Un hedor de censura

Un hedor de censura

Imagen de succo en Pixabay
Cuauhtémoc Cruz Isidoro

Sin libertad de expresión, no hay pluralidad. Sin libertad de expresión, no hay democracia. Sin libertad de expresión, no hay una sociedad libre. 

La Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre libertad de expresión en 1994, proclama que: “Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de información, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”.

El intento de castigar a Sergio Aguayo por los señalamientos contra Humberto Moreira en la columna Un hedor de corrupción –a la cual hace alusión el título de la presente– representa un duro golpe a la libertad de expresión en nuestro país, no solo por la cantidad irrisoria que el exgobernador de Coahuila solicita por presunto “daño moral” (10 millones de pesos) y por el actuar de la Sexta Sala de lo Civil (que revocó una sentencia dada en primera instancia a favor del académico), sino también por lo que puede representar como precedente para futuros casos: silenciar la crítica en contra de funcionarios “presuntamente” vinculados con hechos de corrupción y con la violación a los derechos humanos.

La libertad de expresión es un pilar de los sistemas democráticos que permite el intercambio de ideas y opiniones diversas;  permite la difusión de información de interés público, también el ejercicio de la crítica –fundada– sobre quienes ejercen el poder público; pero, antes de todo, la libertad de expresión es un derecho humano.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. [Énfasis añadido por el autor]

Por su parte, con relación a la crítica contra funcionarios públicos o personas públicas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció dentro de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que “la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública […] Además, en esos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. [Énfasis añadido por el autor] 

La censura en contra de alguien que ejerce el periodismo (en sus diferentes variantes: reportero, columnista, articulista, etc.) o de cualquier persona en general (pensemos ahora en las redes sociales como canal de difusión) no solo atenta contra la libertad de expresión en su dimensión individual –silenciar una voz incómoda–, sino también atenta contra el derecho a la información de la comunidad, desde una dimensión colectiva, al restringir el derecho de la sociedad a recibir información plural y oportuna. Ahí radica la importancia de por qué nos deben interesar y preocupar las diversas acciones tendientes a callar voces críticas, como lo es la de Sergio Aguayo. Podemos coincidir o no con ellas, pero es la posibilidad de existencia de esas voces, las que conforman la pluralidad de discursos y que dan cabida a los sistemas democráticos. Sin esa libertad, lejos estaremos de vivir en una sociedad plural.

Si bien el caso ahora estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta este momento históricamente se ha demostrado a favor de la libertad de expresión, el actual del Sistema de Justicia deja un hedor de censura. 

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