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El gobierno de Puebla no tiene frenos ni contrapesos, revela índice de World Justice Project
Segun el Índice de Estado de Derecho no se respetan los derechos fundamentales de las personas, ni hay una efectiva procuración e impartición de las leyes
Por Lado B @ladobemx
04 de marzo, 2020
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Foto: Olga Valeria Hernández

Cristian Escobar

@crazo70

En el estado de Puebla no hay frenos ni contrapesos al gobierno, no se respetan los derechos fundamentales de las personas, no hay una efectiva procuración e impartición de las leyes, ni un sistema de justicia accesible, asequible, libre de corrupción, discriminación, o influencias inapropiadas. 

Eso y más es lo que revela el Índice de Estado de Derecho que cada año realiza la organización internacional independiente dedicada a la recabación de información en materia legislativa y de justicia, Proyecto de Justicia Mundial, o World Justice Project (WJP).

Para su medición, este índice evalúa ocho factores (que a su vez se dividen en 42 sub-factores) mediante recabación de bases de datos institucionales, cuestionarios a expertos y encuestas a población en general, para determinar el Estado de Derecho de las 32 entidades federativas; es decir, el conjunto de leyes y normas que todas las personas e instituciones deben cumplir por igual para vivir en armonía.

De acuerdo con el documento publicado el pasado 13 de febrero, el estado de Puebla se encuentra en los lugares más bajos (lugar 31 de 32, sólo delante de Guerrero). De hecho, bajó tres posiciones respecto al año anterior, como lo muestran las siguientes gráficas: 

Resultados en el Índice de Estado de Derecho por estado (2019)

Resultados en el Índice de Estado de Derecho por estado (2018) 

Para conocer más detalles del World Justice Project puedes consultar: Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020

Los factores en los que Puebla está peor evaluada son: “Límites al poder gubernamental”; “Derechos fundamentales” y “Justicia penal”. Mientras que el rubro en el que mejor se posiciona es: “Cumplimiento regulatorio”.

Además de estos, el índice también incluye los factores: “Orden y Seguridad”; “Ausencia de corrupción”;  “Gobierno abierto” y Cumplimiento regulatorio”. 

Un poder sin límites

El factor Límites al poder gubernamental mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, y si existen frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas. Aquí Puebla aparece en el lugar 30 de 32.

En 2019 el estado vivió una situación particular, pues a raíz de la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, el priista Guillermo Pacheco Pulido fue elegido por el Congreso de Puebla como gobernador interino y se vivieron ocho meses de incertidumbre y reacomodos políticos.

Luego, ya con Luis Miguel Barbosa en la gubernatura hubo designaciones en puestos clave para un contrapeso político. Sin embargo, fueron procesos de designación deficientes y sin transparencia. El ejemplo concreto es la elección de José Félix Cerezo como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH), así como el nombramiento de Francisco Romero Serrano al frente de la Auditoría superior del Estado (ASE). 

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Sin derechos

Asimismo, uno de los factores en donde Puebla está peor calificada es en el de Derechos fundamentales, que mide justamente el respeto a los derechos reconocidos a nivel internacional, como la ausencia de discriminación, derecho a la vida, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y derechos laborales.

Uno de los mayores referentes de la violación de derechos en el estado es el número de feminicidios registrados, que ponen a Puebla en tercer lugar nacional con más delitos de este tipo. 

A ello se suma la reciente la detención del defensor de derechos humanos y comunicador comunitario Miguel López, en un intento por intimidar a la comunidad de Santa María Zacatepec para que desista en su lucha contra la contaminación del Río Metlapanapa y el derrame de desechos tóxicos por la construstrucción de un sistema de alcantarillado.

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Sin justicia no hay democracia

En el factor de Justicia penal se mide la efectividad en la procuración e impartición de justicia penal, así como el respeto a los derechos de las personas detenidas, personas privadas de la libertad, y las víctimas de algún delito. 

Entre los subfactores considerados en este rubro destaca el “derecho a un juicio público ante un juez competente e imparcial”. En este sentido es notorio el caso del juez penal de Cholula, José Refugio Alejandro León Flores, quien ejerció durante 30 años sin título profesional y a quien, en días recientes, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó separar de su cargo; un año después de que este portal diera a conocer que el juez falsificó su cédula y título.

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Otro factor es el de Justicia civil, que evalúa si la población general puede resolver sus quejas y conflictos de forma pacífica y efectiva a través de un sistema de justicia civil que sea accesible, asequible, y libre de corrupción, discriminación, o influencias inapropiadas. 

Las cifras que explican por qué Puebla ocupa el lugar 24 a nivel nacional son las de linchamientos. Con base en cifras oficiales, en 2019 se cometieron 81 intentos de linchamiento, nueve consumados y hubo 110 personas rescatadas. 

Lo que ubica a la entidad, según un informe de la CNDH, en uno de los cuatro estados (junto con Ciudad de México, Estado de México y Morelos) considerado como foco rojo de linchamientos.

Linchamiento en Ajalpan. / Foto: Cortesía

Otros factores

El índice además evalúa Orden y seguridad, factor que se basa en la seguridad de las personas e incluye una medición de homicidios, victimización, y percepción de seguridad. 

Otro factor es el de Ausencia de corrupción, que califica –como bien dice su nombre– la ausencia de corrupción en el gobierno, incluyendo sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos. 

En Gobierno abierto se determina la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la existencia efectiva del derecho a la información pública.

Por último, en Cumplimiento regulatorio, que es el factor en el que mejor está calificado el estado de Puebla, se evalúa si las regulaciones del gobierno se implementan de manera justa y efectiva. Incluye temas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública. Destaca en este factor, el sub factor “ausencia de sobornos a servidores públicos al realizar pagos o trámites” con una calificación “perfecta”.

La importancia del WJP

Alejandro Espriú Guerra, director ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, explicó en entrevista para LADO B la importancia de instrumentos de medición como el índice del WJP, ya que además de medir datos duros, permite conocer cuál es la condición del aparato y de las instituciones del Estado para abordar las diferentes problemáticas y necesidades de la ciudadanía.

“El tema de violencia y delincuencia, por ejemplo, no puede entenderse de manera aislada, se tiene que relacionar con otros factores que también deben ser medidos, como el acceso a oportunidades, desigualdad, etcétera”.

Para Espriú Guerra “si uno observa este tema únicamente a partir de datos duros, sí puede hacer un análisis comparado, pero no se puede entender la realidad o trasfondo del problema. En la medida en que alcancemos a observar la integralidad de la problemática, podremos generar mejores propuestas y tomar mejor decisiones”.

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