La Ley Bonilla o el intento de torcer la ley

La Ley Bonilla o el intento de torcer la ley

Roberto Alonso
@rialonso
Foto: Marlene Martínez

Casi dos meses le tomó a Andrés Manuel López Obrador decantarse de manera firme en torno al fraude a la ley con el que el Congreso de Baja California ha querido regalarle al gobernador electo de dicha entidad, el morenista Jaime Bonilla Valdez, tres años más de gobierno. Fue el intento de Morena de querer ampliar también la retención de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año legislativo, lo que llevó al presidente a reprobar el asalto democrático en el estado fronterizo.

Al día siguiente de la aprobación de la llamada Ley Bonilla prefirió no opinar al respecto, acotando que no había habido intervención de la Presidencia en la decisión del Congreso local. Unos días después, en conferencia de prensa desde Nayarit respondió categóricamente que si le hubieran consultado sobre el escenario de extender el periodo de la gubernatura habría dicho que no. Más adelante, señaló que será la autoridad competente la que resolverá la constitucionalidad de la reforma y destacó que habían sido partidos de oposición  los que habían aprobado dicha iniciativa.

Y en efecto, fueron diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, además de legisladores de Morena y del PT, los que de manera arbitraria menospreciaron el valor del sufragio de los bajacalifornianos que eligieron a Bonilla Valdez para un periodo de dos años de gobierno y enrarecieron el periodo de transición que aún no concluye. La toma de posesión del nuevo gobernador está prevista para el 1 de noviembre.

Las elecciones tuvieron lugar el 2 de junio y si bien el candidato morenista ganó con una ventaja considerable obteniendo 50% de los votos, fue menos de 30% de la población la que salió a votar. El 8 de julio, por iniciativa del diputado de Morena, Víctor Manuel Morán Hernández, el Congreso local votó a favor de obsequiarle al gobernador electo tres años más de gobierno argumentando que nuevas elecciones en 2021 representarían un duro golpe a las finanzas públicas del estado. El 9 de julio, la Ley Bonilla fue avalada por tres de los cinco municipios de Baja California, cumpliendo con los requisitos necesarios de una reforma constitucional.

Es cierto que de los 21 diputados que votaron a favor de la Ley Bonilla 16 eran de oposición, pero fue la nueva legislatura que inició sus funciones el 1 de agosto con mayoría morenista, la que no conforme con el atropello de la anterior, optó por una consulta ciudadana para hacer cómplice de la ilegalidad a la sociedad bajacaliforniana. Una consulta que, dicho sea de paso, no tiene asidero legal, pues tanto la Constitución local como la Ley de Participación Ciudadana de la entidad prohíben consultas en materia electoral.

El propósito de la consulta no parece ser otro que enmarañar aún más el ambiente y obstaculizar la impugnación de la Ley Bonilla, que para ser impugnada y por tanto examinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado. Quedan menos de dos meses para el cambio de gobierno y la modificación constitucional al decreto de ley con el que Baja California había emparejado su calendario electoral con los procesos federales, pasando de dos a cinco años el periodo de gobierno del candidato elegido en junio pasado, aún no ha visto la luz.

En este ambiente es que cobra relevancia la declaración que López Obrador hizo el miércoles pasado. En su tradicional mañanera y en el marco de la discusión para entonces todavía irresuelta en la Cámara de Diputados por la Mesa Directiva, el presidente subrayó que “no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda.” Para cernir más fino le preguntaron si incluía Baja California. Y contestó: “todo”, enfatizando que así como celebraba la decisión de Porfirio Muñoz Ledo de renunciar a la presidencia de la Mesa Directiva, espera que “se actúe igual en todos los casos, y además que se dé el ejemplo”.

Como ocurrió en la Cámara de Diputados, donde se permitió que el PAN ocupara como le correspondía en espíritu democrático la Mesa Directiva, y se dio marcha atrás al intento de ajustar la ley a la actual representación parlamentaria, es probable que los diputados locales de Morena metan freno a la Ley Bonilla. Teniendo en cuenta los riesgos del presidencialismo y la centralización del poder, no es lo ideal que el Ejecutivo federal intervenga para detener una decisión arbitraria en el ámbito subnacional. Sin embargo, habiendo facultades para ello, es una vía eficaz ante el abuso y el empecinamiento de la representación de Morena en Baja California.

Baja California no es el único estado en el que se han aprobado y ejecutado leyes a modo. Como se afirmó en el primer análisis del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, iniciativa de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana dada a conocer la semana pasada, Morena tiene ante sí la posibilidad de continuar debilitando el Estado de derecho o fortalecerlo con el suelo democrático que el país requiere.

*Foto de portada: Marlene Marínez

Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

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