La construcción de la presa en el río Ajajalpan causaría efectos medioambientales como son la inundación del bosque y la reducción del cauce del río
Foto: Martina Žoldoš

Roberto Alonso

@rialonso

[dropcap]A[/dropcap] propósito de la participación ciudadana y social, México enfrenta una paradoja: a pesar de la existencia de un marco jurídico que reconoce diversas instituciones participativas ante la construcción de megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, eólicos y de gasoductos –entre ellas la consulta previa, la consulta pública, comités y asambleas locales–, la conflictividad que estos ocasionan es alta.

De acuerdo con el proyecto Conversando con Goliat, cuyo punto de partida es esta paradoja, en el país existen 879 conflictos socioambientales, siendo Puebla, Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México, Chiapas y Veracruz las entidades en las que hay más registros de amenazas y agresiones relacionadas con megaproyectos. Conversando con Goliat es una iniciativa impulsada por FLACSO México y De Montfort University (Leicester, Inglaterra), patrocinada por la British Academy.

Ejemplo de estos conflictos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, el cual consiste en la construcción de dos presas (Ahuacoya y Zoquiapa) sobre el río Ajajalpan, que nace en Chignahuapan y desemboca en el Golfo de México. A decir de pobladores de la región, se trata de un río de por sí lastimado por el trasvase realizado décadas atrás a la presa de Necaxa. Para ellas y ellos, el proyecto es violatorio de sus derechos a la tierra y el territorio, a un medio ambiente sano, al agua, a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

“Nosotros estamos defendiendo el río”, “es un proyecto que no nos beneficia para nada”, “los empresarios entran sin nuestro permiso”, “queremos que respeten nuestra decisión a la autodeterminación”, “sin agua, nosotros no tenemos nada”. Estas son las voces de indígenas totonacos de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, que el pasado 24 de septiembre visitaron la ciudad de Puebla para dar a conocer la situación actual del juicio contra el proyecto, acompañados por las organizaciones que les han acompañado jurídicamente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Tiyat Tlali.

Estas comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla, pertenecientes a los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán, interpusieron un juicio de amparo hace tres años en contra de diferentes autoridades, incluidas las administraciones de estos mismos municipios que facilitaron las licencias de construcción desde 2009; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que autorizó en 2011 la primera manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa beneficiaria; la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en 2013 otorgó el permiso de abastecimiento de energía eléctrica; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que confirió la concesión para el uso y el aprovechamiento del agua en 2015; y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que en 2016 autorizó a la empresa en cuestión la realización de obras de infraestructura pese a que se encontraron vestigios arqueológicos en la zona. El amparo 598/2016 está por resolverse. La audiencia constitucional del caso tuvo lugar el 11 de julio, corriendo a partir de entonces un plazo de 90 días hábiles que concluye la tercera semana de noviembre.

La empresa beneficiaria con el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 lleva por nombre Deselec 1 y a ella se le autorizó sacar provecho de 350 millones de metros cúbicos anuales del río, es decir, 11 mil litros por segundo. El agua es el medio para generar energía eléctrica que tendría como beneficiarios finales las empresas Nueva Wal-Mart de México, Waldo´s Mart de México, Operadora Vips, Suburbia y Colchas México.

Con base en el permiso otorgado por la CRE en 2013, la generación de energía eléctrica con el agua del río Ajajalpan fue autorizada para “destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento (…) de los socios de la permisionaria (Deselec 1)”, listándose el nombre de cinco municipios –Ahuacatlán, Chiconcuautla, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, Puebla, así como Mecatlán, Veracruz– como personas morales que podrían o no ser parte de los planes de expansión de la empresa permisionaria.

De no ser suficiente lo anterior para refutar la utilidad pública del proyecto, resulta irrisorio que la consulta indígena que debió haberse efectuado de manera previa, libre e informada, la llevó a cabo la Secretaría de Energía (Sener) entre marzo y abril de 2015, seis años después de que se entregaron los primeros permisos, cuando ya se habían pronunciado a favor del proyecto autoridades municipales, la Semarnat y la CRE. Lo mismo ocurrió con los peritajes para estudiar el impacto ambiental y social del proyecto, que se hicieron después de haberse expedido los permisos.

El camino del juicio de amparo ha sido cuesta arriba, de ahí la importancia de la resolución que está por llegar. Algunas de las irregularidades que se han presentado durante el juicio son la falsificación de firmas, el supuesto desistimiento de la demanda de amparo, el surgimiento de terceros interesados y la desaparición de tomos del expediente del amparo, así como actos de difamación, hostigamiento y criminalización en contra de los demandantes y el equipo legal que les acompaña.

Más allá del impacto ambiental en términos de remoción de la vegetación forestal, el desvío del río, la disminución de la calidad del agua, la reducción del hábitat de especies y ecosistemas, la generación de gases de efecto invernadero y la contaminación de acuíferos, el río Ajajalpan es territorio sagrado. Son sus hijxs, quienes le están defendiendo.