Foto: CDH

Roberto Alonso

@rialonso

[dropcap]E[/dropcap]l Congreso de Puebla tiene en sus manos la posibilidad de cesar la captura institucional con la que los gobernadores en turno han mantenido bajo su control a organismos autónomos y otros poderes. A principios de noviembre iniciará el mandato de la nueva ombudsperson –la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) hasta 2025– y esta designación es responsabilidad de las y los diputados que integran la LX Legislatura.

Como se ha documentado, la alternancia que hubo en Puebla en 2011 no supuso realmente una alternativa. Con ella no sólo se mantuvo intacto el control político sobre las instituciones diseñadas como contrapesos al poder, sino que este se profundizó con una lógica transexenal que apuntaba a la protección de los intereses y la agenda política del morenovallismo.

Así, se intentó controlar la auditoría hasta 2026, el tribunal de justicia hasta 2024, la ahora fiscalía hasta 2022, el órgano electoral y el instituto de transparencia hasta 2021, y la CDH hasta 2019.

Salvo en el caso del organismo creado para proteger el acceso a la información pública, los perfiles con los que se buscó tal dominio transexenal han caído uno a uno.

En enero de 2018 el magistrado Roberto Flores Toledano renunció al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Ocho meses después, en pleno conflicto postelectoral, quien ya encabezaba la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, solicitó licencia y se separó de esta posición.

En mayo de este año David Villanueva Lomelí dejó la Auditoría Superior del Estado.

En julio concluyó el periodo para el que había sido electo Adolfo López Badillo como presidente de la CDH.

Un mes después, en agosto, Jacinto Herrera Serrallonga renunció a la presidencia del Instituto Electoral del Estado.

En el tribunal, la fiscalía y el órgano electoral ha habido reemplazos, pero estos no han pasado por el Congreso local. Sí corresponde a las y los legisladores designar a los titulares de la auditoría, el órgano de transparencia y la CDH.

En el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado, capturado poco antes de que concluyera el sexenio de Rafael Moreno Valle, no ha habido ajustes y habrá oportunidad de renovación hasta finales de 2020. Por ello el proceso de la CDH, junto con el de la auditoría, representa una valiosa oportunidad para garantizar la independencia y favorecer la autonomía de este organismo, así como para fortalecer los contrapesos institucionales.

Irónicamente, fue al inicio de la administración de Moreno Valle, en 2011, que a la CDH se le confirió autonomía constitucional. Durante 18 años, desde que inició sus funciones en 1993, la CDH operó como un organismo descentralizado de la administración pública local.

No obstante, con todo y la autonomía legal que adquirió en 2011, el nombramiento de un personaje cercano al gobernador impidió la independencia de esta institución frente a la autoridad estatal y, por tanto, que pudiera generar confianza social.

Por el contrario, durante el morenovallismo, la CDH estuvo del lado opuesto de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Tal fue el caso, entre otros, de los pobladores y las víctimas de Chalchihuapan, las y los presos políticos, y las familias de víctimas de feminicidios.

López Badillo presidió una institución débil y tibia frente al poder gubernamental, rechazando pronunciarse categóricamente, por ejemplo, en contra de la Ley Bala u oportunamente a favor de la Alerta de Violencia de Género en Puebla.

Con base en datos de la propia CDH, del total de recomendaciones emitidas por esta institución de enero de 2011 a agosto de 2019, sólo 22% se dirigieron a dependencias del gobierno del estado. La estadística baja a 19.7% si se consideran solamente los seis años de gobierno de Moreno Valle. El resto de recomendaciones, ocho de cada 10, fueron formuladas a las presidencias municipales.

Puebla requiere una CDH a la altura de los retos y desafíos que enfrenta el estado en materia de derechos humanos, que no son pocos. De la segunda alternancia en la entidad –de la Cuarta Transformación en Puebla– se espera que no haya una intromisión indebida en la designación de la nueva ombudsperson y que esta institución se vea fortalecida desde la independencia, la capacidad, la legitimidad, la experiencia y la cercanía con la ciudadanía, muy particularmente con las víctimas.

A ello puede contribuir un proceso de designación abierto, transparente y participativo, que genere confianza en una institución que lejos está de ser creíble y útil ante las violaciones de derechos humanos. Puebla y un gobierno que se afirma progresista necesitan una CDH que sirva y rinda cuentas, que sea eficaz.