Denuncian fallas e irregularidades en el juicio por desaparición de Sergio Rivera

Denuncian fallas e irregularidades en el juicio por desaparición de Sergio Rivera

El 23 de agosto de 2018 Sergio desapareció frente a testigos y con una denuncia previa de amenazas de muerte en su contra. Durante la etapa del juicio oral, iniciada hace dos semanas, han faltado traductores y el juez ha sido señalado por la defensa de Sergio como simpatizante de los acusados.

Foto tomada de internet
Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Sergio Rivera Hernández es uno de los opositores al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra de Puebla –Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz–, y está desaparecido desde el 23 de agosto de 2018. Durante el juicio, iniciado hace dos semanas, sus compañeros han denunciado la parcialidad del juez, además de fallas por falta de traductores del náhuatl para recopilar los testimonios de los testigos de la desaparición. 

La defensa de Sergio presentó formalmente la queja por la conducta del juez, a quien señalaron por estar abiertamente a favor de los tres detenidos, presuntamente responsables de la desaparición del activista (ellos fueron señalados por una denuncia previa de amenazas interpuesta por Sergio antes de desaparecer).  Al juez se le pidió abandonar el caso; así, el lunes 2 de diciembre que se reinició la audiencia, la defensa lanzó un pronunciamiento que hizo que esta se suspendiera. 

El juicio se detuvo hasta nuevo aviso, con la posibilidad de que el juicio se reponga por completo, o que se reanude con otro juez, pero esa decisión depende del Poder Judicial.

La defensa de Sergio tiene también 12 testigos de la desaparición del activista, de los cuales no se han podido obtener declaraciones de manera óptima por las fallas con los traductores oficiales. 

Omar Esparza, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), y compañero de Sergio, explicó a LADO B en entrevista que un problema es que los testigos hablan una variante dialectal del náhuatl distinta a la de los traductores oficiales, lo que ha causado problemas en el juicio.

Además, Omar Esparza explicó que los testigos también han sido amenazados. 

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“No existen medidas cautelares para los testigos. El Estado no ha dejado ver en este sentido un papel de acompañar a los testigos. Todos los que hemos participado en esta defensa, incluyendo a compañeros de otras organizaciones, hemos sido amenazados”.

Durante las dos semanas que ha durado el juicio son los compañeros de Sergio quienes han facilitado y cubierto los gastos para los traslados de los testigos desde la Sierra Negra hasta Tehuacán (trayectos de al menos dos horas). Omar hizo hincapié en que, aunque como compañeros de organizaciones en contra de la hidroeléctrica se apoyan, el gobierno del estado debería ser quien se encargue y asuma la responsabilidad que le corresponde.

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Los antecedentes

Sergio había denunciado amenazas de muerte de tres personas: Victorino “N”, Antonio “N” y Rogelio “N”, quienes actualmente están dentro del proceso como presuntos responsables. El 28 de junio de 2018, Sergio fue detenido en un retén y golpeado por los tres hombres señalados en el caso. Los tres inculpados han sido relacionados con el ex presidente municipal de Zoquitlán, Fermín González León, quien está a favor de la construcción del proyecto hidroeléctrico impulsado por Minera Autlán.

Omar Esparza recordó que también desde hace casi tres años el proyecto ha estado repleto de violencia, tensión y división comunitaria.

La desaparición de Sergio es lo más grave que ha pasado dentro de una serie de eventos violentos contra quienes se oponen al proyecto. Ha habido otros activistas amenazados, como  Martín Barrios, Amador Hernández y Salvador (integrante de la radio comunitaria de Zoquitlán, Radio Tlacuache) quien también denunció allanamiento de morada y tuvo que pedir protección a las autoridades. 

Lo que los compañeros de Sergio piden, además de su aparición con vida, es que haya justicia. En palabras de Omar: “Si no hay justicia va a ser un grave error porque va a generar un conflicto, o un conato de violencia en la zona. No hay casos como este en la región que lleguen a estos términos: generalmente la gente no denuncia, la gente prefiere tomar la justicia en sus manos”.

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