Foto: Marlene Martínez

Dafne García

@dafnebetsabe2

Hace unos días la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), que el INEGI publica trimestralmente, ubicó a la ciudad de Puebla como la urbe en donde sus habitantes se sienten más inseguros en todo el país. En contraste, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que durante los últimos seis meses del 2019, las Carpetas de Investigación (CDI) iniciadas por las autoridades disminuyeron en Puebla. 

Ni las cifras, ni las tendencias concuerdan.

Aunque los números no mienten, y en este caso se miden cosas diferentes: en el primer caso percepción, en el segundo denuncias investigadas; la inseguridad es un tema de muchas y complejas aristas, que pasan por la normalización social de la violencia, la desconfianza en las autoridades y la cifra negra en la denuncia de delitos.

Eso explica, en parte, por qué ciudades con tasas más altas en incidencia delictiva tienen percepciones de inseguridad menores a las que reporta Puebla.

Pero también es cierto que Puebla ha vivido en los últimos años un repunte en la incidencia delictiva, que alcanzó su techo a mediados del año pasado, y que la respuesta de las autoridades no ha sido lo rápida que se esperaba, sobre todo con el cambio de partido en el poder.

Lado B realizó un cruce de datos para comparar la evolución de estos dos indicadores (porcentaje de percepción de inseguridad y número de CDI) en el lapso de julio de 2016 a diciembre de 2019.

En la gráfica se puede observar lo dicho anteriormente: la PI y el número de CDI no parecen tener una relación significativa entre ellos. 

“No necesariamente a mayor número de carpetas, mayor percepción de inseguridad”.

En entrevista para LADO B, Brenda Elguea Zanella, directora de información del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) mencionó que, de acuerdo con lo que han observado desde el Consejo, el número de CDI no tiene impacto directo en la percepción de inseguridad: “No necesariamente, a mayor número de carpetas, mayor porcentaje de percepción de inseguridad”.

Con el fin de obtener un indicador de seguridad objetivo, el CCSJ realizó recientemente un análisis en el que recopiló datos de CDI iniciadas de enero a noviembre de 2019 en las ciudades que analiza la ENSU, para así obtener la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes y de esa forma tener una medición de la frecuencia con la que suceden –uno de los 22 delitos tomados en cuenta– en un municipio determinado.

Una de las conclusiones en dicho documento fue que la incidencia delictiva (seguridad objetiva), es decir, el conteo de las CDI, puede no ser un factor que determine el incremento o decremento de la PI (seguridad subjetiva).

Lo que se descubrió fue que “respecto a la incidencia de los 22 delitos que impactan en la percepción de inseguridad, la ciudad de Puebla se encuentra en el lugar 40 de las 86 ciudades y alcaldías que evalúa la ENSU”. 

Este dato es relevante ya que, aunque Puebla es percibida como muy insegura, viéndolo desde los porcentajes de la ENSU, en realidad tiene una tasa de incidencia delictiva no tan alta, de acuerdo con el análisis realizado por el CCSJ. 

En cambio, algunas ciudades que en la encuesta de la ENSU tuvieron un porcentaje bajo de PI, tienen una tasa mucho más alta que la de Puebla.  

Los primeros cuatro lugares en el ranking que realizó el CCSJ y que tenían una tasa mayor de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes fueron: las alcaldías de Cuauhtémoc (2,791.5), Benito Juárez (1,938.4), Miguel Hidalgo (1,902.7) y la ciudad de Colima (1,835.8). Por su parte, Puebla tuvo una tasa de 871.3.

Normalización de la violencia

Una de las explicaciones de por qué en ciudades donde se registra una alta incidencia delictiva no siempre se perciben como lugares más inseguros es la normalización de la violencia.

“Hay municipios que están por la zona norte que tienen una alta incidencia de delitos, incluso del fuero federal, y al ser encuestados no mencionan sentirse inseguros. Eso es porque ya tienen normalizadas ese tipo de situaciones mientras que en Puebla no sucede así”, explicó Elguea.

Entre los datos de la ENSU se refleja esta situación. Por ejemplo, en el indicador de atestiguación de delitos y conductas antisociales, una de las situaciones reportadas con mayor frecuencia en ciudades con una menor PI respecto a Puebla fueron los disparos con armas: en Ecatepec de Morelos (Estado de México) 77.9%, en Reynosa (Tamaulipas) 70.6% y en Uruapan (Michoacán) 71.6%. 

Si bien el número de CDI y la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes son indicadores objetivos para medir la inseguridad, tampoco logran reflejar la totalidad del fenómeno ya que todavía hay un alto número de delitos que no se denuncian.

La doctora Luz Anyela Morales, investigadora de la Facultad de Criminología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),  y consejera del CCSJ, explicó en entrevista para LADO B que es importante considerar la cifra negra, que durante 2018 fue de 93.2%, “lo que quiere decir que de 100 delitos solo se denuncian 7 y 93 se quedan sin denunciar”.

Entonces para hacer un análisis acerca de la inseguridad en determinada zona, hay que tener cuidado al manejar cifras de incidencia delictiva ya que estas corresponden a los registros de CDI pero se está dejando afuera la cifra negra. Por otra parte, “también debemos considerar el tipo de delitos porque no en todos tenemos la misma cifra negra”.

Efectos de la percepción de inseguridad

Tras darse a conocer los resultados de la ENSU, algunos sectores de la sociedad comunicaron su postura ante la alta percepción de inseguridad en Puebla. 

El Consejo de Estudiantes del Estado (CEDE), por ejemplo, ofreció una rueda de prensa el 20 de enero para hacer un llamado a las autoridades a mejorar sus estrategias de seguridad; también mencionaron que, de acuerdo con el monitoreo que realizan desde el propio CEDE, el 53.7% de los estudiantes universitarios se sienten inseguros al salir de sus respectivas instituciones.

Anyela Morales hizo énfasis en que la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad son dos conceptos diferentes:

“Cuando hablamos de percepción de inseguridad, nos estamos refiriendo específicamente a ese sentir subjetivo de las personas, a qué tanto miedo sienten. Hay dos componentes de esa percepción: un componente emocional y un componente cognitivo. El componente emocional se refiere al miedo que se siente frente a la posibilidad de ser víctima de un delito, y la parte cognitiva es el riesgo que se calcula de ser víctima. Por otra parte, la incidencia delictiva intenta ser una medida más objetiva, basarse en datos, ¿cuántas carpetas de investigación se iniciaron? ¿cuántos registros tenemos de delitos?”.

Si bien la PI no es una medida objetiva, se han documentado y estudiado los efectos negativos que esta puede llegar a causar, como la fractura del sentimiento de comunidad, la transformación de los lugares urbanos en zonas vacías, miedo, ansiedad, modificación de hábitos de las personas y debilitación de los vínculos sociales.

Desconfianza a las autoridades

Otra de las consecuencias negativas de una alta PI es la desconfianza hacia las autoridades y el Gobierno. 

En Puebla, de acuerdo con la ENSU, 55.2% de los poblanos tiene algo o mucha desconfianza hacia la policía preventiva municipal y 54.2% hacía la policía estatal, mientras que 8 de cada 10 poblanos considera que el Gobierno es poco o nada efectivo en resolver las problemáticas de la ciudad.

Para Eduardo Olea, miembro del CEDE, hay una relación entre la PI y el desempeño del sistema penal, puesto que en el caso de Puebla hace falta capacitación a los primeros respondientes de algún hecho delictivo, es decir, a los policías, pues cuando los denunciantes observan que las CDI no tienen avances, o que los detenidos por algún delito quedan en libertad impunemente –debido a errores de investigación o de omisión de los primeros respondientes–, la gente ya no va a denunciar porque piensa que no hará alguna diferencia.

“Lo que tenemos que trabajar es el tema de la cultura de la legalidad, que también engloba el tema de la cultura de la denuncia, la coordinación y el trabajo por parte de la Fiscalía y obviamente las instituciones que también son parte, no directamente. pero que están entrelazadas al sistema penal acusatorio”, explicó Olea. 

Para la psicóloga Anyela Morales, una de las estrategias que podrían reducir la alta percepción de inseguridad está en el acceso a más información: 

“Desde el CCSJ hemos tenido un acercamiento muy importante a nivel gubernamental con la policía. Creo que lo que habría que hacerse es visibilizar el trabajo que se ha estado logrando, no sólo ver lo que no hemos hecho y cómo estamos de mal, sino también qué cosas hacemos y en qué cosas hemos avanzado”.

Por otra parte, explica que las estrategias de control de la delincuencia no deben ser puramente reactivas:

“Necesitamos ver, por ejemplo, qué tanto hemos estado haciendo en cuanto a desarrollo social, en las zonas donde sabemos que se concentran la mayor cantidad de delitos, o la mayor cantidad de personas vinculadas con el actuar delictivo; qué tanta esperanza le estamos dando a la sociedad en cuanto a que haya alternativas viables y económicas dentro de la legalidad, en contraste con las opciones que se dan en la ilegalidad”.

Finalmente agregó que también tendría que haber continuidad en las políticas y los procesos. “No es necesario cambiar una política completa si hay algo que está funcionando bien”. Asimismo, dijo que debería haber un proceso frecuente de evaluación objetiva de las políticas públicas en materia de seguridad para ir mejorándola con el tiempo.