Foto: Ámbar Barrera

Valeria Durán | Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN. Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidados como prueba. Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer.

Esas son algunas de las aberraciones procesales por las que los jueces liberan a presuntos feminicidas, por las que se caen los juicios y por las que los asesinos de mujeres están en las calles.

Desde marzo de 2019 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018. Durante el anterior sexenio, hubo 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones, de 3 mil 56 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país.

MCCI quería conocer las causas por las cuales se absuelve a presuntos feminicidas. Pero los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información. Luego de cientos de solicitudes, solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias de casos de apenas un puñado de entidades federativas. ¿Son pocas como para sacar conclusiones? No. Son demasiadas muertes de mujeres con una constante: impunidad increíble.

A partir de ese universo que no llega ni a la veintena, se pueden sostener que todas las liberaciones ocurrieron por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado. Todas. En las 18 carpetas hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esas mujeres.

Foto: Olga Valeria Hernández

La otra cosa que se puede concluir a partir de esos casos, es que el feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reserva los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia.

A ellas las están matando, y a ellos, a los asesinos, los están liberando.

En esos siete años, las fiscalías estatales han reportado oficialmente 3 mil 56 feminicidios. Sin embargo, a partir de las mismas solicitudes de información, en ese sexenio MCCI contabilizó 2 mil 646 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; y cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios.

Los tenían y los soltaron: por “aberraciones” de la policía, porque “no se cuidó” la cadena de custodia de las pruebas, porque la fiscalía “no buscó” evidencias, o por “incomprensibles” decisiones de los jueces.

Estas son cinco de las 18 historias, de miles de casos de impunidad en contra de la vida de las mujeres.

Las mataron, había pruebas que apuntaban al autor de ese crimen, pero el feminicidio quedó impune. Siempre.

Esta es la autopsia de un sistema de justicia que a ellas las olvida, y a ellos, todo les perdona.

Lo tenían grabado y lo dejaron ir

Junio 25, 2011. San Mateo Tlalnepantla, Estado de México. Las cámaras de seguridad marcan las 22 horas 09 minutos 38 segundos.

Un hombre de 39 años y una mujer joven llegan a un motel de paso. Una empleada les asigna la habitación 23. Trescientos cincuenta pesos la noche. Los acompaña a la habitación. La están limpiando. “Siéntate en la cochera”, le dice a la chica de saco blanco y minifalda.

Junio 26, 2011. La cámara de seguridad marca las 05 horas 01 minuto 08 segundos. La misma empleada ve que se abre la cochera de la habitación 23. En el video la trabajadora y el huésped cruzan palabras.

“¡Ey!, ¿a dónde?», dice ella haberle dicho. Él le responde que se va, pero su acompañante sigue en la habitación, saldrá a las ocho.

Pasan las horas y la acompañante no deja la habitación. Pasó el horario de salida.

13 horas 45 minutos. Una segunda empleada abre la habitación. En el sillón está el saco blanco, en el piso los tacones, en el tocador una bolsa de plástico con una plancha de pelo. Huele mal. Quizá alguien vomitó. La camarista se acerca a abrir la ventana para que se vaya el olor. Al mover la cortina ve los pies de una persona. Entre la ventana y la cama encuentra un cuerpo desnudo boca abajo, ensangrentado.

Paramédicos, policía, ministerio público, peritos llegan unas horas después. La mujer del saco blanco que entró la noche anterior fue asesinada. Cuando llegan los agentes del Semefo, aún gotea sangre de la almohada.

La autopsia no deja lugar a dudas. Causa de muerte: ASFIXIA MECÁNICA EN SU MODALIDAD DE ESTRANGULACIÓN.

La ahorcó -muy probablemente, dicen los peritajes- con el cable de la plancha de pelo. En el lugar encontraron 16 elementos dactilares y en el cuerpo de Ella líquido seminal pero no espermatozoides para comparar el perfil genético.

El testimonio más fuerte de la defensa era el de la trabajadora del hotel que recibió a la pareja y cruzó palabras con el feminicida cuando salía de la habitación, conversación grabada por las cámaras. Con su declaración lograron detener al hombre que dijo haber estado esa noche en su casa, con su familia. La misma empleada acudió a identificarlo. Lo tenían.

Foto: Marlene Martínez

Pero aquí el primer traspié. El juez dijo:

“… en ese momento que se verificó ese reconocimiento por parte de la testigo que aquí declara el ahora acusado se encontraba compareciendo, no con el carácter de imputado sino con el carácter de testigo… ergo, el reconocimiento del acusado que tiene un origen ilícito a nivel de investigación no se le asigna valor probatorio alguno”.

El ministerio público no siguió el debido proceso, violó el derecho del acusado. La identificación del acusado era nula, inutilizable. Quedaba el testimonio de la trabajadora durante el juicio oral.

Cuando fue interrogada la defensa notó que en la palma de su mano llevaba anotadas las palabras “video” y “26 de junio”. Eran dos detalles que ella no quería olvidar, las anotó porque estaba nerviosa y tenía miedo de olvidar la fecha en que lo vio y que ambos aparecían en el video del hotel.

Pero la defensa protestó que esas palabras en su mano podrían indicar que la mujer estaba instruida para declarar contra el sospechoso.

Al juez tampoco le convencieron las declaraciones de la trabajadora. Lo vió sólo unos segundos, no era suficiente para que se acordara de él, dijo el juzgador.

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*Foto de portada: Marlene Martínez