Crisis en Venezuela: gobierno censura información medioambiental y científica
Venezuela es una de las naciones con más biodiversidad del mundo. Sin embargo, su gobierno mantiene ocultas estadísticas científicas y medioambientales
Por Lado B @ladobemx
14 de enero, 2020
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Vista de las mesetas tepuyes en el Parque Nacional Canaima, Venezuela. Los tepuyes están entre las formaciones rocosas más antiguas del planeta y son la base de ecosistemas únicos del Amazonas venezolano. Foto: Paolo Costa Baldi GFDL / CC-BY-SA 3.0.

Jeanfreddy Gutiérrez Torres | Mongabay Latam

Se considera que Venezuela figura entre los países con más biodiversidad de la Tierra. Su riqueza acuática y terrestre se extiende, por el norte, desde las aguas, los pantanos de manglares y las playas del mar del Caribe; por el interior, a lo largo de la vasta red de ríos biológicamente exuberantes, como el Orinoco; hacia el oeste, hasta Los Andes; y por el sur, hasta las mesetas y montañas amazónicas cubiertas por la exuberante selva tropical. El país alberga de todo, desde manatíes, perezosos y jaguares, hasta 1400 especies de aves y 25 000 variedades de orquídeas de bosque nuboso solamente.

Es por esto que, en el pasado, era común que los venezolanos presumieran orgullosamente de que su país poseía tantas riquezas ecológicas que la gente ni siquiera sabía que tenían. Sin embargo, esa feliz perogrullada ahora se ha invertido y, en menos de una década, se convirtió en una realidad irónica.

En 2012, el gobierno federal interrumpió oficialmente la publicación de su índice de producción pesquera nacional, junto con una lista de las playas adecuadas para el uso por parte del hombre: aquellas seguras para la pesca, la natación y el surf. Desde entonces, muchos otros índices medioambientales importantes se han ocultado de la vista del público. Esta tendencia hacia el secretismo de datos en una sociedad democrática se ha intensificado en gran medida en el gobierno de Nicolás Maduro (2013-actualidad) y ha tenido muchos efectos negativos.

El ocultamiento de datos nacionales sobre el medioambiente implica que los investigadores, los reguladores, las ONG, los activistas, los tribunales y otros organismos institucionales ya no tengan datos de referencia en función de los cuales realizar mediciones. La falta de estadísticas anuales y a largo plazo impide la comparación de condiciones pasadas y presentes y, así, paraliza muchas actividades vitales, entre ellas, la creación de evaluaciones de impactos ambientales (EIA), la aplicación de leyes en contra de los contaminantes, la realización de pronósticos y la adaptación exitosa al cambio climático.

El cierre de puertas a la información

Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), muchos índices macroeconómicos y sociales se difundían públicamente para mostrar los avances de la sociedad en cuanto a la educación, la salud y los ingresos personales —en mayor medida, el resultado de la extracción que hizo Chávez de la riqueza petrolera de la nación (que entonces fluía a más de $100 por barril)  a través de varios mecanismos de distribución de ingresos que hicieron que Venezuela se convirtiera en la nación más acaudalada de Sudamérica—.

No obstante, cuando se produjo la dramática caída del precio del petróleo junto con el colapso de la producción petrolera de Venezuela, esos índices societarios empezaron a descender y llegó la censura estadística. Un ejemplo: en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la sección “Ambientales” muestra cifras de deforestación, calidad del aire, energía producida y consumida, cantidad de autos en la ruta y hasta recolección de residuos congelados desde 2011.

“Todos los datos estadísticos se miden y recopilan, pero su publicación no está permitida”, explica un exempleado del Ministerio de Ecosocialismo que habló con Mongabay con la condición de mantenerse en el anonimato.

El ocultamiento de información estadística es rampante en toda la administración de Maduro. El gobierno no publica los datos oficiales sobre la desastrosa inflación de Venezuela desde 2017 —que fuentes externas han proyectado que alcanzó 1 millón por ciento en 2019—  y, desde el 2012, no publica ni las causas de muerte ni las cifras de vehículos robados. Las tasas de desempleo, los registros de asistencia escolar, incluso la cantidad de nacimientos, divorcios y suicidios están muy desactualizados.

La excusa habitual para la falta de datos a disposición de los ciudadanos, de los activistas y de los periodistas es la falta de “autorización de un superior”. Un informe de responsabilidad de 2015 publicado por el Ministerio de Sanidad demuestra la naturaleza kafkiana de la burocracia venezolana bajo el presidente Nicolás Maduro. El documento observa que los organismos estatales han proporcionado los datos al ministerio nacional para el índice de mortalidad de 2013, cuya publicación pendiente “solo está a la espera de su aprobación”. Al 2019, los datos de 2013 permanecen ocultos.

La compañía Hidrocentro refleja los riesgos potenciales de la confidencialidad de los datos. Esta compañía regional de agua cerca de Caracas, que abastece a Aragua y Carabobo, dejó de publicar todos los datos sobre calidad del agua en su sitio web a mediados de 2018 sin explicación. Previamente, la empresa publicó solo 11 de los 58 índices exigidos por ley, que demostraban, por ejemplo, la cantidad excesiva de cloro usada para controlar la calidad deficiente del agua en las reservas y en las plantas de tratamiento de agua, según un informe de 2015 del Ministerio de Ecosocialismo. Los datos relativos a los derrames de petróleo en los ríos de Venezuela también han desaparecido.

El profesor Alejandro Álvarez Iragorry de la Coalición Clima 21 e integrante del equipo que proporciona información medioambiental a la Asamblea Nacional de Venezuela, explica los peligros relativos a la falta de transparencia: “Estamos pagando por esta falta de información y conocimiento medioambiental con nuestro derecho a un mediombiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, así como con la falta de servicios como agua y electricidad”.

Para él, la censura extrema está anclada a la perspectiva ideológica de la verdad que tiene el gobierno. La catastrófica crisis económica, la terrible inseguridad financiera y la diáspora nacional que se acentúa (aproximadamente, 4 millones de venezolanos se han ido del país) constituyen una gran vergüenza para el gobierno socialista de Maduro. De modo que los registros estadísticos, que es posible que aún se estén llevando, siguen sin publicarse porque proyectan una imagen negativa.

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*Foto de portada: Paolo Costa Baldi GFDL / CC-BY-SA 3.0.

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Lado B
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