Foto: Martina Žoldoš

María José Andrade Gabiño

@MajoAg23

En diciembre de 2019, tras ocho meses de funcionamiento del programa piloto del IMSS, el gobierno federal anunció que de los 2.4 millones de trabajadoras domésticas que hay en el país, solo 11 mil 947 estaban afiliadas activamente. Es decir, menos del 1% de trabajadoras del hogar tiene seguro social aún con los cambios a la ley.

El programa surgió cuando en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo donde señaló como inconstitucional que no fuera obligatoria la afiliación de trabajadoras al Seguro Social, otorgando 18 meses para que esto fuera revertido. Por ello, en abril y mayo de 2019 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un programa piloto de afiliación y se reformaron la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social.

Ana Laura Aquino, activista que perteneció al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), explica en entrevista con LADO B que el bajo índice de respuesta se debe a una serie de deficiencias del programa de afiliación, aunadas a otros problemas culturales.

Entre las deficiencias del programa se encuentra que no permite dar de alta si la trabajadora gana menos del salario mínimo mensual –quedando fuera de él si ganan poco o si solo laboran unos días al mes–. También, el sistema no permite dar de baja la afiliación si la relación laboral termina. 

Con estas dificultades el Seguro Social no es asequible –pues tanto trabajadoras como empleadores dudan de la viabilidad de la afiliación–, pero también evidencia que el problema con sus derechos no solo es sobre si hay programas obligatorios o no, si no que hay un problema sobre la percepción del trabajo del hogar. 

“No hay una cultura de reconocimiento de derechos de las trabajadoras del hogar”, opina Aquino. Para ella, la afiliación es un avance a medias, sin planeación, que surgió solo como reacción a lo dictaminado por la SCJN y que, como prueba piloto que vencerá en 2021, sigue sin ser obligatoria, dejando a la voluntad del empleador el acceso al Seguro Social.

Los contratos son necesarios

El asunto de los contratos escritos es el más importante para Aquino. Este es obligatorio, según lo estipula el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que el presidente de la república ratificó el diciembre pasado.

No obstante, solo 2% de las trabajadoras en México tienen uno porque no hay instituciones o instancias que inspeccionen el cumplimiento de la ley, dando a los empleadores la facilidad de dejar a las trabajadoras en la informalidad, siendo el contrato escrito una prueba oficial de dónde y bajo qué términos laboran. 

De acuerdo con Aquino lo más urgente para garantizar que las leyes se cumplan respecto al trabajo doméstico es la creación de una instancia de inspección desde las secretarías del trabajo, que compruebe que cuentan con un contrato y que lo estipulado en este se cumpla, como el salario adecuado –aunque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sigue sin tener un tabulador para este tipo de empleo–, los horarios, las prestaciones, etc.  

También cree necesaria una difusión amplia e incluyente sobre derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, para que las trabajadoras del hogar dejen de ser el colectivo más explotado del mundo. 

En México, 2.4 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, tercer trimestre de 2019), y 92% de estos trabajadores son mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, solo 1 de cada 10 trabajadoras cuenta con prestaciones y solo 2% tiene contrato. 

En conclusión, las mujeres trabajadoras del hogar en México no tienen los derechos laborales mínimos que cualquier otro trabajo debe tener. 

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El informe mundial de la organización Oxfam, titulado “El tiempo para los cuidados: el trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad” (publicado hace una semana), afirma: “las trabajadoras del hogar, el colectivo más explotado del mundo”. 

Además, señalan la explotación de estas trabajadoras como un eje fundamental que reproduce y profundiza la desigualdad en México y en el mundo, pues más de 8 mil millones de dólares le son robados a las trabajadoras domésticas al año por los pagos injustos y las nulas prestaciones. 

La Oxfam concluye que el trabajo del hogar debe tener un reconocimiento efectivo legal y cultural como cualquier otro oficio. 

Trabajadoras del hogar en Puebla

De acuerdo con el estudio Las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó en 2014, Puebla capital es una de las ciudades, junto con Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde los salarios son más bajos para las trabajadoras del hogar –que no viven en la casa donde laboran–, con un promedio de 911.95 pesos a la semana. Para este estudio se realizaron encuestas en seis ciudades: Puebla, Guadalajara, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Ciudad de México.

Aparte de ese dato, ninguna instancia del gobierno estatal de Puebla tiene datos abiertos sobre cuántas personas en la entidad se dedican al trabajo del hogar. 

Sin embargo, es un tipo de trabajo que no puede ser ignorado; que se practica y se paga todos los días en la informalidad, sin contratos ni acceso a prestaciones.

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En entrevista para LADO B, Catalina Aguilar, subsecretaria para la Prevención de la Discriminación y la Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado, mencionó que la dependencia planea elaborar diagnósticos sobre las trabajadoras del hogar como grupo donde se interseccionan diferentes discriminaciones –misoginia, machismo, racismo, clasismo– y por ello no tienen acceso a sus derechos aunque estén reconocidos por la ley.

Asimismo, Aguilar mencionó que se está trabajando en una campaña sobre el reconocimiento del valor del trabajo doméstico, sea remunerado o personal, pues es una de las actividades donde se concentran diversas situaciones de desigualdad por género. 

“Hay una relación directa [con la discriminación]. Tiene que ver con la invisibilización que se le da al trabajo doméstico. Estamos trabajando con una campaña para que se vea el valor del trabajo doméstico. Por un lado, para que se reconozca y la distribución de las tareas del hogar sean más equitativas entre los integrantes de las familias y, por otro lado, para que sea remunerado y se vea que las trabajadoras domésticas deben tener todos los derechos”, explicó Aguilar.