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Fricciones entre CPC y órganos de gobierno ralentizan la lucha anticorrupción: Valdés Amaro

“Los organismos autónomos que conforman el Comité Coordinador no le han dado la debida importancia al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, por el contrario, pareciera que lo obstaculizan”, señala el Comité de Partipación Ciudadana del SEA.

Foto: Cortesía
Cristian Escobar

En la edición más reciente (2019-2020) del estudio de la organización World Justice Project sobre el Estado de Derecho en el país, Puebla se ubicó el lugar 25 de 32 en el apartado de corrupción. No es el fondo de la tabla, pero está cerca.

Visto así, pareciera que la creación e instalación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que tiene como objetivo la detección y sanción de las faltas administrativas y fiscalización de los recursos públicos, poco ha impactado en la materia.

Esto, explica Daniel Valdés Amaro, actual presidente del Comité de Participación Ciudadano (CPC) y, por tanto, cabeza del Comité Coordinador (CCE) del SEA, se debe a que existen una serie de factores que obstaculizan la correcta y plena ejecución del trabajo del SEA.

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A pesar de ello, en los dos años y meses que lleva operando el SEA se han formulado algunos exhortos, iniciativas y recomendaciones, entre los que destaca la iniciativa para que la ciudadanía se involucre en la selección de los titulares de los organismos autónomos; y la iniciativa para dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Y un exhorto para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado y las instituciones encargadas de la seguridad en los 217 municipios informen sobre “las medidas que han tomado dichas instituciones para combatir la corrupción al interior de sus dependencias y establecer un plan emergente para detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción”. Pero el exhorto propuesto por el CPC está detenido desde hace cinco meses, sin fecha para su aprobación.

En rueda de prensa que ofrecieron este martes 17 de marzo las y los integrantes del CPC: María Leyva Báthory, Francisco Mariscal Magdaleno, José Guillén Reyes, Eira Zago Castro y Daniel Valdés Amaro, insistieron en que su labor no es realizar un persecución o “cacería de brujas” a los funcionarios con sospecha de corrupción, sino que su objetivo es ubicar en la agenda pública los ejes que, prioritariamente, deben seguir los gobiernos para una mayor eficacia en su combate a la corrupción”.

Y señalaron que si bien coinciden en los señalamientos sobre la falta de contundencia e impacto del SEA que hace unos días lanzó el gobernador Miguel Barbosa, cuando habló de la desaparición de contratos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, también aclararon que “eso pudiera ser porque los titulares de las dependencias de gobierno y de los organismos autónomos que conforman el Comité Coordinador no le han dado la debida importancia al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, al contrario, pareciera que lo obstaculizan”.

En el encuentro con la prensa, el CPC habló de su Programa Anual de Trabajo 2020, el cual consta de tres ejes principales para el combate a la corrupción: Desarrollo institucional, Gobernanza y Ciudadanía informada. 

Acá puedes consultar el documento íntegro.

1 vs 6

Desde la creación del CPC, en 2017 con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, ha habido un estira y afloja entre el componente de la sociedad civil (es decir, el CPC), que solo tiene una posición en CCE y el componente institucional que tiene seis lugares: las y los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla; el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.

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Ha sido una batalla constante, reconoce Valdés Amaro en entrevista para LADO B, pues a las instancias de gobierno en el CCE les ha generado recelo y desconfianza la participación de la ciudadanía en ese espacio de dirección, a pesar de que el CPC no puede, por si solo, hacer modificaciones normativas o de otra índole.

“Si te fijas en las facultades que tiene el Comité, en los verbos empleados, estos no implica cambios directos; siempre están verbos como coadyuvar, dar seguimiento, realizar propuestas, etc”. 

Sin embargo, menciona que sí es posible realizar acciones desde su papel en el Comité que ayuden a combatir la corrupción, pero para ello se necesita compromiso y paciencia. 

“Es bastante habitual escuchar expresiones provenientes de expertos en materia anticorrupción, que abogan porque el fortalecimiento de las instituciones es una medida importante para combatir la corrupción. Yo pienso que está bien, pero ¿y de mientras qué hacemos? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar el fortalecimiento de las instituciones? Debemos mientras tanto pensar en realizar acciones que combatan la corrupción en corto plazo”. 

Una de ellas, apunta, es la autonomía de la Fiscalía anticorrupción.

Daniel Valdés Amaro / Foto: Cortesía

Autonomía, un eje fundamental para mejor el combate

Actualmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no es un órgano constitucional autónomo sino una parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

De acuerdo con el marco legal de la Fiscalía Especializada, no se le reconoce autonomía técnica ni operativa. Por tanto, la actuación de la Fiscalía Especializada no es independiente, puesto que debe atender a los criterios de comportamiento del Fiscal General. 

Esto, explicó Valdés Amaro, ha tenido un detrimento a la hora de iniciar investigaciones de corrupción y darle un seguimiento, pues muchas veces intervienen intereses políticos en la decisión de a quién se investiga y a quién no.

Aunado a esto, mencionó que no existe una especialización en los cuerpos de investigación. 

“Hay que recordar que al momento de investigar casos de corrupción, estos no se investigan como los otros, es decir, con policías. Sería mejor que hubiera más programadores y expertos en informática, pues lo difícil de estos delitos es encontrar esas conexiones o redes que determinan a dónde van a parar los recursos públicos”. 

Por ello, la iniciativa que proponen para la Fiscalía Anticorrupción contempla, además de la libertad jurídica y un  patrimonio propio, la facultad para elaborar un presupuesto de egresos que sea enviado directamente al Congreso del Estado.

Actualmente solo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche es reconocida como un organismo autónomo –contrastando este aspecto con el índice del World Justice Project, en materia de ausencia de corrupción, el estado de Campeche se encuentra entre las diez entidades con menos corrupción del país– y, aunque existen esfuerzos porque todos los estados alcancen esa autonomía en su fiscalías, estos poco a poco se han ido diluyendo, señala Valdés Amaro.

En 2018, por ejemplo, se convocó a la primera Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México, por parte de Ricardo Espinoza Valdez de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, con el fin compartir proyectos y trazar rumbos de actuación en conjunto. “Allí se propuso lo de dotar de autonomía a las fiscalías”, mencionó Valdés Amaro, «pero no sé por qué no se ha seguido con la intención».  

Por último, el presidente del Comité Coordinador Estatal, resaltó la importante necesidad de tener el respaldo de asociaciones civiles y ciudadanía en general para ayudar al combate de la corrupción; sin embargo, reconoce la falta de un área de comunicación pues, como menciona: “Muchas personas, incluso interesadas en este tema, no saben siquiera que el Comité de Participación Ciudadana existe”.

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