Foto: Joel Merino | Archivo Lado B

Dafne García

@DafneBetsabe2

En un boletín dado a conocer el 11 de diciembre por la Fiscalía General de Estado (FGE), se confirmó que, en coordinación con la Fiscalía General de Veracruz, y tras siete años de impunidad, se logró el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Jorge Flores Zechinelli por los delitos de homicidio agravado y robo agravado. Después de su captura fue puesto a disposición del juez de la causa para seguir con el proceso penal en su contra.

Agnes Torres Hernández, psicóloga especialista en identidad de género y activista por los derechos de las personas trans, fue víctima de un crimen de odio instrumental el 9 de octubre de 2012. 

De acuerdo con la averiguación previa de la entonces Procuraduría General del Estado (PGJ),  ese día Jorge Flores Zechinelli y los amigos de este: Marco Antonio Berra Espezzia, Fernando Bueno Mazzocco y Agustín Flores Zechinelli, citaron a Agnes en Chipilo para ir a una fiesta, donde fue asesinada. 

La investigación del caso fue llevada por la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto y capturaron a tres de los involucrados en el asesinato; sin embargo, Jorge Flores Zechinelli logró huir, a pesar de haber una orden de aprehensión en su contra.

En entrevista para LADO B, Marco Antonio Moreno, abogado, defensor de derechos humanos y director operativo de México Igualitario A.C: posterior a la captura de estas primeras 3 personas se intentó reparar el daño, pero esto se hizo sólo a través de la indemnización económica a la familia de Agnes “entonces no hubo una atención integral a la reparación del daño como tal” e hicieron falta medidas de atención como por ejemplo terapias psicológicas para la familia y, en general, la reparación moral del daño respecto a la ley. 

Por otra parte, el abogado hizo énfasis en que el Estado tiene responsabilidad en el caso más allá de lo judicial, pues fue y sigue siendo omiso en “procurar la seguridad de las personas trans” lo que hizo que Agnes, al igual que muchas otras mujeres trans, fuese un “blanco fácil para ser privada de la vida”. Además, agregó que esta omisión deriva en que no se garanticen sus derechos humanos, dejando de lado cualquier garantía para que estos crímenes ya no vuelvan a suceder.

En el informe “Violencia Extrema Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)” realizado por Letra S y publicado en mayo de 2019 (en el cual “se consultaron más de 1150 notas informativas publicadas de enero de 2013 a diciembre de 2018 para identificar los asesinatos de personas LGBT reportados por la prensa”),  se encontró que Puebla está entre los 7 estados que concentran casi la mitad de los asesinatos LGBT en el país. En esta lista encabezada por Veracruz se encuentran también los estados de Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas.

En este mismo informe también se dio a conocer que las mujeres trans fueron víctimas en un porcentaje mayor (55.2%), seguidas de los hombres gay (40.6%).

Marco Moreno rememoró que cuando sucedió la muerte de Agnes, en el poder legislativo sucedieron una serie de reformas que llevaban años sin avanzar, como el incluir “preferencia sexual” en el principio constitucional local de no discriminación, así como las agravantes por odio a los delitos de homicidio y lesiones, “pero lo que no sucedió fue precisamente que se garantizara el derecho a la identidad de las personas trans en Puebla”, lo que sigue dejando a este colectivo en una severa vulnerabilidad.

En el informe de Letra S, una de las reflexiones a las que se llegó fue que “dentro de las poblaciones de la diversidad sexual, las mujeres trans (travestis, transexuales y transgénero) son las más vulnerables a ser violentadas”, destacando también el hecho de que la falta de legislación en la mayoría de las entidades del país mediante la cual se les permita el cambio de identidad de género, aumenta dicha vulnerabilidad ya que se les niega las oportunidades de desarrollo y eleva sus condiciones de marginación.

Para el activista, algo que también se refleja el caso de Agnes es que “la justicia a veces se logra solo cuando hay demasiado esfuerzo para que suceda y ¿todos los demás casos dónde quedan? Entonces el odio sigue estando ahí, sigue actuando y sigue privando la vida, pero las instituciones siguen sin sancionarlos, sin tratarlos, sin atenderlos y sin repararlos también”.

El caso de Agnes fue atendido por la entonces Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI), la cual era la instancia especializada de la procuraduría, pero no todos los crímenes de odio fueron atendidos de esa manera.

“En dos días más o menos teníamos 68 elementos probatorios en el caso de Agnes, mientras que en el caso de Bárbara Lezama, por ejemplo, no tenemos más que un testimonio, una persona testigo, y no es suficiente ese testimonio, es muy débil. No se hicieron las diligencias en el momento en que se debieron haber hecho” 

Moreno concluye que la autoridad no está ejerciendo sus facultades de investigación para saber qué es lo que sucedió y poder sancionar a quienes cometieron esos delitos.

Ley Agnes aún en el olvido

Una de las luchas en las que Agnes hacía más énfasis era en lograr que la comunidad trans accediera al derecho de identidad y, por lo tanto, se les permitiera obtener documentos oficiales conforme a su identidad sexo-genérica.  

Marco Moreno contó que desde 2011, con la asesoría legal del Odesyr, Agnes se dedicó a realizar el cabildeo en el congreso para que sucediera dicha reforma, pero dicho esfuerzo se vio interrumpido por su asesinato en 2012. Para ese momento la iniciativa ya estaba lista para presentarse.

A casi un año de su muerte, el 7 de marzo de 2013, integrantes del Colectivo Transexual del Estado de Puebla, el Comité Orgullo Puebla y del Observatorio Ciudadano de Derechos Sociales y Reproductivos (Odesyr), arribaron a la sede del Poder Legislativo para entregar a los 41 diputados una propuesta de reforma a la ley. Esta permitiría el cambio de identidad de las personas trans y en memoria de Agnes sería titulada con su nombre. 

Dicha propuesta ha estado en la congeladora desde entonces. 

El 17 de mayo de este año, en el marco de la votación para decretar el Día Estatal Contra la Homo-bi-transfobia, la diputada morenista Vianey García prometió a los activistas llevar la Ley Agnes a la discusión en el Congreso, pero hasta el momento no hay una estrategia clara para hacerlo.

Para Marco Moreno, entre los pendientes del gobierno respecto a los derechos de las personas trans está la Ley Agnes, pero además, el empezar a hacer diagnósticos poblacionales para saber qué necesitan para de esa forma “podérselos brindar, primero a través de la norma y luego de políticas públicas”. 

En conclusión, en primera instancia es importante reconocer su identidad y que después tengan acceso al tratamiento adecuado de acuerdo al género con el que se identifican.

Moreno hizo énfasis en que el tema trans es de los últimos temas que hay en cualquier agenda política, lo que consideró lamentable ya que “eso es un reflejo de la transfobia institucional que existe todavía en Puebla y en el resto del país”.