Aprueba el ayuntamiento de Puebla el matrimonio igualitario en sus juntas auxiliares
La ciudad se suma a Cholula como municipios en donde las personas del mismo sexo ya pueden formalizar sus uniones civiles
Por Lado B @ladobemx
10 de enero, 2020
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Foto: Marlene Martínez

Redacción

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Desde hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es una realidad en la capital poblana.

El Cabildo de la ciudad de Puebla aprobó la propuesta que puso sobre la mesa la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, para que sean atendidas las solicitudes de matrimonio de personas de la diversidad sexual en las 17 juntas auxiliares.

De lo contrario, dijo Rivera Vivanco, “se atenta contra la determinación de las personas y el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo; de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, pues se da un trato diferencial a parejas del mismo sexo al excluirlos de la posibilidad de contraer matrimonio”.

Con el voto a favor de 18 regidores y regidoras, y la abstención de cinco de ellos, la ciudad de Puebla se suma a San Pedro Cholula como las dos ciudades en donde ahora es una realidad el matrimonio igualitario.

Con una salvedad, en el caso de Puebla la resolución del Cabildo sólo obliga a la medida a los jueces de paz de las Juntas Auxiliares. De las 17 Juntas que tiene tiene la ciudad más mitad están dentro de la mancha urbana: Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza, La Libertad, La Resurrección, San Baltazar Campeche, San Felipe Hueyotlipan, San Francisco Totimehuacan, San Jerónimo Caleras y San Pablo Xochimehuacán.

Mientras que a nivel estado, Puebla aún mantiene a las uniones legales como un asunto entre personas heterosexuales. Ya que, en agosto del año pasado, el Congreso local rechazó modificar el Código Civil para reconocer al matrimonio como la unión de dos personas sin importar su orientación sexual.

Por ello, las oficinas del Registro Civil que están dentro de la mancha urbana capitalina en donde se pueden llevar a cabo la legalización de las uniones civiles,  no fueron consideradas en la resolución que tomó el Cabildo capitalino.

La decisión de los diputados de mantener el matrimonio solo como la unión de un hombre y una mujer está siendo combatida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el pasado 6 de enero presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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A través de un comunicado, la CNDH explicó que con la acción legal emprendida “se pretende hacer efectiva la obligación de todas las autoridades de erradicar cualquier motivo de discriminación, particularmente la motivada por la identidad de género y orientación sexual, tal como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el último párrafo de su artículo primero”.

En la sesión se acordó que serán la Secretaría de Gobernación municipal y la Secretaría para la Igualidad Sustantiva de Género (SISG) las encargadas de vigilar que se cumpla con la resolución del cabildo.

Cuestionada sobre la decisión, la titular de la SIGS, Catalina Pérez Osorio, reconoció que si bien la decisión por parte del municipio ya está tomada, el juez podría oponerse a realizar la ceremonia pues el Código Civil no está reformado, pero dado que existe jurisprudencia de la SCJN solo tendrían que buscar otro juez que sí esté en disposición de hacerlo.

“Esto ya se hace en Cholula, ya se hace en Tlaxcala, yo no le veo ningún conflicto porque no esté armonizado aún el Código”.

Tras la resolución del Cabildo el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio pidió al Congreso del estado a reformar el Código Civil para garantizar el derecho al  matrimonio igualitario en los 217 municipios del estado.

Voluntad política

En San Pedro Cholula el matrimonio entre personas del mismo sexo se empezó a reconocer desde 2016, cuando el entonces secretario general del ayuntamiento, Ignacio Molina, tomó la decisión con base en la resolución que había emitido la SCJN sobre la nulidad del artículo 294 del Código Civil.

Y aunque inicialmente el Registro Civil intentó oponerse a la resolución del funcionario, al final tuvieron que reconocer que había la jurisprudencia para que el municipio realizara las uniones.

Fue, dice Ignacio Molina al ser cuestionado por LADO B, un acto de voluntad política, pues ya existían las herramientas jurídicas para hacerlo, no se necesitaba más que eso.

(Con información de Dafne García Mendoza)

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