Foto: Olga Valeria Hernández

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera 

María del Carmen Carabarín Trujillo rindió protesta este jueves 30 de enero como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas en Puebla, con casi tres meses de retraso de la fecha en que debió entrar en funciones dicho organismo, y en un evento con más funcionarios que familiares de personas desaparecidas.

El presídium fue ocupado por autoridades estatales y federales, como el subsecretario de derechos humanos, de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, junto con Aarón Mastache, del Mecanismo de Protección, diputadas locales y funcionarios de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. 

Como representante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla estaba Rocío Limón, mamá de Paulina Camargo, la joven mujer que desde el 25 de agosto de 2015 está en calidad de desaparecida, con la presunción de que fue víctima de feminicidio. Pero la señora Rocío estaba sola en medio de funcionarios.

En el acto protocolario tomaron la palabra el gobernador Miguel Barbosa, Alejandro Encinas, la actual encargada de despacho, Raquel Medel, y la nueva comisionada. 

En sus intervenciones dieron cifras y dijeron que hay compromiso en la búsqueda de personas, que hay presupuesto y voluntad política, a pesar del retraso en el nombramiento. 

La actual comisionada dijo en su discurso que el órgano autónomo que ahora preside tiene como finalidad buscar y encontrar a las personas, pero que su trabajo no es investigar.

Entre los invitados había presidentes municipales y representantes de distintas dependencias de ayuntamientos, pero ninguna víctima indirecta, o sea ningún familiar. 

Y cuando la mamá de Paulina Camargo pidió la palabra el gobernador le dijo que se esperara a que él terminara de hablar, y que su participación fuera breve, porque para asuntos más específicos estaban los martes ciudadanos donde ya ha tenido oportunidad de hablar. 

De los otros integrantes del Consejo Ciudadano estaba Omar Esparza, defensor de derechos humanos de Tehuacán, pero faltó María Luisa Núñez Barojas, integrante y vocera del colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, quien fue informada del evento apenas una noche antes.

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Para María Luisa el hecho de que solo dos familiares sean parte del consejo, sin haberse emitido una convocatoria ni haberse tomado en cuenta a las más de 2 mil familias de personas desaparecidas en Puebla –según cifras oficiales– le parece incorrecto.

Aunque el colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” ha reiterado la voluntad de trabajar con las autoridades y espera que los nombramientos y cambios sean positivos, María Luisa insiste en que las cosas deben hacerse con total transparencia.

“No pueden hacer agua de limón sin limones. Los expertos podrán tener mucho conocimiento pero si ellos no se ha enfrentado a los golpes del día a día como nosotros, no estamos hablando el mismo lenguaje”, dijo a LADO B.

Los familiares del colectivo –que no es el único en la entidad– denunciaron públicamente desde el año pasado que el proceso para la selección del comisionado fue opaco y no se les incluyó en el mismo. Además, respecto a los nombramientos del Consejo Ciudadano, tampoco supieron cuál fue el proceso ni las especificaciones.

María Luisa relató a LADO B que fueron citados en una primera ocasión, y el segundo llamado fue cambiado de las 16:00 a las 21:00 hrs. 

Al llegar resultó que era para nombrar a los consejeros ciudadanos, y al recinto no dejaron ingresar a tres familiares que iban con ella.

De Carmen Carabarín se sabe poco. Al hacer una revisión hemerográfica y curricular se puede constatar que es licenciada en Derecho por la BUAP y maestra en Criminología por el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla. 

Tiene experiencia como docente y capacitadora en cursos para peritos y policías en Puebla, Tlaxcala y Guerrero, y una especialidad en grafoscopía, pero nada que acredite su experiencia dando acompañamiento directo en casos de desaparición de personas.

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