Legisladores de oposición a Evo Morales y activistas celebran el anuncio de su renuncia a la presidencia el domingo 10, frente al antiguo Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo, en el corazón de La Paz, la capital política de Bolivia. Foto: Franz Chávez/IPS
Franz Chávez | IPS
La aplicación literal de la Constitución que la noche del martes 12 llevó a la senadora Jeanine Áñez a asumir la presidencia y la denuncia de Evo Morales de que es víctima de un golpe de Estado dividen a Bolivia y mantienen viva la crisis institucional, mientras se retoman las actividades tras más de 20 días de protestas.
Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz y otras ciudades empezaron este miércoles 13 a recuperar la normalidad después de bloqueos organizados por ciudadanos agrupados en comités cívicos y que cuestionaron los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.
Pero en otras urbes más pequeñas, como las de Yapacaní y San Julián (Santa Cruz), seguidores de Morales y de su partido, el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), mantienen bloqueos y se enfrentan a la policía en rechazo a la posesión de la senadora Añez como mandataria, tras abandonar el martes 12 el país quien dirigió los destinos bolivianos desde 2006.
Tras las renuncias el domingo 10 de Morales, el vicepresidente Álvaro García, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinaceli, y del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, Áñez decidió aplicar los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Según la interpretación de la hasta el martes senadora opositora derechista, correspondía a ella, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, llenar el vacío de poder, y convocar a elecciones, en un plazo breve pero que no delimitó, para escoger al próximo jefe o jefa del Estado de este país andino de más de 11 millones de habitantes y gran diversidad étnica.
En ausencia de la bancada mayoritaria del MAS, Áñez instaló la sesión legislativa al final de la tarde del martes 12, y anunció su decisión de asumir la presidencia interina de Bolivia, lo que hizo munida con una gran biblia. Una autoproclamación que recibió el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la misma jornada, con base en el artículo 169 de la ley fundamental.
En un comunicado, la Sala Plena del Tribunal destacó, eso sí, que según ese artículo, Añez tiene un plazo de 90 días para convocar elecciones presidenciales.
La segunda mujer en asumir el mando del Estado boliviano, después de Lidia Gueiler (1979-1980), tras otra crisis institucional, recibió el reconocimiento inmediato de los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, anticipándose incluso al TCP.
Morales, quien tras permanecer escondido después de su renuncia, recibió asilo político humanitario de México, a donde llegó la noche del martes en un avión militar del país de acogida, asegura que su renuncia fue un acto forzado ante las presiones militares y policiales.
Desde Ciudad de México argumentó que el respaldo policial y militar le fue negado mientras el sábado 9 buscaba dialogar con los líderes que participaron en las elecciones generales del 20 de octubre, en su último intento de cambiar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y poder llamar a nuevos comicios.
“Para un presidente que representa al pueblo humilde, la policía se amotina y da (un) golpe, mientras las fuerzas armadas piden su renuncia. Para políticos neoliberales que ostentan poder económico, policía y fuerzas armadas reprimen al pueblo que defiende la democracia con justicia, paz e igualdad”, escribió Morales en su cuenta en Twitter @evoespueblo.
*Foto de portada: Franz Chávez
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