Despenalización del aborto y matrimonio igualitario ¿Próximamente?

Despenalización del aborto y matrimonio igualitario ¿Próximamente?

Marcha 28 de mayo Puebla / Foto: Marlene Martínez
Roberto Alonso

@rialonso

A dos semanas de la despenalización del aborto en Oaxaca y a pesar de haber sentencia y jurisprudencia de la Corte en contra de la definición tradicional del matrimonio, el Congreso de Puebla decidió seguir criminalizando a las mujeres –con penas de seis meses a un año de prisión– y mantener bajo candado los matrimonios entre personas del mismo sexo.

¿Traicionó la mayoría legislativa de Morena su agenda progresista? ¿Se convirtió el Congreso en lo que antes criticaba? ¿Regresó a ser una oficialía de partes? Veamos. Esta discusión tiene un marco formal, de tipo institucional, y uno político. El debate político reciente en torno a la despenalización del aborto y a la legalización del matrimonio igualitario en Puebla se presentó a raíz del análisis y la aprobación de un conjunto de reformas planteadas por el gobernador en respuesta al plazo que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dio a Puebla para responder a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) decretada en 50 municipios del estado. Este fue el marco institucional.

La AVGM fue declarada el 8 de abril de 2019 y dispuso que a los seis meses el gobierno tendría que informar sobre las acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia establecidas en la misma. En total, la AVGM incluyó para Puebla 45 medidas: 17 de tipo preventivo, 11 en materia de seguridad y 17 más de justicia.

Por ello fue que el Congreso local estaba obligado a aprobar el pasado 8 de octubre reformas que incluían modificaciones en tres leyes –la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla; y la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla– y en los códigos civil y penal.

Aunque la discusión se centró en el aborto y el matrimonio igualitario, en el artículo 342 del Código Penal y en el artículo 294 del Código Civil, respectivamente, el paquete de reformas concentraba modificaciones en más de 100 artículos de los cinco ordenamientos. Es cierto que la reforma integral no tuvo el propósito de despenalizar el primero y legalizar el segundo. Ese no era su motor, no fue el móvil de la discusión legislativa. Sin embargo, eso no impedía que las y los diputados poblanos pudieran haber dado un paso más, y en tal sentido tenían dos argumentos.

En primer lugar, el Congreso poblano parece pasar por alto que su composición ya cambió, por lo menos nominalmente. Es Morena el partido con el mayor número de diputaciones y es la coalición Juntos Haremos Historia la que hace mayoría absoluta. Si algunas y algunos legisladores de dicha coalición tienen posturas contrarias, la mayoría absoluta podría replantearse con representantes de otras fuerzas políticas, tales como Movimiento Ciudadano, el PRD y el PRI, así como con diputadas y diputados sin partido. Con una composición distinta, de este Congreso se esperan cosas distintas.

Se trata, absolutamente, de una discusión que polariza. Así ha sido, es y será. La arena de conflicto de una política como esta es turbulenta: hay intereses contrapuestos y la solución tendrá por naturaleza afectados y beneficiados. Las políticas que tienen que ver con principios, señala la literatura, tienen un margen de negociación mínimo. Difícilmente cambiarán las opiniones en torno a estos asuntos en unos meses y ello no debería justificar que se pospongan derechos.

En segundo lugar, dentro de las medidas preventivas para enfrentar la violencia feminicida, la AVGM exhortaba al gobierno del estado a dotarse de un “marco normativo suficiente para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, revisando y analizando la legislación estatal a efecto de armonizarla “con el marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres”. Así consta en la fracción X de sus medidas preventivas.

Por lo que toca al matrimonio igualitario, la Corte ha sido enfática al declarar que son inconstitucionales las leyes que consideran que la finalidad del matrimonio es la procreación y lo restringen a la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Hay jurisprudencia y sentencias puntuales. Por lo que hace al aborto, a decir de los órganos internacionales de derechos humanos, las leyes que penalizan el aborto son discriminatorias y un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. La reforma al Código Penal de Puebla que reduce la pena por aborto y desaparece las causales discriminatorias que la aminoraban es importante pero insuficiente.

Regresemos a las preguntas. ¿Traicionó la mayoría legislativa de Morena su agenda progresista? Sí, por lo menos temporalmente. La llave de la inconstitucionalidad a la que se refirió el gobernador es limitada y podría ser tardada. ¿Se convirtió el Congreso en lo que antes criticaba? También, pues tomó una decisión pragmática postergando derechos y el cuidado de la integridad de mujeres concretas. Las parejas del mismo sexo dependen de un juicio de amparo para poder unirse en matrimonio, mientras que el aborto existe y se practica en la clandestinidad, siendo un asunto de salud pública antes que una cuestión de imperativos morales. ¿Sigue siendo el Congreso una oficialía de partes? Habrá que esperar y visualizar el resultado final del actual periodo legislativo.

 

*Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

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