En julio de 2019, el ex presidente Evo Morales firmó un decreto supremo que permitía la expansión agrícola y las quemas controladas en el Beni / Foto: Fegabeni.

Yvette Sierra Praeli | Mongabay Latam

Las leyes que permiten la expansión del territorio agrícola en Bolivia están nuevamente en el centro de la discusión, luego de que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitiera una resolución pidiendo que sean derogadas.

En esta resolución, el organismo internacional conmina al gobierno de Jeanine Áñez a revocar las disposiciones legales que favorecen y alientan las quemas y la deforestación, al mismo tiempo que demanda a los gobiernos a detener las actividades de agronegocio, sobre todo aquellas que se realizan sin evaluación de impacto ambiental como la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel que se promueven en Bolivia.

Desde los incendios ocurridos en el Chaco y la Chiquitanía, entre julio y setiembre de 2019, las normas relacionadas con la expansión agrícola y ganadera aprobadas durante el gobierno de Evo Morales han sido duramente criticadas, pues se consideran que los incendios que destruyeron más de cinco millones de hectáreas fueron promovidos por el interés de ganar tierras para la agricultura y promover las quemas controladas.

“La resolución del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza no es vinculante, pero si ético. En el caso de Bolivia es importante porque nuestro país tiene la Constitución de la Madre Tierra”, dice Pablo Solón, director de la Fundación Solón.

El nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni, aprobado en la Asamblea Departamental del Beni, es una de las normas que ha causado controversia en Bolivia y está entre el paquete de leyes que el tribunal internacional exige derogar.

La norma, aprobada por el gobernador Alex Ferrier en octubre del 2019, durante el gobierno del ex presidente Evo Morales, permitirá el cambio de uso de suelo para fines agropecuarios hasta en cinco millones de hectáreas.

Desde su promulgación, esta decisión ha sido rechazada por líderes indígenas de la región pues, según indican, no fueron consultados y tampoco informados sobre los detalles de la norma.

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*Foto de portada: Fegabeni