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Cristian Escobar

@crazo70

La madrugada del 26 de enero de 2019, Julio César Lino Pérez fue presuntamente detenido de manera arbitraria, golpeado y torturado por tres elementos de la policía municipal de Puebla después de asistir a un evento familiar. Estos policías siguen ejerciendo y ni siquiera fueron vinculados a proceso, a pesar de la denuncia interpuesta por parte de Julio César por abuso de autoridad, ni aunque uno de ellos tiene antecedentes bajo la misma acusación.

Los hechos han sido relatados así: Tras haber pasado la noche en el domicilio de su hermano, ubicado en el fraccionamiento Paseos del Ángel, Julio César se dirigió en su automóvil a la colonia Coatepec para dejar a unos acompañantes. 

Posteriormente, Julio se dirigió a una pensión ubicada en la calle 5 sur, donde guardaba regularmente su automóvil. Antes de llegar a su destino, a eso de la 1 de la mañana, entre la avenida 16 de septiembre y la calle 109 poniente, una patrulla de la policía municipal le indicó que se detuviera. El motivo fue que “casi atropella a un niño en la calle”. 

Julio César advirtió que había algo raro en el motivo, pues en el trayecto nunca se percató de ningún infante. Aún así, decidió estacionarse en la pensión. Después de pasados unos minutos, cuando Julio César intentaba cerrar el portón de la pensión, los tres elementos municipales: Ricardo N., Roberto N. y María N., ingresaron a la fuerza (mediante empujones) al domicilio. En este punto, los dueños del lugar, quienes grabaron un video de lo sucedido, reclamaron el ingreso de los elementos a su domicilio sin el debido permiso. 

En el material audiovisual, que fue revisado por LADO B, se muestra cómo Ricardo N. y Roberto N., someten a Julio César dentro de la pensión, para luego llevarlo a la patrulla, mientras el tercer elemento, María N., se limita a hablar con los dueños de la pensión.

Según quedó constatado en la carpeta de investigación 34/2019, en la denuncia de Julio contra los miembros policiales, en el camino a la Comisaría Sur, ubicada en Los Héroes, Julio César fue torturado: le apretaron las esposas al grado de causarle lesiones visibles, lo golpearon en el estómago y testículos. Además, le fueron retirados su teléfono celular e identificaciones. 

Los policías continuaron torturando a Julio César y lo obligaron a grabar una declaración en video, donde especificaba que él había sido culpable de su detención, bajo amenaza de sembrarle cocaína si contaba lo ocurrido.

Una vez en la Comisaría, los policías refirieron que la falta de Julio César había sido “alteración del orden público”, veredicto que asentó el juez calificador. 

Horas después los familiares del detenido llegaron, pagaron una fianza de 7 mil 500 pesos, correspondiente a dicha falta, y liberaron a Julio César.  

El juicio

A través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Julio César denunció los delitos de abuso de autoridad, lesiones dolosas, y robo agravado, en contra de los elementos municipales Ricardo N., Roberto N. y María N.

En audiencia celebrada el 2 de marzo del presente año, el juez de oralidad penal y ejecución, Aarón Hernández Chino, decidió no vincular a proceso a los policías, pese a que fueron presentadas pruebas como el video que grabaron los dueños de la pensión, la geolocalización de la patrulla de los policías, muestras físicas de las lesiones y presentaron testigos en su contra.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, decidió apelar la decisión del juez debido a que la resolución no estaba apegada a derecho, es decir, no tenía respaldo legal, y carecía de “lógica y razonabilidad”, principios básicos para resolución de cualquier juez.

LADO B consultó con una abogada que fungió como Ministerio Público –quien pidió se mantuviera en reserva su nombre– y refirió que los presuntos delitos cometidos por estos policías podrían hacerlos merecedores de prisión preventiva en caso de aprobarse su vinculación a proceso. Aunado a esto, mencionó la abogada, los actos cometidos por estos  agentes policiacos tienen el agravante de haber sido perpetrados por funcionarios públicos, lo cual ameritaría la destitución de sus cargos.  

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Un policía con antecedentes

El caso de agresión a Julio César no ha sido el único en el historial del policía Roberto N. Este elemento fue señalado por haber participado en la agresión de Christian Mayagoitia, un joven que tuvo un altercado con el juez Primero de lo Civil, Marco Antonio Gabriel González Alegría por presuntos desacuerdos verbales, en el restaurante La Silla, el 1 de julio de 2017; este suceso derivó en la pérdida de la oreja del juez. 

Según testigos, convocados a juicio por la defensa de Mayagoitia, afirmaron que, en esa ocasión, el policía Roberto N. había golpeado a Christian –estando en funciones– en distintas partes del cuerpo (primero en el restaurante, y una vez más camino a las instalaciones de la Policía Municipal en Rancho Colorado). No obstante, en aquella ocasión, Aarón Hernández Chino, el mismo juez que no vinculó a proceso a los acusados en el caso de Julio, decidió no resolver ninguna sanción legal para este policía. 

Casos de policías procesados son casi nulos en Puebla

Según el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla, la violación de derechos humanos es una constante en el estado y no hay acciones para erradicar el problema. 

Entre 2010 y 2016, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla únicamente ingresó una causal penal por el delito de tortura por parte de elementos policiales.

Aunado a esto, entre 2017 y 2018, según el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, a través del Mecanismo de Quejas, recibió 14 quejas por abuso policial, de las cuales 12 fueron canalizadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y sólo dos casos fueron vinculados a proceso. 

En tanto en 2019, de acuerdo con una búsqueda hemerográfica realizada por este medio, se documentaron al menos 11 acusaciones contra policías municipales: cuatro casos de tortura, dos casos de desaparición, dos casos de asalto y robo, un caso de extorsión y uno de violación. Siete de estos delitos se realizaron en la capital poblana, y solo cinco fueron vinculados a proceso. 

Actualmente, los policías implicados en el caso de Julio César continúan laborando con normalidad, sin que hayan recibido ninguna sanción administrativa. 

No obstante, en días recientes, la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, proporcionó información acerca de que uno de los tres elementos policiacos renunció de manera voluntaria a la corporación. Sin embargo, no se detalló quién de los tres elementos había sido. 

La parte afectada  (Julio César) se encuentra en espera de la realización de una nueva audiencia; no obstante, el proceso luce lejano, ya que los juzgados de la ciudad de Puebla se han mantenido abiertos con el mínimo personal a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19.