Gobierno de Puebla sólo cumplió con 4 de 45 medidas de la Alerta de Género
LADO B analizó 840 evidencias del informe presentado en octubre del 2019. La falta de voluntad política se refleja en el número de feminicidios en el estado
Por Lado B @ladobemx
12 de abril, 2020
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Jerónimo Villa @Jerome_Vil

El gobierno de Puebla cumplió con sólo cuatro de las 45 medidas de la Declaratoria de Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres (Davgm), de acuerdo con el informe que entregó en octubre del 2019, cuando se venció el plazo que el gobierno federal estableció para ello.

LADO B sistematizó y analizó 840 documentos, fotografías, listas de asistencia y bases de datos, entre otras evidencias, de las diferentes áreas del gobierno estatal como prueba del cumplimiento de las medidas, disponibles desde entonces en el portal Puebla alerta por las mujeres.

El resultado de dicho análisis es que de las 45 medidas que debía cumplir el gobierno estatal en respuesta a la Declaratoria, sólo se cumplió el 10% y de las 162 acciones se cumplieron 65, es decir, el 40%.

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Sin embargo, en el portal habilitado por el gobierno estatal se reportaron como finalizadas 30 de las 45 medidas hasta el 8 de octubre de 2019, seis meses después de la declaratoria de alerta y en el plazo que fijó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). 

Este análisis confirma la simulación que ha caracterizado al gobierno de Puebla desde la administración de Rafael Moreno Valle y evidencia la falta de voluntad política que se refleja en el número de feminicidios que sigue ocurriendo en el estado. 

De hecho, seis meses después de emitida la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 50 de los 217 municipios del estado, la incidencia de delitos que involucran principalmente a mujeres no se ha detenido, al contrario, aumentaron en 23% con respecto al mismo periodo del año previo.

Foto: Ámbar Barrera

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Plan de trabajo incumplido

El 8 de abril de 2019, la Conavim decretó la alerta de género para el estado. En el punto 5 del resolutivo emitió 45 medidas -17 de ellas de Prevención, 11 de Seguridad y 17 de Justicia y reparación- para “enfrentar y abatir la violencia feminicida”.

En el punto 7 del resolutivo la Conavim fijó un plazo de seis meses, posteriores a la Declaratoria de la AVGM, para que el gobierno de Puebla informara a la Secretaría de Gobernación federal sobre las acciones realizadas en cumplimiento del punto 5.

Por tal motivo, el 8 de octubre de 2019 el gobierno del estado envió el informe sobre las acciones implementadas; para ese momento daba por finalizadas 30 de las 45 medidas y 138 de las 162 acciones.

Durante los meses de octubre y noviembre, LADO B descargó los 840 documentos que integraban las pruebas de cumplimiento, además sistematizó y analizó la información para corroborar que las medidas y acciones marcadas como finalizadas realmente lo estuvieran.

Para el análisis, LADO B clasificó las acciones en tres categorías: cumplida, en proceso, confusa y no cumplida.

Por ejemplo, una de las acciones de la medida XI de Prevención es “Realizar acciones de prevención de la violencia comunitaria principalmente de tipo sexual contra las mujeres”, la prueba que presentó el ahora extinto Instituto Poblano de la Mujer (IPM) fue una cartilla elaborada por el gobierno federal sobre derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, donde el gobierno de Puebla sólo forma parte del Comité Promotor.

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Es decir, la cartilla no tiene relación con la violencia comunitaria y no fue elaborada por el gobierno estatal, de tal forma que para efectos del análisis se clasificó como: no cumplida.

Un ejemplo de evidencia confusa es la correspondiente a la acción de “Crear el Centro de Estadística y Evaluación del Poder Judicial del Estado, incorporando la perspectiva de género”, a cargo del Tribunal Superior de Justicia y que forma parte de la medida I de Justicia y Reparación. 

Como evidencia de lo anterior, el Tribunal sólo anexó un acuerdo firmado por el Consejo de la Judicatura para crear la Unidad de Estadística Judicial, pero no hay datos sobre si la unidad ya se concretó y cuáles son sus resultados.

En total de las 162 acciones que el gobierno se comprometió a implementar, 65 están cumplidas (40%); 24, en proceso (15%); 31, con evidencia confusa (19%), y 42, incumplidas (26%). 

Es decir que si sumamos las acciones en proceso, las incumplidas y las de evidencia confusa, se puede decir que el 58% de las acciones no estaban finalizadas para el momento en que se entregó el informe a la Conavim, en octubre del 2019.

Esto contrasta con la evaluación oficial, pues de acuerdo con el gobierno estatal para esa fecha, 138 acciones (85%) estaban finalizadas.

Foto: Ámbar Barrera

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Justicia y reparación, con más atraso

Las medidas que tienen un mayor atraso son las de Justicia y reparación, pues de las 17 acciones que se tienen que implementar, sólo una se finalizó: “Definir los mecanismos de supervisión y sanción a servidoras y servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género”, cuya evidencia es un documento donde la Contraloría se compromete a dar un seguimiento y acordar fechas de monitoreo. 

Ninguna de las otras medidas relacionadas al tema de Justicia y Reparación ha sido cumplida en más del 50%, por ello en nuestro análisis  la mayoría de acciones se consideró incumplida o con evidencia confusa.

En total, de las 51 acciones que le correspondían a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia, 11 están cumplidas (21%); cuatro, en proceso (7.8%); 14 tienen evidencia confusa (27.8%), y 22 están incumplidas (43.1%).

A pesar de ello, al momento en que el gobierno estatal entregó su informe a la Conavim dijo que 92.2% de las acciones de este apartado se habían finalizado.

Para ejemplificar cómo algunas acciones de Justicia y reparación que se catalogaron como “finalizadas” sin evidencias contundentes está la de “Gestionar recursos para la consolidación de las Unidades de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres”.

En este caso la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó como evidencia la solicitud formal de recursos que hizo a la Secretaría de Administración y Finanzas (SFA) en septiembre de 2019; sin embargo, de los 7.6 millones de pesos que se autorizaron, no hay recursos etiquetados para las unidades de contexto. 

Otra muestra es la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se dio por finalizada en octubre de 2019, pero de manera oficial se nombró a la titular de dicho organismo, María del Carmen Carabarín Trujillo, el 30 de enero de 2020, por cierto, en medio de rechazo y críticas de familiares de personas desaparecidas.

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En Prevención hay avance

El área que mayor avance tiene es Prevención, con dos de 17 medidas cumplidas: “Establecer directrices adecuadas de difusión que contribuyan a visualizar y erradicar la violencia contra las mujeres” y “Generar campañas permanentes, de alcance estatal, interculturales, incluyentes, disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal y municipal”.

Las evidencias de estas medidas no son suficientes para decir que hubo incumplimiento, por eso se tomaron por cumplidas.

Foto: Olga Valeria Hernández

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De las 63 acciones de Prevención, 32 se habrían cumplido (50%); 16 estarían en proceso (25%); cuatro, con evidencia confusa (6%), y 11, incumplidas (17%). Es decir, cuatro de cada diez acciones de Prevención no se concretaron hasta octubre de 2019.

Una de las medidas que se dieron por finalizadas, pero no lo está, es: “Migrar la información del BEDAM, al BANAVIM a fin de homologar los registros”, puesto que la evidencia de cumplimiento es un oficio donde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal solicita a la Secretaría de Gobernación federal (Segob) la donación de un banco de datos, pero no se incluye la respuesta y si se concretó la donación.

Mientras que de las medidas de Seguridad sólo una de 11 está cumplida: “Emitir informes específicos de los hechos de violencia reportados por mujeres y niñas, prioritariamente en los municipios señalados con la DAVG, a través del BEDAM”. Aunque hay otras tres que tienen un avance superior al 50%.

Respecto a las 48 acciones de Seguridad, 22 están cumplidas (42%); cuatro, en proceso (8.3%); 13, con evidencia confusa (27.1%), y nueve, incumplidas (18.8%). En total, 45.8% de las acciones no se habrían finalizado.

Como muestra, la acción “Capacitar al personal que opera Refugios para mujeres bajo el Modelo de Atención Integral en Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia” se dio por finalizada, pero como evidencia se subieron datos de una capacitación realizada el 5 de julio de 2019, de las nueve personas que acudieron, ocho eran de Tlaxcala y una era enfermera del DIF estatal.

También está “Diseñar y difundir material didáctico para la capacitación sobre el Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia”, cuya evidencia es un tríptico respecto a las órdenes de protección, pero no hay pruebas de la estrategia planteada, que incluye ruedas de prensa semanal, carrusel de medios y material para redes.

Como se puede observar, muchas de las medidas que el gobierno dio por finalizadas, en realidad nunca lo estuvieron, tocará al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) evaluar las pruebas de cada una de las medidas y cada una de las acciones para determinar si se finalizaron o no. Aunque ya ha pasado 6 meses desde que se entregó el informe, aún no hay fecha para que el GIM emita un resolutivo

*Para ver cada una de las medidas, su estatus y evidencia, LADO B facilita todo el material en la siguiente liga.

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