Un parque de la colonia Altavista. Foto: Archivo. Tomada de El Faro

Gabriela Cáceres | El Faro

Son las cuatro de la tarde y pocas cosas han cambiado en el pasaje de la colonia Altavista donde, hace nueve meses, un magistrado de la República tocó las partes genitales de una niña de diez años. En las cercanías pululan los mismos vendedores de verduras y de ropa, aunque esta vez en el pasaje no hay niños jugando a la sombra de un árbol. En la entrada del pasaje reina el silencio. A pocos metros de donde ocurrió el tocamiento está la casa de la víctima. En la puerta de metal, dibujados con plumón negro, hay dibujos de niños y niñas y una dedicatoria de “feliz cumpleaños”. También hay dos nombres, que corresponden a los de la  niña y a su hermano adolescente. Esta tarde, ni los hermanos ni su madre están en casa. Todos huyeron de la colonia, y del país, porque los amenazaron. Huyeron, también, convencidos de que no tendrán justicia.

“Ya se fueron, tienen ratos de no estar aquí”, responde una vecina que observó cuando toqué la puerta. El 8 de noviembre, la Cámara Primero de lo Penal concluyó que el magistrado Eduardo Jaime Escalante cometió, al tocar a la niña, una falta y no un delito porque este tocamiento fue breve, no fue invasivo y ocurrió en un lugar público. 

El Faro logró contactar con un familiar de la víctima y este confirmó la huída de sus parientes. Con su ayuda, este periódico contactó por videollamada a la madre de la niña, a quien llamaremos Julia. Ella cuenta, desde otro país, que se fueron porque una noche de junio dos hombres llegaron a la casa a golpear la puerta. Ella preguntó quién tocaba, pero nadie respondió. Los hombres volvieron a insistir y Julia, sin medir peligros, abrió. Ella dice que no alcanzó a ver los rostros de los agresores, porque estaba muy oscuro, pero sí recuerda sus amenazas. Uno de ellos le dijo que ya no siguieran el proceso contra el magistrado Escalante porque, de lo contrario, la amenaza “iba a pasar a más”.  Al terminar esa frase el hombre cerró su puño y lo dirigió con fuerza hacía su rostro.

Esta es la puerta de la otrora casa de la víctima del caso Escalante. La familia huyó en junio pasado, después de que dos hombres amenazaran y golpearan a la mamá de la niña. Foto: Fred Ramos

Hace nueve meses, cuando hablé por primera vez con Julia, ella temía por la seguridad de su familia, luego de que el caso Escalante se hiciera público, porque el acusado era un hombre poderoso y temía una represalia. Para Julia, ese miedo se materializó frente a su puerta aquella noche. Julia no recuerda la fecha exacta de la amenaza y la agresión que asegura haber recibido, pero haciendo cuentas la ubica en los primeros días de junio. Julia dice que no denunció el hecho antes de huir con sus hijos porque tuvo miedo.

La familia tampoco recuerda la fecha exacta cuando dejaron el país por primera vez, pero esto solo pudo haber ocurrido entre el 31 de mayo y mediados de junio. Uno de los familiares asegura que la amenaza ocurrió después de que la niña asistiera a una convocatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su declaración en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, como parte de las diligencias de investigación. “La última vez que se presentó Julia con la niña fue porque se iba a ver con él (magistrado Escalante) frente a frente. Esa vez fue con la niña, pero también llevaron a los testigos. Después de todo eso es cuando a ella le sucedió (que la golpearon)”, contó el familiar.

Fuentes fiscales con conocimiento del caso confirman que el 30 de mayo la niña declaró en Cámara Gesell, es decir que contó para registro judicial su versión de los hechos ocurridos en la tarde del 18 de febrero. Sin embargo, a diferencia de lo que cuentan los familiares, ellos aseguran que el magistrado Escalante no estuvo presente en esa diligencia, porque esa declaración la hicieron en un lugar privado en donde solo estaba la niña.

Dos semanas más tarde, el 15 de junio, la Fiscalía llamó a Julia, pero la madre no respondió. La Fiscalía insistió en los días siguientes, pero ya no supieron más de ella. “Yo le llamé para explicarle del anticipo. Normalmente le hablaba un par de veces al mes para saludarla y ver cómo estaba. De ahí ya no contestó”, dijo una de las fuentes fiscales. Los notificadores llegaron hasta la puerta de los dibujitos, dejaron las citaciones por debajo, pero nadie las recibió. Al ver que no respondía, la Fiscalía pidió los registros migratorios de la familia, y confirmaron que estos habían tenido una salida del país en junio.

En esa primera huída, la familia cuenta que se llevaron poca ropa, además de la documentación del caso porque creyeron que con eso evitarían ser deportados. La información, sin embargo, no les sirvió de mucho, ya que al ser detectadas, autoridades migratorias de otro país ordenaron su deportación.  “A ella le deportaron aunque llevaba esa documentación. Aún así la mandaron de nuevo (a El Salvador)”, dijo uno de los parientes.

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*Foto de portada: Archivo. Tomada de El Faro