Las comunidades yukpa fueron desplazadas hacia partes alta de la Sierra de Perijá. Foto: Hernando Vergara.

Lorena Meléndez G. | Mongabay Latam

Hace tres años, los miembros de una organización ambiental del sur de Venezuela comenzaron a recibir amenazas. A sus teléfonos llegaban mensajes de texto y llamadas en los que les decían que dejaran de denunciar la presencia de la minería ilegal que extrae oro de los parques nacionales de la zona. Con los días, los recados fueron más violentos: los invitaban a no actuar si querían preservar su integridad física. Menos de tres semanas después, asaltaron su sede y se llevaron todas las computadoras y materiales de oficina. Uno de los activistas, cuya identidad y la de su organización no se difunden por motivos de seguridad, tuvo que irse de su casa por un tiempo hasta que todo se calmó.

Este episodio muestra la condición de vulnerabilidad de los defensores ambientales en el país. Aunque el robo fue denunciado, una fuente ligada al caso aseveró que poco hicieron los cuerpos de seguridad del Estado para investigar lo que había sucedido y para dar con el origen de aquellas amenazas. Hoy, el miedo a señalar a los culpables obliga a los ambientalistas a documentar, en silencio, los delitos que atentan contra la naturaleza. Algunos, incluso, evitan hacer informes in situ por temor a persecuciones y represalias.

De acuerdo con Global Witness, organización que documenta los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en el mundo, en Venezuela se registraron tres homicidios de activistas ambientales en 2018. Una constante en los hechos es la inacción del Estado en cuanto a la resolución del suceso y penalización de los culpables. Eso ha pasado, por ejemplo, con la muerte de Pedro Vielma, Ramón Rosario y Reyes Orlando Parra, a quienes un grupo de hombres armados mataron entre el 1 y 2 de agosto de 2018 en el fundo La Escondida del municipio Rojas de Barinas, en la región llanera del país. La esposa de Parra, Zuleima Contreras, exigió al presidente Nicolás Maduro que se hiciera justicia en el caso de su marido, quien era miembro de ‘Los lanceros de la Pescalinera de Zamora’ —una organización campesina que luchaba por recuperar tierras que antes les fueron usurpadas— y estaba siendo ayudado por Vielma y Rosario, propietarios de predios de la zona.

El informe también hace énfasis en el caso de la abogada e indígena pemón Lisa Henrito, quien fue tildada de “traidora” y “secesionista”, por un militar venezolano cuando era entrevistado en un programa de la televisión pública. Henrito es conocida por su defensa de los derechos de las comunidades ancestrales así como por su férrea posición contra la minería. “Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos en Venezuela, en los cuales altos funcionarios han estigmatizado a activistas y esto ha generado su persecución por parte de las autoridades”, apunta el documento.

Los asesinatos de los líderes Sabino Romero (2013)  y Freddy Menare (2017) siguen sin esclarecerse por completo. Quienes continuaron con sus legados por la defensa de las tierras en la Sierra de Perijá y el Amazonas venezolano continúan bajo amenazas, al igual que diferentes líderes de organizaciones ambientales. Mineros ilegales, grupos armados y usurpadores de tierras siguen dominando estas regiones.

Peligro en la Sierra de Perijá

Cuatro ambientalistas entrevistados para este reportaje confirmaron los riesgos que corren cuando ejercen su labor y lo que ha pasado después de las muertes de los líderes indígenas Sabino Romero y Freddy Menare. Uno de ellos es Lusby Portillo, antiguo profesor de la Universidad del Zulia y representante de la Sociedad Homo Et Natura —ONG que colabora por medio de la investigación, preservación, defensa y promoción de las culturas indígenas de la Sierra de Perijá y la Cuenca del Lago de Maracaibo— quien relata las dificultades por las que ha atravesado para reportar la lucha de los indígenas yukpas por sus tierras en la Sierra de Perijá y denunciar los intentos del Estado por explotar minas de carbón en territorios que ancestralmente pertenecen a esa etnia.

“En los ochenta, cuando comencé, el gobierno decía que yo era un guerrillero peruano y que era de Sendero Luminoso —organización terrorista autora de múltiples asesinatos y atentados en el Perú—. […]Durante el gobierno de [Hugo] Chávez me dijeron que era paramilitar porque yo sigo cuestionando el modelo ambiental y las políticas ambientales, indígenas y fronterizas […] Uno queda como aislado, estoy criminalizado por el gobierno. Es muy difícil vivir así y luchar es todavía más difícil”, asegura el activista, quien para continuar con su labor se ha valido de una red de informantes que le alertan cuando en sus territorios hay crímenes ambientales.

Portillo fue uno de los ambientalistas que siguió de cerca la lucha de Sabino Romero, el líder yukpa que recibió al menos 20 amenazas de muerte y fue finalmente asesinado en febrero de 2013 a manos de un sicario. Iba junto a su esposa, Lucía Martínez, de camino a las elecciones de cacique mayor en la parroquia Libertad del municipio Machiques, en el occidental Estado de Zulia, cuando un par de motorizados se detuvieron junto a él y le dispararon varias veces mientras pasaba por la comunidad de El Tukuko. Él murió y su pareja resultó herida.

Aunque el autor material del suceso, Ángel ‘Manguera’ Romero Bracho, fue condenado a 30 años de prisión en 2015, los presuntos autores intelectuales siguen libres y no hay ninguna investigación abierta contra ellos. Las evidencias apuntan a que se trata de ganaderos de Machiques con quienes el líder yukpa había mantenido enfrentamientos armados en medio de la pelea por los territorios que pertenecían a su etnia y que nunca fueron demarcados.

«‘Manguera’ era empleado de los ganaderos, su guardaespaldas, trabajaba con la Guardia Nacional en acciones encubiertas”, asegura Portillo, quien recuerda que, antes del asesinato, Sabino Romero participó en la ocupación de la Hacienda Medellín —que hacía parte de una de las zonas que los yukpa aseguraban que les pertenecía y no estaba demarcada— donde se concentraron alrededor de 200 dueños de fincas junto con hombres armados. Al final de la tarde, estos intentaron avanzar contra los yukpas y los indígenas respondieron con sus escopetas. Hubo una balacera con varios heridos. “Ese día le declararon la muerte a Sabino y contrataron a los sicarios para que lo mataran”, apunta el defensor ambiental.

El informe anual de la organización Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) de 2013, cita el caso del indígena asesinado y reseña que el gobierno siempre estuvo en su contra.

“Sabino había sufrido una constante criminalización por parte de las autoridades debido a su movilización en defensa de los derechos del pueblo yukpa. Sufrió privación de libertad durante 18 meses y era permanentemente hostigado por funcionarios policiales […] La cruda realidad es que a Sabino lo mataron por oponerse a la demarcación de las tierras por parcelas”, se lee en el documento.

Portillo cuenta que Lucía Martínez, la esposa de Sabino Romero, ha seguido al frente de las protestas y exigencias de su pueblo, lo mismo que Sabinito, el hijo mayor de la pareja. Siguen expuestos a amenazas. El defensor ambiental afirma que, al menos, se logró que el gobierno desistiera de la idea de explotar carbón en la Sierra de Perijá.

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