Alberto Pradilla | Animal Político

Orlin Patricio Chinchilla, hondureño de 26 años, pasó en diez días de tratar de llegar a Estados Unidos cruzando el Río Bravo a dormir bajo un puente en Villahermosa, Tabasco, donde se encuentra actualmente. Fue detenido por la Border Patrol, entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente 1 de Piedras Negras, Coahuila, y encerrado en una estación migratoria en la misma localidad.

Ahí se produjo un motín en el que los migrantes prendieron fuego a varios colchones, por lo que el INM los trasladó en autobús a Villahermosa, casi 2 mil kilómetros al sur. Permaneció dos días encerrado.

El miércoles 8 de abril, a la 1 de la madrugada, Orlin fue liberado junto a otras decenas de centroamericanos. No puede regresar a Honduras porque las fronteras están cerradas y Migración le ha entregado un papel que le regulariza durante 90 días, pero con la advertencia verbal de que solo puede permanecer en el sur de México.

Está atrapado en una ciudad en la que no conoce a nadie, más que a otros dos compatriotas con los que hizo amistad durante su encierro y con los que sale a pedir dinero para comer. El miedo al contagio por COVID-19 se ha vuelto en su contra: pocos son los que se acercan para darles alimento o agua.

En la última semana, decenas de migrantes centroamericanos han sido abandonados en Villahermosa y otras localidades del sur de México. Como Chinchilla, fueron arrestados en Estados Unidos, devueltos a México y trasladados a puntos fronterizos con Guatemala. A otros, el INM los agarró sin documentación en regla en estados norteños como Coahuila y, ante la imposibilidad de deportarlos, los trasladó al sur, donde también los dejó a su suerte.

Nunca en la historia México había recibido a migrantes de otros países deportados como si fueran mexicanos. Tampoco se había establecido una ruta de expulsión por la que Estados Unidos entrega a los centroamericanos en la frontera y México se encarga de regresarlos lo más cerca posible a sus países.

“Esto nunca había ocurrido. Es la primera vez que México es puerta abierta”, dice Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Foto: Chiapas Paralelo

Esta fórmula de deportación exprés desde Estados Unidos viene implementándose desde el 20 de marzo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, la anunció como medida para prevenir el COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunciaron el cierre de frontera para todo viaje “no esencial” debido a la pandemia. Dentro de este plan se incluyó la orden de dar la vuelta a todos aquellos que sean detenidos tratando de cruzar irregularmente la frontera. Antes estas personas eran arrestadas y se les abría un proceso legal. Ahora, directamente, son deportadas.

La orden tiene una validez de 30 días desde el momento en el que fue aprobada.

México respondió un día después a este anuncio. Según explicó el canciller, Marcelo Ebrard, no solo aceptaría a sus nacionales, sino que también iba a permitir que le entregasen a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Las excepciones: solo se permitiría 100 devoluciones al día (de no mexicanos) y no se aceptarían menores no acompañados, personas con síntomas de enfermedad y ancianos.

En un comunicado, la secretaría de Relaciones Exteriores dijo que buscaría acomodo legal para ellos. Nunca anunció que se convertiría en la segunda parte de una deportación a plazos.

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*Foto de portada: Rey R. Jauregui