Firmas falsas: la feria del fraude en Ecuador

Firmas falsas: la feria del fraude en Ecuador

Muchos ciudadanos ecuatorianos ignoran que sus firmas respaldan a diferentes partidos políticos en su país. Crédito: Vilma Vargas.
Daniela Aguilar y Marlon Puertas| CONNECTAS y La Historia

Ecuador vive un boom de nuevos partidos y movimientos. Hasta las últimas elecciones seccionales celebradas en marzo pasado se contaban 278, mientras que hace cinco años, bordeaban los cien. Se supone que más de seis millones de ecuatorianos han dado sus firmas para estas organizaciones según el cálculo de la titular del máximo organismo electoral, pero no siempre ha pasado así.

Lenin Saguay es un joven profesional de Riobamba, provincia de Chimborazo, que decidió participar como candidato en las últimas elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -también llamado Quinto Poder-. El principal requisito que se exigía era que los postulantes no se hubiesen afiliado a ningún partido o movimiento político durante los últimos cinco años. Saguay se inscribió porque estaba seguro de su apoliticismo pero se llevó una sorpresa cuando el CNE le informó de su descalificación. Él aparecía afiliado al movimiento Justicia Social sin saberlo. Habían tomado su firma. Saguay apeló, presentó la denuncia por falsificación de firma en la Fiscalía y esperó que su caso fuera revisado para ser parte del proceso electoral que se desarrolló el pasado 24 de marzo.

La entidad a la que apeló Saguay fue el Tribunal Contencioso Electoral, que es el ente litigioso en material electoral, pero este rechazó su recurso. Al igual que él, 85 postulantes al mismo Quinto Poder fueron descalificados porque aparecían afiliados a un partido. Todos ellos aseguraron que no lo habían hecho, que sus firmas habían sido falsificadas, según el seguimiento que hizo el Observatorio de Servicios Públicos a cargo de César Cárdenas, quien también integra la Comisión Anticorrupción en la provincia del Guayas. Fueron descalificados 85 de un total de 201 candidatos que se presentaron. “Eso nos da el porcentaje de un 40%, que es lo que nosotros calculamos que es la cantidad de la población que está afiliada fraudulentamente a un partido o movimiento político. Casi la mitad”, dice Cárdenas en conversación con La Historia.

El principal requisito con el que debe cumplir una nueva organización política para ser reconocida ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), es reunir una cantidad de firmas de respaldo. El porcentaje es del 1,5% del padrón electoral: si es movimiento o partido nacional ese porcentaje es sobre el total del padrón; si es provincial, cantonal o parroquial se aplica para la cantidad de empadronados en cada jurisdicción.

La cantidad de organizaciones políticas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) alcanzó una cantidad nunca vista en la historia política del país. Todas esas 278 organizaciones, más otras que están en proceso de constitución, tienen comprometidas las firmas de 6.2 millones ecuatorianos que las habrían respaldado según el cálculo de la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Esto es prácticamente la mitad del total de votantes que hay en Ecuador, trece millones. “Pero el nuestro es un país en el que históricamente la mitad de su población siempre ha manifestado que jamás estaría dispuesta a pertenecer a un partido político. Y eso no ha cambiado”, dice Néstor Marroquín, un ingeniero programador con una larga experiencia como técnico y veedor en temas electorales. “Por lo tanto, si es cierto que seis millones ya han firmado, quiere decir que ya no hay más gente dispuesta a firmar. Ya no hay firmas disponibles”, es su conclusión. Muy distinta a la de Atamaint: “Nos queda la mitad de la población que podría comprometer su firma a nuevos movimientos y partidos políticos. Ese es el escenario. Sí hay firmas todavía disponibles”.

Si usted quiere saber, necesita tiempo

Para enterarse en Ecuador si uno está o no afiliado a un partido político, primero hay que tener tiempo. Tiempo para acercarse personalmente a la delegación provincial del CNE, hacer fila en ventanilla y preguntar qué debe hacerse. La respuesta que le dan los adiestrados funcionarios es como sigue:

-Llene este formulario. Firme y regrese después de cuatro días laborables para darle la respuesta.

-Señora, pero este formulario dice que voluntariamente me estoy desafiliando de un partido político, pero lo que primero quiero saber es si estoy o no afiliado. Luego ya veré si me quiero desafiliar o si prefiero presentar una denuncia en la Fiscalía.

-Ese es el formulario que tenemos por ahora. No hay más.

La tajante respuesta no da espacio para más opciones. El ciudadano o lo toma o lo deja. Normalmente, lo toma. Así que sin que sea su voluntad inicial, termina aceptando un procedimiento que lo desafilia voluntariamente de un partido político en el que nunca dio su firma para afiliarse.

Es una manera tácita de validar una afiliación fraudulenta y renunciar al derecho de presentar una denuncia para intentar averiguar cómo fue posible que su nombre apareciera como parte de un partido político y, sobre todo, quiénes son los responsables. Aunque en la actualidad no existe una Ley de Protección de Datos, la falsificación de firmas es un delito en Ecuador de acuerdo con el Código Integral Penal y está sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Hay quienes no renuncian a su reclamo en la Fiscalía. Fue el caso de Lenin Saguay, el candidato de Chimborazo, quien presentó su denuncia el 15 de noviembre de 2018. La justicia se tomó seis meses para fijar fecha para la pericia grafológica en el Consejo Electoral que pueda determinar si efectivamente se dio o no la falsificación. El día señalado, 27 de mayo de 2019, pasó lo inesperado: el CNE informó por escrito al perito grafólogo designado por la Fiscalía que los formularios originales -en los que consta la firma objeto de esta investigación- habían sido devueltos a fines del año pasado al partido Justicia Social que los había presentado para su legal aprobación. De manera que la pericia no se pudo hacer y en ese estado de paralización permanece la indagación fiscal, “que avanza a paso de tortuga”, se queja Saguay. “Ahora resulta que yo como denunciante debo encontrar el domicilio del partido político que presentó mi firma falsa. Y ese partido está en Guayaquil, yo vivo en Riobamba, y debo correr con los gastos para notificar”. Saguay siente que está en completa indefensión y que su caso quedará en la impunidad.

Otro caso similar sufrió Sara Roque Ocampo, médica de profesión que también intentó ser candidata al Quinto Poder. En primera instancia, el CNE de la provincia del Guayas certificó que no estaba afiliada a ningún partido. Pero el CNE nacional le sacó a relucir una afiliación al partido Izquierda Democrática, que ella niega totalmente. “Imagínese, me sacan una ficha de afiliación con fecha 1 de mayo de 2016, que era día feriado, en que yo estuve de viaje fuera del país y me ponen en la ficha de afiliación una firma que ni siquiera se parece a la mía”. Esta médica presentó reclamos en todas las instancias, en donde siempre fueron rechazados. También acudió a la Fiscalía, puso la denuncia y de lo que sabe, la investigación no ha avanzado en lo absoluto.

Que las firmas que constan en los formularios presentados por los partidos y movimientos políticos para su aprobación deben ser devueltas a ellos mismos, es lo que dicta la ley “y que hay que cumplir”, confirma la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Pero aquello le parece una barbaridad al vicepresidente del mismo Consejo, Enrique Pita: “Esto es igual a que la Justicia devuelva al asesino el cuchillo con el que asesinó a su víctima. Es un absurdo”. El hecho es que para una pericia grafológica se necesita el papel donde se estampó la rúbrica y que el CNE recibe las firmas de los partidos políticos, las revisa, las aprueba -o desaprueba- y las retorna. Luego, encontrar esas firmas es un problema que recae sobre los hombros de los perjudicados.

Para las personas comunes, que no tienen intención de llegar a un cargo de elección popular, les indigna que se hayan tomados sus nombres para legitimar partidos políticos que se usan para perseguir intereses particulares y espacios de poder que terminan en corrupción. Es por eso que en 2012 se presentaron decenas de miles de denuncias. Ese rechazo ciudadano, reflejado en los reclamos presentados la Fiscalía, se detuvo cuando dieron de baja el sistema para verificar la afiliación en línea.

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*Ilustración de portada: Vilma Vargas

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