Lado B
El Mecanismo y el PNDH
Uno de los compromisos del presidente fue “respetar la libertad de expresión”, mismo que declaró como cumplido. Los informes pintan un panorama distinto
Por Cuauhtémoc Cruz @cuau_cruz
10 de septiembre, 2019
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Cuauhtémoc Cruz Isidoro

Foto: Fernando Santillán

Cada 17.4 horas se agrede a la prensa en México, revela el informe más reciente publicado por Artículo 19. La organización defensora de la libertad de expresión documentó 249 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en nuestro país en los primeros seis meses de este año. De ellas, en el 42.16% de los casos el agresor fue un funcionario público y en otro 25.7% hay una falta de elementos para identificar al agresor, particularmente al darse dentro del espacio digital. Con el asesinato del director de El Observatorio del Sur, Nevith Condés Jaramillo, el pasado 24 de agosto en Tejupilco, Estado de México, suman 10 periodistas asesinados en lo que va 2019; 11 en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

México, lo hemos señalado en varias ocasiones en este espacio, es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Al panorama de agresiones reportado por Artículo 19, se suma otro igual de preocupante: Un diagnóstico elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a solicitud de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pone sobre la mesa una serie de puntos preocupantes en su operación.

Veamos algunos de los puntos más llamativos del Diagnóstico:

  1. El total de 36 funcionarios que operan el Mecanismo se ha mantenido estable desde 2014 a la fecha, lo que ha llevado a que la proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada funcionario del Mecanismo haya aumentado un 235% durante el mismo periodo, hecho que impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.
  2. El Mecanismo carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades.
  3. Para el final del año de 2019 la SEGOB prevé que estará protegiendo 1131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017.
  4. Los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida. Por ejemplo, la información sobre una agresión sufrida por una persona defensora o periodista puede demorar varios días en ser procesada porque el personal del Mecanismo no puede acceder desde las computadoras de Segob a varias páginas de internet, ni tiene acceso al correo laboral cuando están fuera de la oficina.
  5. El Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño – elemento muy importante –, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo.
  6. Finalmente, el Mecanismo se volverá ineficaz e insostenible porque, manteniendo la actual tendencia creciente, para 2024 serían aproximadamente 3,400 las personas beneficiarias acogidas al mismo.

Ante este escenario, en sus recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “para garantizar un funcionamiento más eficaz del Mecanismo, el Estado mexicano tendrá que reforzar de manera decidida sus recursos humanos, garantizar los recursos económicos necesarios – tanto para medidas de protección como para la operación cotidiana – y asegurar los recursos materiales adecuados para que las y los funcionarios puedan cumplir con su mandato de protección”.

Uno de los compromisos del presidente López Obrador fue “respetar la libertad de expresión y la manifestación de ideas”, mismo que declaró como cumplido en julio pasado al informar que “por medio del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se ha otorgado protección a 321 periodistas y 582 personas defensoras de los derechos humanos para garantizar la libertad de expresión”.

Los informes del Alto Comisionado y de Artículo 19, pintan un panorama distinto para palomear como cumplido dicho compromiso. El próximo 10 de diciembre, según ha adelantado la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, se presentará públicamente el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH).

Hace unos días, en el marco del Foro correspondiente a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, celebrado el pasado 30 de agosto, el subsecretario Alejandro Encinas anunció el seguimiento puntual a cada una de las recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado. Ahí mismo, una de las mayores preocupaciones expresadas por periodistas e integrantes de la sociedad civil se centró en la generación de condiciones óptimas para el ejercicio del periodismo pasando por el Mecanismo de Protección, el acceso a la justicia y combate a la impunidad, y por la modificación de diversas regulaciones que aún atentan contra la libertad de expresión (vigilancia, publicidad oficial, delitos de prensa, etc).

El Gobierno de la República tiene en sus manos, a través del PNDH, la oportunidad de generar una serie de políticas públicas, con una participación activa de la sociedad civil, que permitan mejorar las condiciones para la libertad de expresión. El discurso de defensa y respeto a los Derechos Humanos debe concretarse en acciones que cuenten con los recursos económicos y humanos adecuados y suficientes no sólo para la atención de los casos de agresiones, sino para enfocarse en la prevención de los mismos.

*Foto de portada: Fernando Santillán

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Autor Lado B
Cuauhtémoc Cruz
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, comunicólogo por la IBERO Puebla y maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es responsable de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y es Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla). Se ha especializado en derecho a la información. Chiva y blaugrana de corazón.
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