Foto: Marlene Martínez

Roberto Alonso 

@rialonso

“Puebla vivió en los años previos a 2018 una clara situación de autoritarismo local. Puede considerarse un caso de democracia delegativa: el acceso al poder es democrático, pero no su ejercicio. Las elecciones son razonablemente libres y con competencia, pero el ejercicio del poder careció de balances y contrapesos”. “El gobierno de Moreno Valle y el de su continuador interino (sic), Antonio Gali, no tuvieron ni en el Congreso local ni en los organismos autónomos contrapesos a su acción. El Poder Judicial estuvo también subordinado al Ejecutivo”. “El gobierno del estado también trató de controlar la prensa”.

Estas son algunas líneas de apreciación cualitativa contenida en el Índice de Desarrollo Democrático de México 2019 (IDD-Mex), elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, PoliLat, el Instituto Nacional Electoral, el Centro de Estudios Político y Sociales, y la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México. En la edición 2019 del IDD-Mex, cuyo propósito es evaluar el desarrollo democrático en las 32 entidades del país, Puebla se mantiene en la posición 27 de la tabla nacional, encabezada por Aguascalientes con 10,000 puntos, y en cuyos últimos lugares se encuentran Guerrero, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca con 0; 1,770; 2,098; 2,668 y 2,808 puntos, respectivamente.

De acuerdo con el estudio que se realiza desde 2010 (y que se hace con la medición de 22 indicadores agrupados en cuatro dimensiones: democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y democracia económica), Puebla forma parte de los estados agrupados en la categoría “bajo desarrollo democrático”, con 3,007 puntos. Sin embargo, en la lista es el último de los estados en esta categoría, lo que lo coloca, en realidad, más cerca de las cinco entidades con “mínimo desarrollo democrático”. Hace un año, en el IDD-Mex 2018 Puebla se hallaba en este segundo grupo, del que formó parte en cinco ocasiones consecutivas desde 2013.

Por dimensiones, las posiciones que ocupa Puebla son las siguientes: lugar 12 en democracia económica, 16 en democracia de los ciudadanos, 29 en democracia social y 32 en democracia de las instituciones. Como se puede notar, Puebla es la entidad peor evaluada en democracia de las instituciones, referida al estado de derecho, la calidad institucional y la eficiencia política. Así se explica la valoración cualitativa del informe y, desafortunadamente, el saldo también negativo en democracia social, entendida como el aseguramiento del bienestar y la equidad a partir de los efectos de la gestión pública.

Sin entrar en detalles del IDD-Mex, una rápida lectura de sus resultados permite plantear que un déficit en términos de democracia institucional puede tener consecuencias en materia de democracia social. O, más claro: que el autoritarismo es capaz de vulnerar derechos sociales y comprometer, así, la calidad de vida de las personas. Los datos del IDD-Mex 2018 muestran también esta relación.

Importa señalar que este índice se construye en su mayoría con datos duros, en el caso de la edición 2019 con corte al 31 de diciembre de 2018; y, en menor medida, con percepciones ciudadanas recogidas para esta versión en los primeros meses de 2019. Tomando en cuenta que los últimos indicadores fueron medidos antes del inicio del gobierno de Miguel Barbosa, su diagnóstico representa un buen parámetro para evaluar al gobierno actual, un gobierno que en el discurso se ha querido alejar de la forma con la que se ejerció el poder en el morenovallismo, pero que en los hechos no se separa demasiado de esta.

¿O qué ha pasado con los procesos de designación de titulares de organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Auditoría Superior del Estado, en los que las reglas del juego que llevaron a su captura siguen intactas? ¿Cómo querer fortalecer una fiscalía autónoma con una convocatoria exprés sin espacios de participación ciudadana ni criterios para garantizar la elección de un perfil idóneo? ¿Dónde ubicar las descalificaciones y la campaña de desprestigio hacia un medio de comunicación local?

¿Cómo entender la detención del activista Miguel López Vega, comunicador de la radio comunitaria de Zacatepec y defensor del río Metlapanapa –amenazado por la construcción de una línea de drenaje del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo que desembocaría en su cauce–, bajo los cargos de oposición a que se ejecute una obra pública y delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de las vías de comunicación? A decir del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, López Vega se convirtió el pasado fin de semana en el primer preso político del gobierno de Barbosa.

El IDD-Mex esboza algunas recomendaciones para salir del autoritarismo e impulsar el desarrollo democrático de Puebla. Entre ellas, fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, atender con eficacia las demandas de grupos sociales excluidos, profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad, transparentar acciones de gobierno y combatir la corrupción, y generar políticas de participación y mayor compromiso ciudadano.

¿El autoritarismo en Puebla es cosa del pasado?