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Samedi Aguirre | Animal Político

Por la iniciativa de Ley de Amnistía que envió el Presidente a la Cámara de Diputados se ha publicado información falsa o supuestas interpretaciones legales sobre temas que la ley ni siquiera contempla. ¿Es una invitación a delinquir, una propuesta para disminuir la injusticia social del sistema jurídico o una estrategia para modificar las cifras delictivas? Expertos explican qué sí dice y qué no esta propuesta, a quién se aplica y qué impacto podría representar en el sistema jurídico federal.

La propuesta

El pasado domingo 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía. Hubo quien acusó al presidente de promover la impunidad y la comisión de delitos, o quienes aplaudieron la propuesta por considerarla una acción a favor de la justicia social del país.

En la conferencia de prensa del pasado 17 de septiembre, López Obrador aseguró que “esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada que no se les asistió, no se les ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia”.

A quién se le otorga Amnistía 

Según la exposición de motivos de la propuesta presentada a la Cámara de Diputados, en los penales federales existe un número significativo de personas que están recluidas en los penales por delitos menores, “provocados por el hambre y la pobreza”.

Según la iniciativa son las mujeres, los jóvenes y los indígenas los grupos más afectados. Las primeras muchas veces presionadas y amenazadas por sus parejas, los segundos por no contar con oportunidades de educación ni empleo, y los terceros por enfrentar el proceso sin un traductor.

Por ello, la iniciativa contempla decretar amnistía a las personas que no sean reincidentes en los siguientes delitos, si fueron cometidos antes de que esta Ley entre en vigor:

• Aborto, tanto para la mujer que lo haya cometido, como para el personal que la haya asistido;
• delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad obligados por algún familiar o un miembro del crimen organizado;
• cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado;
• delito de robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión,
• delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno.

La amnistía no contempla a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, quienes hayan cometido secuestro, ni para quien haya empleado un arma de fuego para cometer algún delito.

La propuesta indica que no desaparecen los delitos, solo se extinguen las penas, por lo que las cifras estadísticas de comisión de delitos no tendrían que modificarse.

Miguel Alfonso Meza, consultor del Despacho de investigación y litigio estratégico (DILE), explica que esta ley se aplica a actos y personas con características específicas. Por lo que la amnistía no se otorgará de forma masiva, por el contrario, serán pocas las personas a quienes se les otorgue la amnistía.

Gabriela Morales, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), señala que desde una perspectiva de derechos humanos la iniciativa busca “disminuir las desventajas que sufren los grupos vulnerables porque las personas destinatarias de la ley son mujeres o pertenecientes a comunidades indígenas o jóvenes que por diversas circunstancias sociales y económicos se han visto obligados a delinquir”.

La académica agrega, que esta iniciativa también considera la perspectiva de género, “otra de las demandas más fuertes de la sociedad pues considera a las mujeres que se han practicado un aborto, así como a los médicos que las asistieron”.

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