Roberto Alonso

@rialonso

Foto: Cuartoscuro / Tomada de animalpolitico.com/

¿Primer informe, tercer informe o una mañanera más? A juzgar por lo que sucede de lunes a viernes en el mismo Palacio Nacional, desde donde Andrés Manuel López Obrador se dirigió este 1 de septiembre al país en el marco de la entrega de su primer informe de gobierno al Congreso, el domingo no hubo sorpresas ni novedades. Su discurso duró lo que suele durar una mañanera e incluyó, como ocurre también en el Salón Tesorería, una dura crítica a sus adversarios. “Están moralmente derrotados”, dijo el presidente a sus opositores.

Quizá esta haya sido una de las declaraciones de mayor peso político de un mensaje que se mantuvo dentro de los linderos tradicionales por los que se mueve López Obrador: la austeridad, el cambio de régimen, el bienestar y la lucha contra la corrupción, por mencionar algunos de los terrenos por los que más le gusta transitar. Vista desde el ángulo de la importancia de la oposición en un entorno democrático, la afirmación es preocupante en dos sentidos: por haber sido expresada en voz del titular del Ejecutivo, no de un político en campaña; y por reflejar, en efecto, la situación actual de la oposición en el país.

A esta fecha simbólica del presidencialismo mexicano, López Obrador llegó con una aprobación de siete de cada 10 mexicanos, pese a enfrentar dificultades inmediatas como el desabasto de medicamentos y desafíos de magnitud estructural como la violencia y la falta de crecimiento económico. Es cierto, habiendo pasado ya nueve de los 70 meses que durará su gobierno –una octava parte de su sexenio–, los grandes problemas de México siguen ahí y protestas hay, sin embargo, estas no acaban de articular una oposición robusta.

Pero entendida desde la óptica de la necesaria transformación social que el país requiere, poniendo por delante el bienestar de los sectores más desfavorecidos e incluso marginados en pasadas administraciones, la arenga del presidente es explicativa del momento político por el que traviesa México. Un momento que fácilmente puede razonarse en términos de ineptitud, improvisación y tozudez, pero que también puede ser examinado como un proyecto orientado a desarmar el aparato que mantiene intactos los engranes de los privilegios, la impunidad y la exclusión.

Con estas lentes, el análisis de las medidas implementadas por el gobierno de López Obrador en torno a la economía y a la seguridad se desplaza de una crítica legítima a las decisiones que han ocasionado el estancamiento de la primera y no han podido contener el incremento de la violencia, a una comprensión más ancha y compleja de ambos problemas, en los que se cuestiona el valor en sí mismo del crecimiento económico y se privilegia la atención a las causas de la inseguridad.

Veamos. Cuando el presidente sostiene que hay que hacer a un lado “la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico” y que “lo fundamental no es lo cuantitativo”, socava una visión empecinada en el crecimiento económico como fin en sí mismo, desvinculada de la injusta distribución de la riqueza que ha existido aun con mejores indicadores económicos. En todo caso, queda a deber la Cuarta Transformación al pensar únicamente en transferencias y no en impuestos progresivos, por ejemplo, para disminuir las brechas de la desigualdad.

Por lo que toca a la violencia, no cabe duda de que la pacificación del país está muy lejos de ser una realidad y que, de seguir la tendencia como va, el primer año de gobierno de López Obrador será el más violento en la historia de México. De acuerdo con cifras oficiales, de enero a julio de 2019 se registraron 20 mil 135 homicidios dolosos, 4% más que los homicidios contabilizados en el mismo periodo el año pasado. Frente a este panorama López Obrador plantea que, a diferencia de los últimos sexenios, en los que se combatió la violencia de la delincuencia organizada con acciones centradas en la fuerza militar y policial, su gobierno ha impulsado un cambio de paradigma mediante una atención integral que visualiza en la creación de empleos, la mejora de condiciones laborales, el bienestar, la atención a los jóvenes y la regeneración ética de las instituciones, la ruta de solución al problema.

Como ha sido denunciado por expertos y organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, la creación y el despliegue de la Guardia Nacional con elementos de las Fuerzas Armadas desempeñando tareas de seguridad pública a lo largo del territorio nacional no se aleja demasiado de la política en la materia de los gobiernos anteriores. Con todo, el énfasis en las políticas de bienestar, en particular las dirigidas a los jóvenes, podrían representar un antídoto clave en términos de prevención de la violencia, de ahí que sea de la mayor importancia la evaluación de estos apoyos en orden a garantizar su efectividad.

Hace unos días, López Obrador reconoció que ya no es tiempo de diagnósticos ni de pasar la factura a las pasadas administraciones, y que los graves retos que enfrenta el país son responsabilidad de su gobierno. Con este acto de conciencia y el tercer-informe-mañanera, se abre un capítulo en el que la evaluación del presidente debería dejar de tener mayormente en cuenta sus buenas intenciones y enfocarse en sus resultados.

*Foto de portada: Cuartoscuro