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Ernesto Aroche Aguilar
A dos años de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla (SEAP) las sesiones del Comité Coordinador Estatal (CCE) no son públicas, lo que impide conocer a detalle los temas tratados y las posturas que emiten sus integrantes. Así lo reconoció la expresidenta del SEAP e integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Catalina Aguilar Oropeza.
Entrevistada al finalizar su informe de labores –que se llevó a cabo el 13 de noviembre y con el que prácticamente concluyó su participación en el CPC– dijo que, de momento, la única manera de conocer las discusiones y resoluciones que toma el CCE del SEAP es a través de las minutas que se publican en la página del organismo que entró en funciones hace dos años.
“La manera en que se transparenta las sesiones del CCE es con las minutas, y las minutas sí son públicas. El CPC ha propuesto en varias ocasiones que se transmitan, pero se ha votado en contra. Vamos a seguir insistiendo hasta que el CCE se convenza de que es importante que sean públicas”.
Asimismo, Aguilar Oropeza explicó que la decisión de mantener alejado el ojo público de las discusiones al interior del órgano rector del SEAP la han tomado, prácticamente, todos los funcionarios públicos que integran el CCE.
“Todos han votado en contra, por eso decía en el mensaje [ofrecido durante el informe] que estamos desequilibrados por que tenemos un voto del ciudadano contra seis [de funcionarios]”.
Esto es así porque, de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el CCE es “la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal”; y se conforma de siete posiciones que ocupan los y las titulares de los siguientes seis organismos gubernamentales:
- Auditoría Superior del Estado de Puebla;
- Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla;
- Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla;
- Un representante del Consejo de la Judicatura;
- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla;
- Tribunal de Justicia Administrativa.
La séptima posición es ocupada por quien preside el CPC del SEAP. Es decir, es la única posición dentro del CCE que corresponde a alguien que proviene de la sociedad civil organizada.
Así, aunque a dicha posición también le toca presidir el CCE, a decir de Aguilar Oropeza, hay un desequilibrio pues es sólo un voto contra seis.
Algo similar a lo que se ha vivido en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El sexenio pasado la representación de la sociedad civil presentó una propuesta para que el SNA investigara el uso de sistemas de espionaje contratados por el gobierno federal contra activistas y periodistas, pero la propuesta fue rechazada por los funcionarios que en ese momento ocupaban las posiciones de gobierno.
Incluso votó la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública Federal, Arely Gómez, a pesar de estar involucrada en el caso de espionaje, pues fue durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando se operó Pegasus.
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Tres exhortos en el tintero
En su informe de labores, Aguilar Oropeza también mencionó que durante su periodo al frente del SEAP se hicieron tres propuestas de exhortos, pero ninguno de estos ha sido aprobado hasta el momento por el CCE.
“Nosotros hicimos la propuesta de tres exhortos: uno para las autoridades de Seguridad Pública en el Estado. Ahí pedíamos que se informara qué medidas se están tomando para combatir la corrupción al interior de sus instituciones.
El segundo fue para la Fiscalía General, también para que informara qué programas y medidas tiene para poder combatir la corrupción.
Y el tercer exhorto fue en relación al tema Audi, para que se analizara ese caso y se actuara sobre los señalamientos de corrupción. Esos exhortos fueron presentados ante el Comité Coordinador y están en proceso de análisis; todavía no se aprueban”, concluyó.
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