de haber denunciado la amenaza, y tras continuas intimidaciones, Rosalinda y su esposo Neptalí Ramírez Reyes sufrieron un intento de privación de libertad en Zacapoaxtla, donde también fueron intimidados por policías de dicho municipio. 

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En entrevista con esta casa editorial, Rosalinda denuncia la omisión de la policía municipal de Cuetzalan, que aún tras las medidas de guardia y custodia que le fueron otorgadas el 1 de marzo de 2020 no le proporciona la seguridad suficiente a ella y su familia. Sus abogados, que forman parte de la Consultoría Integral y Litigio Estratégico, emitieron una solicitud de intervención urgente el 2 de abril dirigida al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, al Congreso Estatal, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Foto: Rosalinda Vázquez Arroyo

Conflicto por una propiedad provoca las amenazas

A inicios de 2019, Cristian Rodríguez Tapia comenzó a vender fraudulentamente -pues no le pertenecía- un terreno ubicado en Pahpatapan, Cuetzalan. Uno de sus compradores fue José Bernabé Manuel Reyes Romero. 

Rosalinda, inició un proceso legal del que resultó un amparo en mayo de 2019 que prohibía escriturar la propiedad o sus fracciones hasta que se resolviera su situación legal. 

Después de dicho amparo, en junio del mismo año, fue cuando Reyes Romero ingresó ilegalmente al domicilio de Vásquez Arroyo –donde vive junto con su madre, tía y hermana– y la amenazó a ella y su familia para que desistiera en las acciones legales referentes al predio. Rosalinda denunció lo ocurrido, pero el proceso de denuncia ha sido atropellado y lleno de irregularidades, señalan sus abogados. 

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Así fue como por nueve meses siguieron el acoso e intimidaciones hacia ella y su familia: “Tan pronto salimos de casa nos siguen autos o motos. Si entramos a una tienda, nos acosan personas. Nos dicen cosas, nos amedrentan y amenazan: ‘Al fin y al cabo son puras viejas’ y en cualquier rato nos van a dar una visitadita y nos va a cargar la chingada”, cuenta Rosalinda. 

Por las referencias hacia su género y el temor de que las amenazas –cada vez más frecuentes y violentas– se cumplieran, a finales de febrero Rosalinda decidió solicitar medidas de protección y custodia respaldándose en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que está activa en 50 municipios de Puebla, incluido Cuetzalan. Así, se le otorgaron estas medidas el 1 de marzo, lo que contempla que la policía vigile los alrededores de su domicilio y salvaguarde su integridad y la de su familia. 

Aunque Rosalinda admite que la policía estatal sí ha cumplido con las medidas haciendo rondines diarios, la policía municipal de Cuetzalan no. Y sus abogados incluso señalan que el actuar de los miembros policíacos del municipio ha presentado, junto con los de Zacapoaxtla, irregularidades que pueden ser señales de colusión.

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Intento de privación de la libertad

Especialmente señalan lo ocurrido el 27 de marzo en la cabecera municipal de Zacapoaxtla. Rosalinda y su esposo, Neptalí Ramírez Reyes se encontraban en dicho municipio cuando identificaron que los estaban siguiendo. Al querer regresar a Cuetzalan en transporte público, se subieron a una combi de la concesión “Sierra Blanca”. Allí, un checador le tomó foto a Rosalinda y comentó a otra persona: “Ya te mandé la foto de la cabrona, pa’que sepan ahí va. Ya saben lo que tienen que hacer y dónde  hacer el trabajo”, según narra la Consultoría Integral y Litigio Estratégico que representa a la afectada. 

En el interior de la combi, el chofer y una mujer comenzaron a dialogar y mencionaron a Cristian Rodríguez Tapia y José Bernabé Manuel Reyes Romero. También comenzaron a emitir amenazas hacia Rosalinda y su familia de manera indirecta. Por ese motivo, ella y su esposo decidieron bajarse de la unidad y resguardarse en la estación de bomberos de Zacapoaxtla y llamar al 911. 

Mientras esperaban la llegada de la policía estatal, porque así lo pidió Rosalinda expresamente en la llamada de emergencia, tres diferentes automóviles comenzaron a rodearlos y se bajaron hombres. Eran alrededor de quince hombres, menciona Rosalinda, y uno de ellos, que hablaba por teléfono, dijo: “Aquí tenemos a la hija de la chingada, apúrense pendejos, el jefe la quiere viva, el sabe qué pedo”.

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Asimismo, llegó una patrulla, la unidad 2222, de la policía municipal de Zacapoaxtla y una de Cuetzalan –a pesar de que no era su jurisdicción–. Sin embargo, ninguna les brindó ayuda; pasados unos minutos, los agentes de Zacapoaxtla comenzaron a hacerles preguntas de manera intimidatoria. 

Cuando la policía estatal llegó al lugar, la patrulla municipal de Zacapoaxtla se marchó. Los agentes del estado llevaron a Rosalinda y a su esposo al Ministerio Público del municipio, donde no se les recibió la denuncia argumentando que era mejor que la levantaran en Cuetzalan por efectos de que ahí Vázquez Arroyo ya había iniciado un proceso legal por amenazas. 

La denuncia por lo ocurrido fue levantada en el Ministerio Público de Cuetzalan el 31 de marzo. 

Exigen acciones prontas para asegurar la integridad de Rosalinda y su familia

Rosalinda y sus abogados narran que ya se ha realizado una audiencia de mediación con José Bernabé Manuel Reyes Romero el 25 de marzo de 2020, resultado de la denuncia por amenaza y allanamiento de morada de junio de 2019. 

No obstante, señalan que durante esta, Reyes Romero emitió otra amenaza y terminada la audiencia siguió personalmente a Rosalinda y a sus abogados para intimidarlos.  Para la afectada, esta medida alternativa no sirvió más que para que el acoso y la intimidación aumentaran, como lo prueban los hechos del 27 de marzo. 

Por ello, Rosalinda considera que “lo que no están haciendo las autoridades es prevenir que se cumplan las amenazas […] Porque no ven la gravedad de lo que significan las amenazas es por lo que se siguen encontrando mujeres muertas o casos de desaparecidas”.

Por medio de una solicitud pública dirigida a autoridades estatales y municipales, los abogados de la afectada piden la agilización de la integración de las carpetas de investigación del caso y exigen la garantía de que no será afectada la integridad física, psicológica y moral de Rosalinda ni de ningún miembro de su familia.

“Lo que pido a las autoridades es que cumplan con su trabajo y salvaguarden mi integridad y la de mi familia: mi mamá, tía, hermana y esposo”, declaró en entrevista la afectada.