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A 11 años del ataque con granadas en Morelia, no hay justicia ni reparación del daño

Un tribunal federal absolvió en definitiva a los presuntos responsables, por las fallas de la PGR

Arturo Angel | Animal Político
Foto: Cuartoscuro Archivo

El ataque perpetrado con granadas hace 11 años en contra de las personas que festejaban el Grito de Independencia en pleno zócalo de Morelia, Michoacán, hecho inédito en nuestro país y calificado oficialmente como terrorismo con un saldo de 8 muertos y más de 130 lesionados, ha quedado impune hasta ahora.

Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.

Como resultado el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman entre los que se encuentran, por ejemplo, una mujer que perdió una de sus piernas, o menores de edad que aun padecen secuelas de la explosión.

La situación para ellos se ha agravado porque si bien la ley de víctimas contempla que tendrían derecho a un apoyo económico subsidiario, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha aceptado hasta ahora inscribirlos en el registro de víctimas hasta que finiquiten un trámite, que incluye que un juez ordene su reconocimiento legal, situación que también se les ha negado en las sentencias.

“Hemos sido olvidado por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables, pero ello también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia” indicaron las victimas en el escrito de queja que ya interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Reyna Velasco, la abogada que representa legalmente a ocho de las víctimas, consideró que este es un caso que ejemplifica tanto la incapacidad de la investigación que se padece en todos los niveles en México, así como la inoperancia de la CEAV para brindar apoyo alguno a víctimas obvias de un hecho de violencia tan paradigmático, como fue este ataque.

Tribunal: el último clavo al ataúd

El 26 de septiembre de 2008, unos 14 días después del ataque con granadas de fragmentación, la PGR detuvo a tres sujetos (cuyos nombres no se publican dado que legalmente son inocentes) a los que acusó ante un juez de ser los autores materiales del ataque. Posteriormente extendería la acusación en contra de otra persona más. Los delitos que les imputó iban desde el homicidio hasta el terrorismo.

Sin embargo el caso comenzó a desmoronarse el 27 de mayo de 2015 cuando el juez a cargo del proceso determinó absolver y ordenar la libertad inmediata de los detenidos, al considerar que el proceso no podía continuar debido a la presunta tortura con la cual se obtuvieron las confesiones de los implicados.

Seis meses más tarde, en noviembre del mismo año, la PGR (hoy Fiscalía General) consiguió revivir temporalmente el caso luego de que un Tribunal unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado “Protocolo de Estambul”, que sirve para confirmar huellas de tortura.

Sin embargo los implicados – ya liberados – promovieron y ganaron un juicio de amparo que nuevamente frenó el caso. La Procuraduría intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado cuyos magistrados resolvieron, en junio pasado, confirmar el amparo y absolución de los implicados.

Aquí puedes consultar la sentencia

En dicha resolución, de la que Animal Político tiene copia, los magistrados advierten las circunstancias irregulares en que fueron detenidos los supuestos implicados, a los que se acusó de pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas.

Por ejemplo, que estos no fueron capturados con flagrancia ni con una orden de aprehensión, sino siguiendo una supuesta llamada anónima en la que se indicaba el sitio en el que se encontraban amarrados los sospechosos.

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*Foto de portada: Cuartoscuro Archivo

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