Foto: Olga Valeria Hernández

Cristian Escobar

@crazo70

El 12 de febrero vence el plazo que se pactó entre el gobierno del estado y los transportistas para modernizar el transporte público a cambio del aumento de $2.5 a la tarifa (entre 41 y 46% respecto a la tarifa anterior). Sin embargo, estos últimos días las posturas tomadas por distintos grupos de concesionarios han ido desde acatar el pacto, hasta las amenazas de evadirlo o la interposición de amparos, argumentando dificultades económicas o la toma de decisiones unilaterales por parte de las autoridades.

Los que están cumpliendo

Hay transportistas que han comenzado con los trabajos de modernización y, aunque estos han sido progresivos, actualmente muchas unidades se encuentran ya equipadas con las cámaras de vigilancia, GPS, y botones de pánico. 

Albino Martínez Lucio, representante de la Ruta 3, en entrevista para LADO B, comentó que actualmente entre un 90 a 95% de sus unidades se encuentran equipadas con los dispositivos de seguridad, y prevé contar con el total de unidades modernizadas llegada la fecha pactada.

De igual manera, Martínez Lucio remarcó que los transportistas también se beneficiarán con estas medidas, pues aunado a la prevención de asaltos, les ayudará a   supervisar y regular las actividades de los choferes. 

Mencionó que el descuento para estudiantes también los tomó por sorpresa, pues en las reuniones sostenidas con representantes del gobierno federal en septiembre pasado, nunca se comentó esa decisión. No obstante, el representante de la Ruta 3 dijo no verse perjudicado por esta medida, ya que actualmente todos los concesionarios de la ruta 3 reciben el subsidio mensual de $1.25 por cada viaje que hace un estudiante.

Por último, Martínez Lucio dijo comprender la situación de sus compañeros transportistas que buscan ampararse para evitar las sanciones, pues reconoció que cada economía es distinta. “Nosotros hicimos un ahorro previniendo esta situación, pues desde el gobierno de Tony Gali se nos venía comentado sobre la modernización de las unidades”. 

Los que interpondrán amparos

Por otra parte, un grupo de transportistas representados por Arturo Loyola, miembro de la Unión de Transportistas de Puebla (UTP), ha optado por la vía legal y se han amparado ante lo que llaman una “injusticia”. 

Foto: Olga Valeria Hernández

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El miércoles 5 de enero, mediante un comunicado publicado en distintos medios de comunicación, integrantes de la mencionada Unión de Transportistas de Puebla argumentaron que será imposible realizar la modernización, dada la “crítica situación económica de algunos transportistas”. 

Arturo Loyola, quien dijo tener la autorización y el respaldo de la Unidad de Transportistas, mencionó, en entrevista para LADO B, que lo que pretenden los transportistas es prestar un servicio de calidad; pero como es un servicio concesionado, el gobierno debe ser el que propicie las condiciones y los medios necesarios en infraestructura y en lo que respecta a una tarifa justa, con utilidad razonable, acorde a las necesidades económicas sociales de la ciudadanía.

Asimismo, según Loyola, en las pláticas sostenidas en septiembre de 2019, el Gobierno del estado les aseguró que no habría tarifa preferencial para los estudiantes, dado que esto vendría en detrimento de la calidad del servicio. A pesar de ese acuerdo inicial, el 21 de octubre se anunció por parte del gobierno estatal, que se fijaba la tarifa preferencial de $6.00 para estudiantes, lo cual, denuncia este grupo de transportistas, fue una decisión tomada de manera unilateral. Aunque aún sin ese descuento, confesó que no sería suficiente para lograr la modernización.. 

Loyola resaltó que el subsidio emitido por el Gobierno estatal para compensar la tarifa de estudiantes –mismo que es entregado cada mes, con previo registro, y que otorga $1.25 por cada viaje que hace un estudiante– no es suficiente para implementar la modernización de las unidades, pues aún se perjudica la economía de los concesionarios.

“Lo que planteamos es que se busquen otros mecanismos, como por ejemplo que la iniciativa privada, sindicatos y cámaras empresariales participen y no solo se le cargue la mano a los transportistas, o de plano que se brinde un apoyo especial a los transportistas trabajadores que no gozan de una economía estable”, dijo el integrante de la Unión de Transportistas de Puebla.

Al ser cuestionado sobre por qué el grupo de transportistas que él representa no rechazó el pacto desde el comienzo, al considerarlo una “injusticia”, Loyola fue ambiguo y argumentó que ellos siempre han estado dispuestos a acatar las leyes, pero no por ello renunciar a sus derechos.

Aunque se le buscó para una segunda entrevista en la que pudiera aclarar este punto, no se obtuvo respuesta de su parte. 

Los que dicen que necesitan tiempo y los que intentarán evitar las sanciones

Otro grupo de transportistas, como algunos concesionarios de la Ruta 72, que solicitan una prórroga, argumentando que el plazo de 120 días es insuficiente para adquirir el equipo necesario para modernizar las unidades. No obstante, tanto el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, como el secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, han manifestado en más de una ocasión que no habrá ninguna prórroga para el cumplimiento de los lineamientos de modernización vehicular. 

Sumado a esto, otro grupo de concesionarios, quienes han manifestado encontrarse en una situación económica en desventaja, respecto a otros de sus compañeros que están amparándose, han propuesto evitar de manera clandestina (tomando vías alternas y alertándose unos a otros sobre dónde se encuentran los operativos) los módulos de vigilancia donde se revisarán, a partir del 13 de febrero, todas las unidades de transporte del estado con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de modernización. 

Ante las medidas de los distintos grupos de transportistas, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, comentó estar al tanto de los amparos interpuestos y detalló que será decisión del juez de distrito determinar si se los concede o no. A la vez que reiteró que de no cumplir con las medidas de modernización pactadas para el 12 de febrero, se les retirarán las concesiones a los transportistas, tal y como se había pactado.