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Dafne García

@DafneBetsabe2

Imagina que la manera en que usamos el internet cambiara drásticamente. Por ejemplo, que la empresa con la que contratas tu servicio de internet decidiera que solo sus marcas de servicio de streaming de video y música, o medios de comunicación aliados, pudieran funcionar correctamente y a buena velocidad por su red, limitando tu acceso a otros contenidos. 

Todo esto puede llegar a suceder si el anteproyecto relacionado con los lineamientos para gestión de tráfico y administración de red, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se concreta.

Peor aún, en este escenario, el gobierno tendría la libertad de solicitar el bloqueo arbitrariamente de un medio o de una página de una organización de la sociedad civil, bajo el pretexto de que constituye una amenaza para la seguridad nacional, dando paso a la censura en internet. 

La neutralidad, en riesgo

El 18 de diciembre, el IFT (organismo autónomo encargado de regular y promover la competencia y el eficiente desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión) dio a conocer el “Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet”. 

Con dichos lineamientos, y tal como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha manifestado, se abre la puerta para que las empresas paguen para priorizar sus contenidos en internet y entorpecer otros. Además, facultarían a las autoridades para ordenar a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) limitar y obstruir contenidos en la red a los internautas.

Por ser un organismo autónomo, estos lineamientos podrían ser aprobados y puestos en marcha a mediados de este año sin mayor dificultad. 

Dichas medidas pondrían en riesgo la neutralidad en la red, lo que afectaría gravemente a quienes hacen uso de internet para encontrar información o navegar libremente, así como a los productores independientes de contenido, medios de comunicación, aplicaciones etc.

De acuerdo con Electronic Frontier Foundation (EFF), el concepto “neutralidad en la red” o “Net Neutrality” se refiere a que todos los datos que viajan a través de internet sean tratados con igualdad, lo cual implica que “las empresas de telecomunicaciones no deben bloquear contenidos en función de su origen o destino, ni deben discriminar y/o priorizar ciertas aplicaciones, tampoco imponer tasas especiales de acceso que harían más difícil que los contenidos puedan llegar a sus usuarios”.

Servicios ¿gratuitos?

El anteproyecto del IFT establece las políticas de gestión de tráfico y administración de la red que se aplicarán y a las que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de internet, mediante redes públicas de telecomunicaciones; sin embargo, el artículo 2 de dicho documento contempla la creación de “servicios diferenciados” así como “servicios especializados”.

Los servicios especializados serán, a grandes rasgos “paquetes de características específicas” que los PSI pueden ofrecer –a cambio de una cuota– a los proveedores de servicios, contenidos y aplicaciones en internet, para mejorar la calidad o velocidad de sus productos, por medio de modificaciones especiales en su red. 

Un ejemplo de esto sería que Netflix le pagara a Megacable por ocupar todo su ancho de red, dejando a los otros servicios de streaming en desigualdad para competir, ya que su uso en esa red sería lento, obligándolos a pagar cuotas si es que quieren seguir compitiendo en el mercado. 

Mientras que los servicios diferenciados están definidos como “aquellos a través de los cuales los PSI dan un ‘tratamiento particular’ a los contenidos, aplicaciones y/o servicios a los que acceden los usuarios finales”. 

Ejemplo de esto sería que Telmex empezara a vender paquetes de internet con acceso ilimitado a Blim, Claro Video y otras aplicaciones o contenidos específicos, pero en el momento en que el usuario quisiera acceder a otro tipo de contenidos el servicio estaría limitado o condicionado. Esto, de hecho, es algo que ya está sucediendo en los planes telefónicos con acceso a internet.

En entrevista para LADO B, Pepe Flores, director de Comunicación de R3D, maestro en comunicación y medios digitales y promotor de la cultura libre, explicó que, el caso de los planes de datos móviles que usualmente ofrecen redes sociales “gratis” son ejemplos del mal manejo de neutralidad en la red, ya que estos paquetes (conocidos como planes de tarifa 0 o zero rating) conllevan implicaciones negativas.

Mencionó que, en primera instancia, se crean los “jardines vallados”. Esto es, del amplio y diverso contenido en internet, al usuario se le ofrece una versión “descafeinada” en la que solo tiene acceso ilimitado a aplicaciones como Facebook, Twitter o Instagram, mientras que al consumir otros contenidos (incluso aquellos que vienen de un clic en estas redes) se les descuenta el uso de los megas disponibles en el plan. Sin estos megas, se le impide al usuario acceder a contenidos más diversos y enriquecedores.

Por otra parte, “hay estudios que revelan que las tarifas de este tipo (zero ratings), en realidad van en contra de la accesibilidad del internet ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ofrecen servicios predominantes (Whatsapp, FB, TW) con una exención de pago o de forma gratuita, no hay incentivos para bajar el costo por mega, y como te están ofreciendo ciertas aplicaciones gratis, se piensa que entonces está bien que esté caro”.

Para R3D es muy importante defender la neutralidad en la red ya que “cuando se garantiza este principio de neutralidad en la red hay piso parejo para todos, no importa si yo soy Whatsapp o soy FB o Netflix o soy una pequeña start up, la neutralidad de la red garantiza que mis datos viajen a la misma velocidad que los otros”.

En cambio, cuando no hay esta garantía –como lo que propone el anteproyecto del IFT–  “se les da cierta discrecionalidad a través de algunas figuras (servicios diferenciados y especializados) para que las empresas de telecomunicaciones brinden trato preferencial a algunos servicios, contenidos y aplicaciones”.

Libertad de expresión en internet bajo amenaza

Otro de los principales focos rojos del anteproyecto está en el artículo 5: “Los PSI podrán implementar, de manera temporal, políticas de gestión de tráfico y administración de red que resulten en la limitación, degradación, restricción, discriminación, obstrucción, interferencia, filtrado o bloqueo del acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a los usuarios finales”.

Si bien se menciona que esto será aplicable sólo en cinco situaciones o casos específicos (relacionados con riesgos técnicos o congestionamiento en la red, situaciones de emergencia o seguridad nacional), se faculta a las autoridades a solicitar dicho bloqueo.

Para Pepe Flores es preocupante –sobre todo para el ejercicio de la libertad de expresión– “el que no se determinen ni los casos ni las autoridades [que podrán aplicar estas políticas], sino que de una forma totalmente vaga y totalmente ambigua se pretenda que algunas autoridades –y no está claro qué autoridades– puedan tener bajo quién-sabe-qué procedimientos la facultad de ordenar este tipo de cuestiones”.

A su vez, agrega que, si bien se establece que los bloqueos son temporales y reversibles, “se pueden prestar a que con tanta ambigüedad, con tanta laxitud, pudieran llegar a ser ejercidos de manera contraria a las libertades: la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información de las personas”.

Un reciente ejemplo en Latinoamérica de autoridades bloqueando aplicaciones de internet lo pudimos ver en Perú, donde el 14 de noviembre de 2019 se abrió un debate tras darse a conocer un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en que se disponían medidas para el bloqueo de aplicaciones y páginas web, con el afán de combatir el servicio de taxi a través de motos, operado por la empresa Picap, que es ilegal en dicho país y que había recibido denuncias por mal uso.

Sin embargo, la organización en pro de los derechos digitales, Hiperderecho, se pronunció en contra e inició acciones legales para detener el decreto (sin defender la ilegalidad de la empresa de mototaxis), pues amenazaba la libertad de expresión al permitir que las autoridades bloquearan en un futuro otras aplicaciones o páginas web.

Para Pepe Flores, no se debe permitir que los intereses comerciales de las empresas de telecomunicaciones queden por encima de los derechos y libertades de las personas en internet. “Me parece que este anteproyecto se equivoca al permitir que quienes proveen contenidos, aplicaciones y servicios puedan pagarle a las empresas de telecomunicaciones para obtener una priorización en su tráfico, porque esto nos plantea un internet de primera y un internet de segunda, un internet con cadeneros, con vías rápidas y vías lentas”, concluyó el activista.

Desde R3D se está haciendo enfoque en hacer una sensibilización y concientización de este tema en los internautas para que todos participen en la consulta pública de este anteproyecto que estará disponible hasta el 6 de marzo del año en curso. 

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Internet en México evaluado como parcialmente libre

La defensa de la neutralidad en la red cobra especialmente relevancia al tomar en cuenta un reciente estudio llevado a cabo por expertos internacionales de la organización Freedom House, en el que se concluye que el internet en México no es completamente libre.

El estudio, titulado “Freedom on the net”, analizó la libertad en internet de 65 países alrededor del mundo mediante una revisión que incluyó indicadores como: acceso a internet, libertad de expresión y condiciones de privacidad.

De acuerdo con esta investigación, el internet en México es parcialmente libre, ya que de 100 puntos posibles a obtener, México solo obtuvo 60, quedando atrás de países como Colombia, Filipinas, Angola, Brasil y Argentina.

Entre los obstáculos encontrados para tener mayor libertad en la red está la amplia brecha digital entre las urbes y las comunidades rurales (de los 74.3 millones de usuarios de internet, en 2018, 73.1% eran de áreas urbanas); y el clima de violencia e inseguridad que impera en el país, el cual hace que los medios de comunicación y periodistas se abstengan a cubrir temas relacionados con el narcotráfico o la corrupción, debido a las amenazas, ataques e intimidaciones.

De hecho, se encontró que activistas y periodistas “han reportado frecuentemente casos de vigilancia digital y ciberataques a menudo en relación con la cobertura de temas de corrupción o relacionados con derechos humanos”. 

Uno de los aspectos peor evaluados para México fue el indicador de vigilancia de las actividades en línea de los usuarios por parte del gobierno, algo de esperarse después del caso del malware Pegasus. Con este, durante el sexenio de Peña Nieto, agencias gubernamentales de seguridad intervinieron de manera ilegal equipos celulares pertenecientes a periodistas y activistas.

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Otro de los descubrimientos del estudio es que los ciberataques “se han convertido en una táctica central para intentar suprimir la libertad de expresión en México”, puesto que, a su vez, los atacantes los realizan con relativa impunidad. Entre las técnicas utilizadas usualmente se encuentran los ataques de denegación de servicios o DDOS (cuyo objetivo es saturar una página web con solicitudes de acceso para que funcione mal o deje de funcionar), el hijacking o secuestro de dominio, e infecciones por malware.

Finalmente, con base en este mismo análisis, una problemática crítica para el país es la violencia digital de género, la cual afecta a mujeres periodistas, políticas, feministas, así como a diversas ONGs. Entre las formas de ataques detectadas están las campañas de desprestigio, extorsión, así como la propagación de contenido íntimo de las víctimas.

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Ilustración: Gogo Ortíz