El acoso judicial de la 4T a medios poblanos: si no son, se parecen
Si no hay un estilo morenovallista en el actual ejercicio del poder en Puebla, como lo documentó Proceso, no son menores los elementos que hacen recordarlo
Por Roberto Alonso @rialonso
03 de marzo, 2020
Comparte

El acoso judicial de la 4T a medios poblanos: si no son, se parecen

Roberto Alonso

@rialonso

Si no hay un estilo morenovallista en el actual ejercicio del poder en Puebla, como lo documentó el semanario Proceso el mes pasado, no son menores los elementos que hacen recordarlo, y uno de ellos es el de la actuación de personajes cercanos al gobierno barbosista con relación a la cobertura crítica de ciertos medios de comunicación.

En agosto de 2019, apenas unos días después de haber iniciado el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, sostuve en este espacio que una caracterización del morenovallismo recogería como rasgos la opacidad, la construcción de obras espectaculares, el endeudamiento del estado, el abandono de los sectores más desaventajados, la concentración de la inversión, la lejanía con la sociedad, el espionaje, la persecución y el encarcelamiento de opositores, la sofocación de la prensa incómoda, la captura de instituciones y partidos políticos, y la complicidad con el incremento de la delincuencia y la violencia.

En la campaña de 2018, Barbosa Huerta fue el candidato que mayor distancia tomó de este modo de ejercer el poder y, sin embargo, si bien aún es temprano para hacer una evaluación de su gobierno, es posible identificar algunas similitudes: la captura de instituciones autónomas y el acoso a la prensa incómoda por la vía civil. La expresión no es mía –aunque la suscribo– sino de un conjunto de organizaciones encabezadas por Artículo 19 que la semana pasada denunciaron acoso judicial a medios poblanos por parte de funcionarios públicos de la administración estatal.

El mismo acoso judicial del que ha sido víctima Sergio Aguayo por parte de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a partir de la demanda interpuesta en su contra por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien acusó al académico y periodista por daño moral. En una carta de organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas dirigida al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México por este caso, puede leerse que el acoso judicial se presenta cuando “se inician demandas civiles o procedimientos administrativos con la intención de intimidar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.”

Siguiendo los pasos de Sergio Ramírez Robles, quien fuera el vocero de Rafael Moreno Valle al inicio de su sexenio, tres funcionarios del gobierno de Barbosa –el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández y el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas–, así como el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, demandaron por daño moral a los directores de e-consulta, El Popular y Datamos por columnas del periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez publicadas en los tres medios sobre estos funcionarios públicos, reclamando, entre otras cosas, el pago de 5 millones de pesos por cada demanda, la destrucción de archivos electrónicos relacionados con los artículos de opinión, el pago de gastos y embargos a las propiedades de los demandados como medida precautoria.

Cabe recordar que, en noviembre de 2012, más de un año y medio después de la despenalización de la difamación y la calumnia en Puebla a través de la reglamentación del daño moral en el Código Civil local con sanciones económicas máximas equivalentes a 3 mil veces el valor diario de la UMA (260 mil 640 pesos al valor actual), el gobierno del estado retiró las demandas. No obstante, ni Moreno Valle, que fue el impulsor de la despenalización en 2011, ni las legislaturas subsecuentes, completaron la tarea con la discusión y aprobación de una ley para salvaguardar los derechos de la personalidad, siendo un buen ejemplo la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, todavía vigente.

Un instrumento como este reconoce una figura muy importante para la protección de la libertad de expresión como lo es la malicia efectiva, la cual deben probar los servidores públicos demostrando que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad, con total despreocupación sobre si era falsa o no y con el único propósito de dañar. Como se entenderá, se trata de un límite a la libertad de expresión cuya carga de la prueba recae en el servidor público, obligando a este a demostrar los supuestos mencionados en el entendido de que “como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público”, según el artículo 33 de la ley referida, los servidores públicos tienen limitado su derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen.

El mismo razonamiento lo ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su Relatoría de Libertad de Expresión, cuyo titular ha expresado ya su preocupación por las demandas en contra de los directores de e-consulta, El Popular y Datamos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver que el interés público debe prevalecer frente a los derechos de la personalidad, a fin de garantizar un debate robusto y abierto; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que los funcionarios públicos deben mostrar “mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático”, toda vez que «tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática”.

En este sentido, flaco favor le hace el diputado Biestro Medinilla a un debate democrático abierto y robusto, al pluralismo propio de una sociedad democrática, con su rechazo a dar razones públicas  de su decisión de demandar al director de e-consulta por la vía civil. A diferencia de lo que opina el representante popular de Morena, claramente se trata de un asunto público y relevante que, más aún, debería poner sobre la mesa la necesidad de completar la ruta legislativa pendiente, a menos que los representantes de la 4T prefieran seguir pareciéndose a lo que tanto criticaron.

Comparte
Roberto Alonso
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.