Foto: Olga Valeria Hernández

María José Andrade Gabiño

@MajoAg23

“Puso su pene en mi espalda”, “Les decía a mi compañeros que cuando yo exponía me imaginaba desnuda cogiendo”, “Docente de la FCCOM de productos audiovisuales dice que si estás buena, sacas 10. Si estás medio buena, sacas 9. Y si estás fea, sacas lo que mereces”, “Incomoda en sus clases con preguntas sexuales […] o toca a las alumnas con la excusa de hacerles cosquillas”, “Me seguía por los pasillos”, “Es estudiante, abusó de mí. No tuve a quien recurrir”. 

En diferentes universidades de Puebla, entre febrero y marzo de este año, estudiantes colocaron tendederos de denuncias en los que señalaron a profesores, alumnos y administrativos por acoso, hostigamiento y abuso sexual. 

Según la investigadora en violencia de género en universidades, Mariana González Magaña, estos señalamientos públicos son el resultado de la injusticia generalizada que sufren las mujeres, así como de la ineficacia de las autoridades para garantizarles una vida libre de violencia, que reproducen las instituciones educativas. 

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en el contexto del paro general que inició a finales de febrero –y que continúan algunas facultades–, pulularon estas denuncias públicas en muchas facultades y escuelas, hasta que el 4 de marzo se hizo un tendedero general y masivo en la Rectoría de Ciudad Universitaria. Como resultado, algunas alumnas formaron la Asamblea de Mujeres Universitarias. 

No obstante, la BUAP no ha sido la única universidad en la que estudiantes han realizado tendederos. En la Ibero Puebla, el 24 de febrero, se llenó un pizarrón público dentro de las instalaciones con nombres que completaban la frase: “Yo me he sentido acosad@ por:”. Y el 10 de marzo, en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep) también se realizó un tendedero, en el que autoridades de la institución intentaron que las mujeres no pusieran el nombre de los denunciados. 

Este fenómeno de denuncia pública se ha vuelto tan común, pues se presenta continuamente desde hace algunos años –tanto en instituciones de Puebla como de todo el país–, que en LADO B hemos hablado con una especialista en violencia de género en universidades para entender la necesidad de los tendederos, así como del papel de los centros educativos para atender la violencia que ejercen miembros de su comunidad hacia las mujeres. 

Las universidades como reflejo de la sociedad

“Primero hay que entender que la violencia de género que se vive en las universidades es  un reflejo de la violencia de género que se vive en el país: una violencia tan extrema que lleva al feminicidio”, explica González Magaña. 

La investigadora dice que por mucho tiempo se idealizaron a las universidades que, por ser espacios educativos, se pensaban como espacios libres de violencia, progresistas. Sin embargo, estas instituciones en México han demostrado estar involucradas en un ciclo de normalización de la violencia, especialmente la dirigida hacia las mujeres por su género: “Vivirla [la violencia] en la sociedad te hace normalizarla en la escuela y vivirla en la escuela te hace normalizarla en la sociedad”. 

No obstante, apunta la especialista, en los contextos educativos las alumnas son especialmente vulnerables por la dinámicas de poder con las que funciona la misma estructura educativa, donde el docente tiene el poder sobre la vida académica de sus estudiantes. 

“Hay una doble jerarquización: una social implícita de orden patriarcal donde los hombres tienen más privilegios y ejercen violencia por ello; y una explícita, reconocida por el sistema educativo, donde el profesor tiene poder sobre las estudiantes”. Entonces, aprovechándose de su estatus como docentes es de donde proviene el hostigamiento hacia las alumnas, que puede desencadenar en abuso físico y sexual. 

En los casos en los que los alumnos son los violentadores, explica González Magaña, las dinámicas no tienen la parte reconocida de diferencia de poder, lo cual hace que sea más complejo para las universidades abordarlas, pues responden a todo el contexto social, y el origen de la violencia específica ejercida hacia las mujeres depende del caso.

Foto: Olga Valeria Hernández

El hartazgo y los tendederos

“Hay de todo: profesores que hostigan abierta o sigilosamente, beneficiados por su puesto docente y por las relaciones que pueden tener con las autoridades de la institución –coordinadores, directores, rectores–; autoridades que quieren hacer algo para que no suceda [el hostigamiento]; autoridades que no quieren aceptar lo que sucede para mantener la imagen de la universidad, o por cualquier interés personal”, expone González Magaña.

Contando con protocolos contra la violencia de género o no, con denuncias formales o sin ellas, hay una ineficacia generalizada en todas las universidades para hacer frente a la inseguridad que viven las mujeres de su comunidad. Y frente a esto es donde se originan los tendederos de denuncias.

“Los tendederos significan un hartazgo y se toman tanto como un método de sanación para las mujeres, como una forma de prevención desde ellas y para ellas. Y, a la vez, un método de presión para que las universidades actúen”. 

El hacer la denuncia pública, con el nombre del violentador, funciona como un señalamiento, “escrache” –que pide justicia social–, ante la ausencia de justicia institucional, y se conjuga con dinámicas de apoyo entre mujeres, quienes se identifican y encuentran que no son las únicas víctimas. 

Estos tendederos donde se ponen nombres, fotos, descripciones de las situaciones, e incluso pruebas, muchas veces son descalificados por la misma comunidad educativa bajo la justificación de que, en caso de ser señalamientos falsos se dañaría la reputación del acusado o, no son el procedimiento adecuado para buscar justicia. 

Sin embargo, de acuerdo con González Magaña, la denuncia pública no es algo que se toma a la ligera por parte de las mujeres que deciden hacerla, pues saben que sus acciones no son totalmente anónimas –ya que pueden ser vistas al momento de colocar la información–. En todo caso, la misma situación demuestra que ni siquiera tienen la presencia suficiente para afectar la reputación del señalado, como argumentan las instituciones.

También, la especialista apunta que la discusión sobre los tendederos y demás métodos de denuncia pública siempre se redirige a las mujeres y no hacia el fondo: la violencia que ejercen los hombres. 

Para González Magaña el problema es que las políticas de prevención y atención a la violencia de género se dirigen solo hacia las mujeres, hacia enseñarlas a identificar cuándo se les violenta. Y se olvida que el verdadero trasfondo, lo que se debería atender, es que hay hombres violentando.  Por ello, se tendría que redirigir el foco de las discusiones hacia los hombres de la comunidad universitaria, la reeducación en las masculinidades, porque el objetivo fundamental es el bienestar de las alumnas, “no si están haciendo bien o mal en denunciar públicamente”. 

“Tal vez, los tendederos no son la respuesta correcta, pero son la alternativa que se ha encontrado. Y las universidades deben de darles seguimiento, aunque no sean las denuncias formales que están esperando. Es responsabilidad de las universidades dar seguimiento a todos los nombres que estén puestos en los tendederos o pizarrones”.

Foto: Olga Valeria Hernández

Hostigamiento y acoso en universidades de Puebla

En Puebla solo tres universidades cuentan con protocolos específicos para la atención de la violencia de género: la BUAP –publicado en noviembre de 2019–  y la Upaep –que se publicó el 17 de febrero de 2020– y el Tecnológico de Monterrey –que se publicó en diciembre de 2017 y es para todos los campus a nivel nacional–. La Ibero Puebla contempla la atención de este tipo de violencia en el “Reglamento de Disciplina con Dignidad y Convivencia Universitaria”. 

No obstante, pareciera que con o sin protocolos, las universidades no atienden eficazmente los casos de acoso, hostigamiento y/o abuso; prueba de ello son los tendederos. 

González Magaña apunta a que los protocolos fallan porque no contemplan sanciones específicas para los violentadores y porque el procedimiento de denuncia y seguimiento se centra en juzgar las circunstancias, abriendo más la puerta a eximir a los señalados que a reparar el daño a las víctimas. 

En la BUAP, las estudiantes que pertenecen a la Asamblea de Mujeres Universitarias –creada el 4 de marzo, en el contexto del paro general– han señalado que el protocolo de dicha institución, aparte de carecer de sanciones claras, simplemente no se cumple, pues no se le brinda apoyo psicológico ni legal a las denunciantes y no se procura que deje de convivir con su violentador, docente o alumno. 

Además, han señalado –tanto en Asamblea como en las diferentes organizaciones de mujeres en las facultades– que los miembros de la oficina de la abogada general, responsable de llevar los casos, carece de perspectiva de género; llegando a revictimizar y a intimidar a las denunciantes. 

Por ahora, la escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) mantiene un paro indefinido hasta que se cumplan las exigencias de su pliego petitorio, que contempla, en primer lugar, las denuncias por acoso y hostigamiento –con medidas como el despido de cinco docentes y la sanción de ocho más–. Por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, se han retirado de las instalaciones de la escuela, pero han reafirmado el paro total e indefinido.

Foto: Olga Valeria Hernández

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En otras facultades, organizaciones de mujeres han elaborado sus propios pliegos como el que entregó la “Red de Mujeres Universitarias Articuladas: Comunicación y Mercadotecnia” a la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el 10 de marzo. Allí piden el despido inmediato de dos profesores. 

A pesar de que la Facultad emitió un breve comunicado el 2 de marzo vía redes sociales informando que estaba abierta al diálogo, asegurando que todos los casos denunciados en los tendederos serían investigados, y propone la creación de un protocolo interno, las alumnas han declarado que nada de lo que piden en el pliego petitorio se ha cumplido, según el comunicado que emitieron el 1 de abril vía Facebook por el contexto de la emergencia de COVID-19. 

Comunicado oficial @fccombuap #YoSiTeCreo #NiUnAcosoMás pic.twitter.com/yEUxTSUIM2

— Facultad Comunicación BUAP (@fccombuap) March 2, 2020

Como se mencionó en un principio, en la Upaep, las estudiantes denunciaron que durante el tendedero que realizaron el 10 de marzo, en un inicio, autoridades de la universidad les impidieron poner los nombres de los docentes y alumnos que las han violentado, pidiendo que solo pusieran sus iniciales, dándoles la opción de acercarse a un módulo de denuncia institucional. 

Eleny Molina, estudiante de la Upaep, quien decidió suspender sus estudios por un semestre porque la institución no cuidó su identidad al querer denunciar en 2019 a un profesor por hostigamiento, ha contando en entrevista para LADO B que asistió a este tendedero para poner el nombre de su violentador. Lo que encontró fue algo que parecía “un juego” para la institución. 

Ella exigió que se pusieran los nombres, rechazando que la institución tuviera que dar permiso cuando el objetivo era la denuncia pública. También externó la ineficacia de la institución en cuanto a las denuncias formales por la manera en que ella fue tratada cuando quiso hacerlo: vulnerada por las autoridades de la universidad que le dijeron al docente que ella pretendía denunciarlo.

Debido a la cantidad de denuncias contra profesores y alumnos, que según Molina eran más de cien, la organización “Comunidad Consciente Universitaria” –que se dedica a señalar y contraponerse a los discursos de odio y antiderechos que sostiene la Upaep– abrió por Instagram la opción del tendedero digital. Sin embargo, la cuenta fue denunciada y bloqueada. En su cuenta de Facebook publicaron algunas de las denuncias que pudieron recolectar antes de que cerraran la cuenta de Instagram. 

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Por otro lado, tras las denuncias en la Ibero Puebla, las estudiantes de la institución reportaron que se borraron las denuncias de la pizarra blanca por un asunto de “limpieza”. De modo que un grupo de alumnas se dio a la tarea de volver a escribir los nombres y llevar un registro digital. En respuesta, la institución emitió un comunicado interno aclarando que darán seguimiento a los señalamientos e instituirían una comisión entre académicas y administrativas para ello.