Javier Yankelevich

Corre el mes de diciembre de 2006 y el agente del Ministerio Público Federal Roberto Enrique Terrón Sánchez consigna una Averiguación Previa por desaparición forzada ante el Juzgado Noveno de Distrito en Sinaloa. Los días de Terrón en este tipo de investigaciones están contados, pues la extraña oficina en la Procuraduría General de la República (PGR) de la que forma parte muy pronto será disuelta y sus miembros despedidos o dispersados. El folio del expediente es PGR/FEMOSPP/018/2004.(1) El nombre del acusado es Esteban Guzmán Salgado, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien será hallado responsable en 2009 de la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, que comenzó en 1977 y a la fecha no ha terminado.

Guzmán es el único ejecutor del terrorismo de Estado durante la guerra sucia que ha recibido una sanción penal en México, y es también el único triunfo de la FEMOSPP, cuyas siglas significan Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Esta Fiscalía, creada y disuelta por Vicente Fox, debía investigar y llevar ante la justicia a los perpetradores de las masacres de 1968 y de 1971, de las desapariciones forzadas de la guerra sucia y de numerosos homicidios políticos. Pero de su modesto éxito en el juicio contra Guzmán no se enteraron siquiera sus integrantes. Lo desconocen incluso los estudiosos de su trabajo.

Todavía en la más reciente investigación al respecto, escrita por el profesor de la Universidad de Oxford Ezequiel González, se afirma que: “(La FEMOSPP) preparó y consignó numerosas acusaciones contra oficiales militares de alto perfil y un ex presidente, pero sus esfuerzos fueron en vano […] ninguno de los casos llevados ante las cortes penales resultaron en condenas. De hecho, ninguno de ellos alcanzó la etapa de juicio”.(2)

Pero no fue así. Los documentos que los perpetradores atesoraban en su archivo de inteligencia, el valiente testimonio de un hombre que sobrevivió a su desaparición forzada, la acusación final de una fiscalía agonizante y la curiosidad de un secretario en un Juzgado federal lograron la primera y única sentencia contra un agente del Estado por una de las centenas de desapariciones forzadas cometidas durante la guerra sucia.

Versión pública del expediente judicial de la causa penal 179/2006 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Sinaloa, obtenida mediante la solicitud de información folio 0320000429718 dirigida al Consejo de la Judicatura Federal

La desaparición

Es 1977, Miguel Hernández Valerio tiene 19 años, vive en Mazatlán y está inscrito en la Preparatoria Rosales Nocturna de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Llegó allí a estudiar gracias al apoyo de su familia en Veracruz y a la invitación de Maximiliano, un amigo de la infancia con el que comparte cuarto en una casa de estudiantes. Miguel se mantiene gracias a lo que su hermana Concepción le envía mediante giros telegráficos, y de su trabajo en la librería de Melvin Cantarell, filósofo y profesor de la Preparatoria. A mediados de septiembre de 1977, Maximiliano huye de Mazatlán, se ve con Concepción y anota dos nombres al reverso del último giro que ésta hizo a su hermano: Manuel y José. Son los de dos jóvenes que junto con Miguel fueron secuestrados por la Policía Municipal de Mazatlán y la Judicial de Sinaloa en la pensión.

Por esos días, el profesor Cantarell acude al bufete jurídico de la UAS y pide ayuda para buscar a los muchachos. Los abogados, la novia de Manuel, un hermano de Miguel (que se traslada desde Veracruz para buscarlo), y el juez ante el que promueven un amparo, tocan las puertas que pueden, pero todos niegan los hechos, a excepción de un policía municipal que reconoce que “los están investigando”. A fines de septiembre Manuel, José y Rubén (un amigo de José que entonces se supo que estuvo detenido y desaparecido junto con ellos) aparecen.

De Miguel, en cambio, nunca volvió a saberse nada.(3) Él es una de las casi 800 personas cuya desaparición forzada investigó la FEMOSPP, y de las 942 personas desaparecidas durante la guerra sucia que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas incorporó al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en diciembre de 2019. En 2005, 28 años después de ver a Miguel por última vez, su amigo José declaró frente al Agente Terrón de la FEMOSPP la secuencia de calabozos clandestinos en los que fue interrogado, y su traspaso a las manos de agentes federales. Su testimonio fue recogido en tercera persona:

En [la casa de estudiantes] son interrogados a base de amenazas de muerte y de golpes, acerca de la propaganda subversiva denominada “Madera”, acusándolos de pertenecer a la LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE, diciéndoles que les iban a dar en su madre por rojillos y comunistas, posteriormente a las pocas horas, son trasladados a unas oficinas […] y es aquí donde […] los elementos policiacos municipales [los entregan] a una persona […] que ahora sabe, ya que en este acto se le ponen a la vista sus fotografías, es […] ESTEBAN GUZMÁN SALGADO.

El agente Guzmán trabaja en la DFS, una de las dependencias del gobierno federal encargadas del espionaje político, es decir, de la articulación de una vasta red cuyo trabajo consiste en seguir a los opositores, asistir a todo evento que oliera a subversión y reportar “a la superioridad”. Pero esto no es todo. La DFS también es artífice de la política contrainsurgente del gobierno, para lo cual dispone de sus propias cárceles clandestinas y torturadores, como la que evoca José en su declaración:

[GUZMÁN fue quien] dio la orden para que los pasaran a un vehículo que no se encontraba rotulado […], es en este lugar donde los esposan y los vendan, llevándolos hacia el rumbo del faro por el puerto, a un calabozo, […] donde permanecen por un lapso de cuatro días […], lugar en el que son interrogados y torturados constantemente a fin de que declararan en torno a la propaganda subversiva, dichas torturas consistían en golpes en todo el cuerpo, también los acostaban boca arriba y se dejaban caer sobre ellos, les daban múltiples patadas y con pinzas les presionaban los dedos, además, constantemente los insultaban verbalmente, les decían que los iban a matar y que los iban a golpear, les ponían el arma sin balas en la boca obligándoles a jalar el gatillo.

Atadas y vendadas, aisladas de todos aquellos que podrían brindarles auxilio y completamente a merced de sus torturadores, las víctimas de desaparición forzada pierden toda noción del tiempo y el espacio. Su condición no sólo implica una sustracción a la protección de la ley, sino que los detenidos-desaparecidos están, en palabras del historiador Camilo Vicente, “suspendidos de su mundo”, atrapados en un “tiempo infinito”. Antes de la definición final que le permite a José conservar su vida, el circuito de la desaparición le reservaba una parada más. Esto es lo que recuerda de su prolongada estancia en instalaciones militares:

De este lugar […] son trasladados en una camioneta por elementos armados a un lugar el cual presume se trataba de la novena zona militar de Culiacán, Sinaloa […] es en el trayecto donde por última vez se percata de la presencia de MIGUEL ÁNGEL […] En esta zona militar referida se encontró aproximadamente un mes o mes y medio, y recuerda que en una ocasión al dirigirse hacia el baño un militar […] le da una bofetada diciéndole “PINCHE MOCOSO COMUNISTA”, y a consecuencia de este golpe cae rodando por unas escaleras, y al levantarse es nuevamente golpeado, pero ahora por muchos militares, insultándolo grotescamente. […] Son subidos a un vehículo militar […] y en la carretera de Culiacán a Mazatlán, son bajados del mismo, encontrándose completamente desnudos y profundamente golpeados. […] el de la voz nunca vuelve a saber nada acerca de MIGUEL ÁNGEL.

Gilberto Arroyo López, Orlando Miguel Anaya y Edmundo Hernández Borrego, detenidos-desaparecidos el 21 de septiembre de 1977 en Los Mochis por la policía municipal y el Ejército. Fueron trasladados a un centro de detención operado por la DFS donde se encontraba Miguel Ángel Hernández Valerio. Fuente: AGN

Las leyes definen restrictivamente los lugares en que los civiles pueden estar privados de la libertad, y las instalaciones militares no entran en la lista. Esto las hizo atractivas como centros clandestinos de desaparición y tortura: la capacidad de fuego castrense se complementó con el blindaje que la informalidad ofrecía ante los mecanismos de control judicial, que no están preparados para intervenir en cárceles que jurídicamente no existen, de ahí el fiasco del juicio de amparo que se promovió para salvar a Miguel. Bien claro lo deja Miguel Nazar Haro, uno de los más célebres directores de la DFS, a una de las víctimas de sus torturas cuyo testimonio recaba la FEMOSPP en 2002: “Cuando está de por medio la Seguridad Nacional, no hay constitución ni leyes que valgan una chingada”.

En entrevista, 42 años después de su calvario, José, entonces de 59 años, me cuenta que para septiembre de 1977 estaba de paso por Sinaloa para recoger su certificado de preparatoria, y que para acompañarlo en el viaje reclutó a su compadre Rubén. Explica que nunca tuvo vínculos con la guerrilla, menos todavía Rubén, al que la tortura dejó secuelas por las que se siente responsable. Él mismo padece aún dolores producto de los tormentos a los que fue sometido, y tiembla al recordar el episodio.

Hoy José, a quien su familia prohibió hablar sobre su desaparición por miedo a represalias, preside una asociación llamada Derechos Humanos Tonal. A su valiente desobediencia, producto de “esa esperanza de que no le sucediera a nadie por tener diferencias ideológicas o por llegar en el mal momento”, México debe la primera sentencia condenatoria por las atrocidades de la guerra sucia. La única.

Testimonio de José dentro del expediente PGR/FEMOSPP/018/2004. Fuente: solicitud de información folio 0320000429718 dirigida al Consejo de la Judicatura Federal

Insurgencia y contrainsurgencia

En 1973 distintos grupos guerrilleros deciden unirse y formar la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). El nombre de la organización le viene de la fecha del frustrado asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, en 1965, un hito fundacional de la guerrilla en México. El título del periódico de la Liga, Madera tiene idéntico origen. Madera es lo que Miguel reparte en Mazatlán en 1977. Se trata de una publicación propagandística: se espera de los simpatizantes y militantes de la organización que la distribuyan para politizar a obreros, estudiantes y campesinos. Los jóvenes combatientes y sus aliados sueñan, inspirados por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, con tomar el poder y disolver la estructura clasista de la sociedad.

Para 1977, la LC23S ha sufrido múltiples derrotas a manos de las agencias de espionaje y seguridad que se articulan para destruirla, pero sus comandos en Sinaloa intentan reorganizarse aprovechando la movilización en la UAS y el descontento con el encarecimiento de la vida. Ante esto, el gobierno estatal decide tomar medidas drásticas y crea su propia estrategia contrainsurgente, sirviéndose de la militarización que trajo consigo la Operación Cóndor, cuyo fin declarado es combatir el narcotráfico. 1977, año en que Miguel fue desaparecido, marca el clímax represivo en Sinaloa: él es uno de los 27 detenidos-desaparecidos permanentes en el Estado contabilizados por la FEMOSPP en ese año, contra 10 en 1976 y 3 en 1978. La colaboración entre policía municipal, judicial, DFS y ejército que la desaparición de los jóvenes exhibe es clara ilustración de este esquema interinstitucional. Esquema que aparentemente rindió frutos, pues “entre julio de 1977 y febrero de 1978 la LC23S fue completamente aniquilada en Sinaloa”.(4)

La carrera del agente Guzmán en labores de seguridad y espionaje, que comenzó en el Servicio Secreto de la Jefatura de Policía del Distrito Federal a finales de los años cincuenta, continuó en los Servicios Especiales de la Presidencia, alcanzó su clímax como Jefe de Grupo de la DFS en Jalisco, y tuvo su ocaso en la policía judicial de la Procuraduría capitalina, aporta una ilustración complementaria de la transversalidad de la política contrainsurgente: la articulación de policías, espías y soldados, así como su reciclaje en distintas instituciones, se sostenían en una firme alianza política. La fragmentación funcional y federal del poder público no fue obstáculo para reprimir.