Foto: Luis Colchado

Dafne Betsabe Garcia Mendoza

@DafneBetsabe2

Con un nivel de impunidad de 90.1%, un porcentaje de resolución de casos de 4.8% y un índice de confianza en el sistema de justicia de -10%, Puebla fue uno de los peores evaluados en 2018.

El Sistema de Justicia Penal en México (SJP) sufrió un cambio total después de la reforma constitucional de 2008, cuando se pasó de tener un sistema Inquisitivo a uno Acusatorio Adversarial, con los objetivos de mejorar el sistema de administración y procuración de justicia, “defender las garantías de las víctimas y de los acusados y la imparcialidad de los juicios, así como implantar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y el funcionamiento de las cárceles”.

En Puebla la implementación del nuevo sistema inicia en el 2012 y para junio de 2016 en todas las entidades federativas se terminó de instaurar, bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

A tres años de la implementación de este sistema en todo el país, la procuración de justicia aún no logra cumplir con los objetivos y expectativas planteados. 

Desde hace 6 años la organización México Evalúa realiza anualmente una evaluación integral del sistema de justicia penal a nivel nacional. Su informe más reciente “Hallazgos 2018”, con datos obtenidos mediante una “Metodología de Seguimiento y Evaluación de la Operación del Sistema Penal en México”, revisó Condicionantes, Habilitantes, Resultados e Impacto del sistema de justicia.

Las cifras obtenidas en el informe para el estado de Puebla no son nada alentadoras, como se muestra a continuación:

Como se puede observar en la tabla, el porcentaje de detenciones calificadas como ilegales en Puebla es muy alto, casi tres veces el promedio nacional. Mientras que la resolución de los casos, es decir, las causas penales que fueron finalizadas durante 2018 es muy baja; a nivel nacional fue de 30.5% y de 4.8% para el estado, lo que lo coloca en primer lugar nacional, seguido de Baja California con 6.7% y Guerrero con 9.7%.

También en cuanto a la congestión de los casos, es decir los casos en trámite o no resueltos que se suman a la carga de trabajo del siguiente año, Puebla fue el estado que tuvo el mayor porcentaje con un 96.4% seguido de Baja California Sur con 82.6%  y Tamaulipas con 47.2% .

Justicia Alternativa

El uso de medidas alternativas de solución de conflictos es aún muy bajo para Puebla: está entre los primeros 6 estados que usan estas medidas con un porcentaje de .5% mientras que el promedio nacional es de 4.2%. 

La Justicia Alternativa es una de las principales características del Sistema de Justicia Penal acusatorio, por lo que darle mayor énfasis y aplicabilidad reduciría la congestión y la carga de trabajo para el sistema.

En entrevista para LADO B, el Maestro Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ., de la Universidad Iberoamericana, dijo que el poco uso de estos mecanismos se debe, en parte, a que “falta información porque está muy subutilizado este método. Creemos que sólo son para peleas entre vecinos o para riñas o para cosas así, cuando tiene potencial de utilizarse en muchas otras, no sólo la mediación sino otras medidas como alternativas o creativas que da la opción de la ley”.

Otro de los factores que influyen en que no se usen estos Medios Alternativos de Resolución de Conflictos es la falta de información y confusión acerca de cuáles son esos medios y en qué casos se utilizan. 

Al respecto Rosa Isela Ortiz Ocampo, abogada titular de la firma Kortizo abogados & mediadores y doctorante en Juicios Orales, explicó a LADO B que “el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso de los mecanismos alternos, es muy claro en cuanto a qué hechos tipificados como delitos pueden ser llevados a mecanismo alternos: aquellos delitos que son de querella, delitos patrimoniales sin violencia… es muy clara la clasificación que nos establece en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, en ese sentido, no vamos a llevar a un mecanismo alterno un caso de feminicidio o de trata de personas, por supuesto que no”.

Índice de confianza en el Sistema de Justicia Penal

Este índice fue calculado con base en el promedio de la diferencia entre “mucha” y “nada de confianza” (o entre “mucha confianza” y “mucha desconfianza”) de las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad (ENVIPE) desde 2011 hasta 2018. Las cifras obtenidas tanto a nivel nacional como en el caso específico de Puebla son preocupantes, ya que indican una constante desconfianza por parte de la población hacia las autoridades encargadas de velar por su seguridad, así como de la investigación y persecución de la comisión de hechos delictivos.

Índice de Impunidad

Uno de los principales indicadores de que el sistema no está funcionando es la impunidad, es decir la falta de investigación y resolución de los casos que los ciudadanos presentan ante las autoridades. 

Para tener una idea de la efectividad de nuestro sistema, México Evalúa diseñó el Índice de impunidad usando una metodología que toma en cuenta los siguientes aspectos: salidas alternas y anticipadas, sentencias condenatorias, casos remitidos y desestimaciones.

Acorde con dicho índice, el promedio nacional de impunidad es de 96.1% mientras que para Puebla el porcentaje fue de 90.1%, lo que se traduce en que solo 1 de 10 casos presentados ante la autoridad estatal se resolvió.

Sentencias emitidas

En este indicador se tomaron en cuenta las sentencias que se emitieron, del total de asuntos en trámite a nivel nacional durante 2018, dando como resultado sentencias emitidas en el 13.6 % de los casos a nivel estatal. Los estados que menor porcentaje de sentencias tuvieron fueron: Puebla con .5%, Campeche con .9% y Baja California Sur con 1.7%.

Personal insuficiente

Unos de los elementos importantes que aseguran el buen funcionamiento del Sistema de Justicia Penal es contar con personal suficiente y bien capacitado que garantice el acceso a la justicia a la ciudadanía. Es por eso por lo que México Evalúa hizo un análisis de los operadores del sistema disponibles tanto a nivel nacional como a nivel estatal, para Puebla se obtuvieron los siguientes datos:

Como se puede observar, Puebla está por debajo del promedio nacional en cuanto al personal disponible para el Sistema de Justicia Penal; en el rubro de jueces fue el segundo peor evaluado sólo por detrás de Michoacán, incluso Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas tienen más jueces. 

A nivel nacional la situación no es mejor, el promedio es de .9 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Latinoamérica es de 10.

Por otra parte, en el ámbito de defensores públicos nuevamente Puebla fue el segundo peor evaluado; Chiapas es el estado con menor número de defensores, mientras que estados como Chihuahua, Guerrero y Michoacán resultaron mejor evaluados.

Al respecto, México Evalúa hizo un cálculo de los imputados que cada defensor debía atender y encontró que el promedio nacional es de 219 imputados por defensor, mientras que en Puebla hay 227. 

Esta situación impide que los defensores resuelvan los asuntos a su cargo y se emitan las correspondientes sentencias (ya sean absolutorias o condenatorias). Evidencia de esto es que durante 2018 el promedio nacional de personas representadas que fueron sentenciadas fue de 20.1% mientras que para Puebla fue de sólo 0.1%, el estado más bajo en este rubro.

Finalmente, se observa que hace falta personal para la Atención y/o Protección de Víctimas. Este es el ámbito en el que la mayoría de los estados queda a deber a la población.

Sobre la importancia de las víctimas en el Sistema de Justicia, el maestro Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, también responsable del Programa de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero, dijo que “los jueces y todos los operadores del sistema deberían tener en mente a la víctima siempre, ponerla en el centro y en la medida en que se le repare el daño a la víctima es en la medida en la que se está haciendo justicia en verdad”.

Clausura simbólica de Fiscalía. 13ª Marcha del Orgullo LGBTI Puebla. /
Foto: Leo Herrera

Sin consolidación del Sistema de Justicia Penal en Puebla

Los resultados del análisis realizado por México Evalúa revelan un sistema de justicia en Puebla con muchas deficiencias aún. Es por eso que no se puede hablar de que el proceso de transición de un sistema a otro se haya completado y menos aún consolidado.

Luna de la Mora identificó varios factores por los que el sistema de justicia no se ha consolidado de la manera esperada en Puebla: en primera instancia, pareciera que a muchos de los operadores del sistema de justicia aún no les queda claro de qué se trata, y lo mismo pasa con el resto de la sociedad, que tiene la percepción de que con el nuevo sistema los delincuentes quedan libres más fácilmente, abonando a la impunidad ya existente. 

Por otra parte, consideró que también hace falta voluntad política para aplicar el nuevo sistema como debe ser. La ley “está muy bien hecha, el código nacional de procedimientos penales, la ley de ejecución penal, tienen ideas muy buenas, pero pues no se llevan a la realidad, creo que ese es el problema”.

Para la abogada Isela Ortiz uno de los elementos importantes que obstaculizan la consolidación del sistema de justicia es la corrupción que existe en México, y de la cual el tema de la administración de justicia no queda exenta. 

Además dijo que se debe trabajar con la prevención, porque “el sistema no es evaluar cuántos juicios orales hay y cuántos sentenciados con sentencias condenatorias hay, ese no és el éxito de un sistema, el éxito de un sistema es resolver el conflicto, resolver los hechos”. 

Finalmente reiteró que la figura de los mecanismos alternos de solución de controversias son uno de los principales ejes para lograr el éxito del sistema. 

Según el “Índice de estado de derecho 2019 (Rule of Law Index 2019)”, realizado por la organización World Justice Project, que mide cómo la procuración de justicia es experimentada y percibida por la población, México se ubicó en el lugar 99 del ranking mundial de 126 países, descendiendo dos posiciones con respecto al índice del año anterior, ubicándose debajo de países como Ecuador, República Dominicana, Colombia y el Salvador.

*Foto de portada: Marlene Martínez