Desdén gubernamental por desapariciones en Guerrero

Desdén gubernamental por desapariciones en Guerrero

Zacarías Cervantes | Trinchera
Foto: José Luis de la Cruz

El hojalatero Arturo Casiano Alonso desapareció el 24 de junio de 2017 en la parte alta de la colonia PRD, al poniente de la capital del estado. Ese día, llegaba a su casa a bordo de su vehículo cuando se le cerraron dos camionetas en las que iban seis hombres con armas largas. Lo bajaron con violencia y se lo llevaron. Desde entonces, su esposa Teresa de Jesús Rivera Carvajal y sus hijos lo buscan, sin que hasta la fecha hayan encontrado el menor rastro de él.

Casiano Alonso tiene seis hijos: la mayor, de trece años, estudia el tercer año de secundaria. Le sigue otro de once que estudia primero de secundaria. El tercero tiene diez años y estudia quinto de primaria; el cuarto tiene seis años y cursa primero de primaria; el quinto tiene cuatro años y va en segundo de kínder. Y la sexta tiene tres y está en primero de kínder.

La mañana del viernes 30, el de diez años le preguntó a su madre que a dónde iba. Teresa le contestó: «a buscar a tu padre». El niño no dudó y le pidió: «Entonces no voy a la escuela, déjame ir contigo a buscarlo».

Durante un conversatorio efectuado el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido-desaparecido, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el niño se mantuvo en frente, en el estrado, con una cartulina con la fotografía de su padre, en sus manos.

Después, durante una marcha también caminó en medio, mostrando la fotografía con el nombre que él mismo escribió: «Arturo Casiano Alonso».

Teresa de Jesús, la esposa del desaparecido, refirió que desde las primeras horas de la desaparición de su esposo presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se quejó de que no le han informado nada, ni sabe si hay avances; incluso, no está segura de que hayan investigado para encontrarlo.

«Mi petición es que lo busquen; no se llevaron a cualquiera: es el padre de mis seis hijos», clamó.

En medio de la violencia, el problema de los desaparecidos crece cada día; y para los defensores de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas se ha convertido en una tragedia nacional. No así para los gobiernos federal y estatal, que no hacen nada por investigar y localizar uno solo de los desaparecidos en diversas circunstancias.

El director del Centro de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velásquez, dice a Trinchera que de un total de mil quinientas denuncias que se han presentado por desaparición de personas en Guerrero, a partir de que en el año 2006, el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, ningún caso ha sido esclarecido, ninguno ha llegado a la sentencia y, en consecuencia, tampoco hay responsables en la cárcel.

El defensor de derechos humanos denunció que otra de las deficiencias que hay en el estado es la ausencia de trabajo para la identificación de los cuerpos, pues de los setecientos cincuenta y uno que había a finales del año pasado, solo se han identificado a cien y son las mismas carpetas de investigación que se han abierto, pero ninguno ha sido entregado a sus familiares.

Filiberto Velásquez menciona que esas mil quinientas personas desaparecidas son las que reclaman los siete colectivos de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa y Huitzuco que pertenecen al Frente Guerrero por nuestros Desaparecidos.

A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, aclara que los mil quinientos no es precisamente la cifra real de los desaparecidos en Guerrero, puesto que solamente en Chilapa se habla de quinientos, pero que muchos de los familiares no han presentado denuncia.

«Estamos hablando que, tal vez, el 80% de familiares de desaparecidos no han presentado denuncia, porque no confían en las autoridades, incluso tienen miedo porque saben que el crimen organizado se encuentra al interior de las fiscalías y que eso representa un riesgo de muerte», declara.

Explica que el problema va creciendo, porque hasta el 2016, el Centro Morelos había registrado ciento tres desaparecidos de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, pero que a la fecha se habla de quinientos solamente de Chilapa.

Afirma que es prácticamente imposible tener cifras reales, porque muchas familias no se atreven a hablar por miedo.

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