¿Debe ser pública la salud del Presidente?

¿Debe ser pública la salud del Presidente?

Foto tomada de Pie de Página
Cuauhtémoc Cruz Isidoro

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por una solicitud de información que había llegado a la Presidencia de la República solicitando diversos documentos relativos al estado de salud del titular del Ejecutivo.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 10 de octubre, el Presidente calificó al INAI como una creación del “conservadurimo”, mismo que, “apoyaron los de la supuesta sociedad civil y la prensa conservadora” y que “cuesta mil millones de pesos mantener ese instituto” y atribuyó a sus adversarios la siguiente solicitud de información:

Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como: papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente, dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico.

También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronarias, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales’

Tras concluir la lectura, el Presidente expresó “pues voy a tener que ir. Pero así están, ¿para qué? estoy al 100, me dio una gripa, pero ya estoy saliendo”, dejando entrever que entregarían la información.

¿Podría calificarse como una acción de sus adversarios? De acuerdo con datos difundidos por el Comisionado del INAI Joel Salas, entre 2003 y 2019, se han presentado 63 solicitudes de acceso a la información pública requiriendo los expedientes clínicos de diferentes expresidentes. De ellas, 21 solicitudes fueron pidiendo información sobre el expresidente Peña Nieto, 18 más sobre el actual presidente; ocho sobre la salud del expresidente Calderón y en igual número sobre el expresidente Vicente Fox Quesada.

Con base en esa información, podríamos decir que independientemente del presidente de la república y su origen partidario, ha sido de interés para la población conocer la salud del titular del Ejecutivo Federal, tanto durante su mandado como posterior a este.

Ahora bien, ¿puede ser público el expediente clínico del Presidente? Actualmente, la legislación en nuestro país, considera que el expediente clínico de cualquier persona, independientemente del cargo público que ocupe, es considerada datos personales, por lo tanto es información de carácter confidencial.

Este criterio ha sido avalado por el Poder Judicial mediante la Tesis 2006298, en la que señala que: “la autoridad administrativa, para acatar el mandato de protección de datos personales establecido en esos preceptos, debe negar la entrega del expediente clínico al público en general, siendo que ese deber es exigible con independencia de la calidad de la persona respecto de quien se pretenda obtener la información o el cargo público que ocupe en el gobierno, ya que las normas analizadas prevén que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, sin establecer excepción alguna.”

Quizá la pregunta sería ¿debería ser público el expediente clínico del Presidente de la República? Recordemos que no es la primera ocasión que el estado de salud de un titular del Ejecutivo está en la discusión pública.

En 2011, diputados del PT cuestionaron un presunto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. A partir de esa manta, la periodista Carmen Aristegui cuestionó en su programa de radio: “¿tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente de la República? Pregunta sobre la que no hubo respuesta y que, dijeron después, le costó la primera salida de MVS.

De igual forma durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, quien al inicio de su administración fue operado de un nódulo tiroideo de la garganta, circularon diferentes versiones sobre su estado de salud, entre ellas, de que padecía cáncer.

Sin duda, el estado de salud de cualquier persona constituye información de carácter confidencial, pero en el caso de las personas que por su relevancia pública y por el poder de decisión que tienen, como son los titulares de los Ejecutivos o los impartidores de justicia, el interés sobre su estado de salud puede cobrar mayor relevancia.  A nivel internacional hay casos donde los estados de salud de los mandatarios han sido públicos, por ejemplo en Francia o en Estados Unidos.

En julio pasado, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa con la que se busca incorporar en la Constitución la obligación tanto del Presidente de la República como de los Secretarios de Estado de presentar “un informe médico en versión pública sobre el estado general de su salud” ante el Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias.

Así como, la facultad de la Cámara de Diputados de “solicitar un nuevo informe médico […], cuando exista interés público por parte de la ciudadanía o sospecha de enfermedad grave del Presidente de la República o alguno de los Secretarios de Estado, siempre y cuando hayan transcurrido al menos cuatro meses del último informe médico enviado”.

El  tema puede generar polémica, pero sobre el cual hace falta entrarle a una discusión amplia e informada sobre el mismo para revelar el interés público que puede haber detrás de ésta y los beneficios que podría traer a nuestro sistema democrático y de participación ciudadana.

*Foto de portada: tomada de Pie de Página

Cuauhtémoc Cruz Isidoro, comunicólogo por la IBERO Puebla y maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es responsable de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y es Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla). Se ha especializado en derecho a la información. Chiva y blaugrana de corazón.

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