Barbosa promete desclasificar documentos reservados del morenovallismo, pero el decreto aún no existe
“Pronto habrá un decreto que levante la información reservada para que todos tengan acceso a ella”, dijo el gobernador. 62 días después, aún no existe
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche
14 de noviembre, 2019
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Foto: facebook.com/MBarbosaMX

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El 9 de septiembre de este año, un mes después de su toma de protesta, el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo: “Pronto habrá un decreto que levante la información reservada para que todos tengan acceso a ella. Está en proceso”.

62 días después, ese decreto aún no existe. Esa fue la respuesta que ofreció el gobierno del estado a Roberto Alonso, académico de la Universidad Ibero Puebla y columnista de esta casa editorial.

El 14 de octubre, Roberto Alonso solicitó a la unidad de transparencia del Ejecutivo del Estado la siguiente información: “El decreto, la circular, el oficio o cualquier documento que soporte la desclasificación de la información reservada en años anteriores ordenada por el gobernador entre el 1 de agosto y el 14 octubre de 2019”.

En su respuesta, la dependencia aseguró que “no encontraron evidencia y/o registros documentales que guardan relación con lo solicitado por usted, por lo anterior para este Sujeto Obligado es materialmente imposible proporcionar lo requerido en su solicitud”.

Agrega además que no es facultad del gobernador el ordenar la desclasificación a pesar de la declaración del mandatario.

“Respecto a la clasificación de la información corresponde a cada Sujeto Obligado, a través de su comité de transparencia, y previo estudio de las causas del origen de la reserva, llevar a cabo la debida desclasificación”.

La Ley de Transparencia (artículo 131) confirma lo dicho del Sujeto Obligado: corresponde a los comités de Transparencia el proceso de desclasificar la información, aunque el gobernador sí podría ordenar que se revisen las reservas existentes y, si no hay razones legales para mantenerlas, que se eliminen.

Para el también coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, la respuesta que le entregó el gobierno del estado “da cuenta de la inconsistencia entre los dichos y los hechos del gobernador. Si la declaración se queda en eso es una mala señal, pues no se gobierna con declaraciones y promesas, sino con hechos contundentes”.

Señala que es necesario verificar si los comités de transparencia de las diferentes entidades de gobierno ya están desclasificando la información o no. “Lo cierto es que el gobernador habló de firmar un decreto y hasta la fecha no hay tal”.

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Ernesto Aroche Aguilar