Frente de Pueblos denuncia que consulta indígena por gasoducto es parcial

Frente de Pueblos denuncia que consulta indígena por gasoducto es parcial

En las cuatro comunidades de la región de Atlixco que ganaron un amparo condicionando la obra del Gasoducto Morelos a una consulta indígena, activistas y habitantes denuncian fallas en el protocolo y señalan que no se está discutiendo el tema del propio gasoducto.

Gasoducto Morelos. Zacatepec, Juan C Bonilla
Foto: Marlene Martínez
Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera 

A raíz de un amparo ganado por cuatro comunidades nahuas de Atlixco por la instalación del Gasoducto Morelos, la Secretaría de Energía (SENER) tuvo que realizar una consulta indígena para determinar el destino del proyecto. 

Juan Carlos Flores Solís, quien da acompañamiento legal a las comunidades, explicó a LADO B que el amparo tiene la fuerza de ser retroactivo si se identifica una violación a una ley o derecho humano, lo que implicaría el retiro del gasoducto. Sin embargo, desde agosto –cuando inició el proceso de la consulta en las comunidades– no se ha discutido el proyecto en sí, sino que todo ha girado en torno a qué obras públicas –como escuelas– se construirían en las comunidades.

Para la realización de la consulta se hizo un protocolo, el cual, de acuerdo con Juan Carlos Flores, es poco claro, principalmente en cuanto a la discusión de fondo de la propia obra. 

El abogado explicó que la SENER actúa “mañosamente” porque no aborda el tema de retirar el gasoducto, dando por hecho que la obra ya está hecha. Así, trata de desviar la atención en la consulta hacía la construcción de obra pública, un asunto que ni siquiera tendría que estar a discusión, pues esa es responsabilidad del Estado.

Ante esto, la defensa legal de los habitantes argumentará al juez que el proceso no está representando un debido cumplimiento de la sentencia e impugnará la resolución.

Flores Solís, activista e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), dijo a LADO B que el principal problema dentro del proceso ha sucedido en San José El Recreo y San Jerónimo Caleras, donde la SENER ha buscado desviar la naturaleza de la consulta.

Además, el sábado 30 de noviembre en San Isidro Huilotepec la SENER llevó a la asamblea a habitantes de otras comunidades (algunas que ni siquiera son de la zona afectada por el proyecto) a manera de “acarreados”, principalmente padres y madres de familia de estudiantes de secundaria y bachillerato, que están a favor de la construcción de escuelas. Ese día también se contó con la presencia inusual de elementos de la Guardia Nacional, la cual fue identificada por los habitantes como intimidatoria.

Asimismo, uno de los acuerdos definidos en el protocolo para la consulta fue que las asambleas se realizarían el primer domingo de cada mes y se informaría al pueblo con tres días de anticipación, pero en esta ocasión, la SENER cambió la fecha para el sábado 30 de noviembre avisando apenas un día antes.

En un comunicado publicado el 1 de diciembre, el FPDTA compartió su preocupación ante la posibilidad de que “el proceso de consulta indígena, que después de cinco años fue reconocido por la justicia mexicana, ahora se convierta en un nuevo engaño, tensión, división, riesgo y amenaza para las comunidades y personas que acompañan la defensa de sus derechos”.

Actualmente, en dos de las cuatro comunidades –San José El Recreo y San Jerónimo Calera–, oficialmente la consulta ya se realizó, pero ante las irregularidades ya mencionadas por el abogado, respecto a la desviación del tema central (el paso del gasoducto), pelearán en las otras dos comunidades –Santa Lucía Cosamaloapan, y San Isidro Huilotepec– para que la consulta sea conforme a derecho, es decir, que se haga sobre el tema específico del gasoducto y no sobre la construcción de otras obras.

El abogado Juan Carlos Flores adelantó que lo que sigue es que impugnarán los resultados de las asambleas, porque estas no han sido válidas dado el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el protocolo. 

En dicho documento, que fue consultado por este medio, se determina, por ejemplo, que lo que se valorará es el impacto de la construcción y operación del Gasoducto Morelos.

LADO B buscó al enlace de comunicación social de la SENER para conocer su postura al respecto, pero hasta la fecha de esta publicación no se ha obtenido una respuesta.

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Foto: Marlene Martínez

Los antecedentes

El amparo 402/2015 fue interpuesto y ganado por cuatro comunidades nahuas de Atlixco (San José El Recreo, Santa Lucía Cosamaloapan, San Jerónimo Caleras y San Isidro Huilotepec) por la instalación del Gasoducto Morelos, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). La sentencia obliga a la Secretaría de Energía (SENER) a realizar una consulta indígena para determinar el destino del proyecto. 

Las cuatro comunidades de Atlixco, junto con habitantes de Nealtican, se ampararon en 2014 contra el gasoducto, argumentando entre otras cosas la falta de consentimiento e información previa a las comunidades.

Después de una larga lucha legal en un contexto de represión contra opositores al gasoducto, destacando la prisión domiciliaria de Enedina Rosas y el encarcelamiento de Juan Carlos Flores Solís, el amparo se resolvió en 2017 a favor de las comunidades.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa constructora impugnaron la sentencia, la cual en enero de este año fue resuelta nuevamente a favor de los habitantes, condicionando la obra a la realización de una consulta indígena. 

Con la nueva legislación federal se determinó que la SENER es la entidad responsable de organizar dicha consulta, con apoyo de la Secretaría de Gobernación y un Comité Técnico integrado por 12 dependencias.

Desde su inicio el Proyecto Integral Morelos (PIM) ha tenido un amplio rechazo de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y ha estado también rodeado de tensiones y agresiones. La última fue el asesinato del comunicador popular de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos, Samir Flores Soberanes el 20 de febrero de 2019. Sus compañeros y activistas denunciaron que el homicidio fue por su oposición al PIM, y exigieron la cancelación inmediata de la obra. 

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