Emy Padilla, Mario Beltrán | Connectas
El gobierno de Honduras aprobó en el año 2016 la ejecución de 200 millones de lempiras ($8.2 millones) para la construcción de reservatorios de aguas en municipios que integran el corredor seco.
Hasta el momento solo el 11.4% de las obras fueron finalizadas por el gobierno y el 88.6% quedó en manos de los campesinos, que en su mayoría no han tenido la capacidad financiera para culminarlas.
Tegucigalpa.-El sol cae y arde sobre los pies del parque nacional Montaña de Celaque, donde los campesinos de la comunidad de Villa Verde, Gracias, en el occidental y deprimido departamento de Lempira, se quejan de perder las cosechas por la falta de agua.
En este poblado de contrastes, entre la opulencia y la pobreza, viven Pedro Hernández y su esposa Juana Rodríguez, ambos campesinos lamentan la pérdida de sus cultivos de maíz y frijoles porque no son beneficiarios de los proyectos de riegos impulsados por el gobierno.
Pedro nos atendió amablemente en el patio de su pequeña casa construida de adobe y cubierta de teja de barro. Mientras al fondo mugía una vaca—su único sustento—nos contó que adquirió el semoviente con los dólares que le enviaron de los Estados Unidos dos de sus tres hijos que migraron en busca de nuevos horizontes porque “aquí estamos jodidos” (mal).
Debido a la sequía que afecta al departamento de Lempira, Pedro y Juana, han perdido en varias ocasiones los cultivos de maíz y frijoles que siembran en una pequeña parcela. En medio de la adversidad mantienen la esperanza que de su tercer hijo, que se fue el domingo 30 de junio, llegue a Estados Unidos y envíe remesas para cubrir sus necesidades básicas. La situación de esta familia es crítica.
La migración de hondureños hacia a los Estados Unidos ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2018. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.
La pérdida en la producción de granos básicos es recurrente en Honduras y esta situación ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria, que afecta a 69 de cada 100 hondureños, que viven en condiciones de pobreza.
El gobierno hondureño no cuenta con datos estadísticos sobre migración. Sin embargo, lleva el recuento de las personas que son retornadas. En ese sentido el Observatorio Consular y Migratorio registra que en lo que va del presente año más de 66.400 hondureños, han sido deportados, pero esta cifra es conservadora, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras).
La tesis de FLACSO es sustentada por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos que refiere que la cantidad de hondureños que deciden migrar y son detenidos en la frontera sur se ha incrementado de 47.900 en 2017 a 205.039, solo en los primeros seis meses de este año.
Cerca de la tierra de Pedro hay un reservorio (estanque de agua para riego). “Lo mandaron a hacer, pero aquí solamente están metidos quienes tienen dinerito suficiente, aquí hay varios que están incluidos, pero solamente de billete”, comentó el campesino, que además denunció que el proyecto se ha politizado porque sólo beneficia a los militantes del oficialista Partido Nacional.
Abajo, a unos 300 metros de la casa de Pedro Hernández, en la planicie de Villa Verde, Gracias, Lempira, se encuentra rodeada de militares y cercada con láminas de zinc, la ostentosa casa de campo del gobernante hondureño, Juan Hernández. Pedro y Juan comparten el mismo apellido pero la fortuna de uno y la pobreza de otro crea una enorme distancia entre ambos, aunque sean vecinos. También los distancia el acceso al agua. Un poblador de la zona, que pidió por razones de seguridad no revelar su identidad, denunció que el reservorio de agua construido en ese pequeño poblado, beneficia a las propiedades de los adinerados y de los allegados al gobierno y precisó que la obra favorece las propiedades de la extinta Hilda Hernández, exsecretaria de Estrategia y Comunicaciones; Juan Antonio “Tony” Hernández, preso en EE.UU., por cargos de narcotráfico. Ambos hermanos del mandatario. La fuente aseguró que el propio presidente goza del beneficio y hasta la poderosa familia Reyes, integrada por cafetaleros y el líder religioso, Evelio Reyes.
La emergencia que ha secado el presupuesto
Arguyendo la pérdida de cosechas de los granos básicos (maíz y frijoles) y la inseguridad alimentaria, el gobierno declaró situación de emergencia en 11 departamentos del corredor seco—una franja del territorio hondureño que sufre de forma aguda las inclemencias climatológicas—supuestamente, para prevenir los futuros efectos de fenómenos como la sequía extrema o el régimen errático de las lluvias provocados como consecuencia del cambio climático.
Descargue el decreto de emergencia
La emergencia, que aún sigue vigente, se aprobó en septiembre de 2016 en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle, Olancho, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara, ubicados en el corredor seco.
Bajo la emergencia se autorizó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la ejecución del “Programa Presidencial de Cosechas de Agua”, consistente en la construcción de embalses para captar agua lluvia y líneas de conducción de riego por goteo para los beneficiarios identificados, con un monto de 200 millones de lempiras, un aproximado de 8.2 millones de dólares.
Lo aprobado por el gobierno, mediante la emergencia de septiembre de 2016 y que se ampara en el decreto Ejecutivo PCM-069-2016, establecía que los beneficiarios identificados deberían tener un máximo de una hectárea de tierra laborable por familia para la distribución intrafinca y que sucesivamente se les iba a brindar asistencia técnica, lo que no ha ocurrido.
En la propiedad de Jeremías Miralda, un longevo y pequeño productor del departamento de Olancho, el otrora granero centroamericano, el gobierno construyó un enorme agujero para un embalse, con sus respectivos canales de conducción de agua, pero nunca dio resultados porque se montó en un sitio donde no existe ningún afluente y donde las condiciones del suelo no son factibles por la filtración.
A más de año y medio de su construcción, Jeremías Miralda señala cómo quedó el supuesto embalse. La muestra que el dinero quedó botado en este proyecto, es más que evidente. El campesino reveló que la obra iba a beneficiar al ministro de Desarrollo e Inclusión Social y presidente del Partido Nacional de Honduras, Reinaldo Sánchez.
Obras a medio vapor
Los 8.2 millones de dólares para la construcción de las cosechas de agua provienen del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario (FIRSA) y según el director de Riego y Drenaje de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Juan Carlos Colindres, con los fondos se han construido alrededor de 70 represas. Sin embargo, confesó que sólo ocho se entregaron completas y cuentan con las líneas de conducción y red de distribución, es decir que son pocas las obras concluidas en un 100 por ciento y en pleno funcionamiento.
De las que se entregaron sin terminar, Colindres calcula que entre 30 y 40 represas no están funcionando porque los beneficiarios no han tenido la capacidad económica de construir las líneas de conducción del agua. Las que sí funcionan fueron terminadas con recursos propios de los los beneficiarios.
Un ejemplo de los problemas que presentan los reservorios está en el proyecto de Villa Verde, Gracias Lempira, del cual es beneficiario Juan Ramón Melgar, quien manifestó que la obra solo funciona en un 50 por ciento porque la tubería que fue conectada para el sistema de riego no soporta la presión del agua, razón por la cual se ha dañado. El pequeño productor de hortalizas dijo que el gobierno les ha informado, sin mostrarles facturas y recibos, que el proyecto costó entre 9 y 10 millones de lempiras (entre $ 367 mil y $ 408 mil), pero aclaró que los agricultores no creen esa versión, e incluso, insinuó que el proyecto fue sobrevalorado.
Según información oficial, hasta la fecha 24 empresas constructoras han participado en las obras. Hasta el 25 de abril de 2019 se habían ejecutado 114, 363,143.50 lempiras, un aproximado a 4 millones 668 mil dólares. Ya se gastó más de la mitad del presupuesto, aunque buena parte de las obras no funciona. Los contratos otorgados a las empresas constructoras se han pactado mediante compras directas, amparándose en la emergencia, con lo que se han obviado los procesos de licitaciones.
El director de Riegos y Drenajes contó que existen deudas por pagar con algunas empresas constructoras y confesó además que la SAG pedirá que se amplíe el fideicomiso aprobado en el año 2016 para la construcción de nuevos reservorios, porque actualmente hay al menos 200 solicitudes pendientes. El gobierno se prepara a darle trámite a las nuevas solicitudes pese a que muchas de las obras existentes no están en funcionamiento.
Sobre la transparencia en el manejo de los fondos y en cuanto a los costos y especificaciones de lo construido hasta el momento, es difícil dar un recuento, ya que por la complejidad de las obras no se puede precisar precios o valores reales. Asimismo, porque en Honduras existe una cultura de opacidad promovida por la “ley de secretos” que establece reservas a la información pública hasta por 50 años. Además, a partir de septiembre pasado se aprobó un decreto ministerial que declaró en reserva toda la información relacionada a trámites del medio ambiente.
Ante este panorama y aunque no hay cifras claras de ejecución de presupuesto, Octavio Sánchez, ingeniero agrónomo y director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Agroecológica (ANAFAE) afirma que lo que sí se puede medir es la eficacia, y según los resultados, más los sondeos de la organización que él dirige, se puede concluir que el proyecto de las cosechas de agua no está dando resultado.
A juicio del experto en agroecología, el proyecto de cosechas de agua no debió ser establecido como una emergencia sino que debió partir por establecer la necesidad de los beneficiarios, estudios técnicos de los suelos y del agua, diseños, durabilidad y calidad de las obras. “Pero cuando uno revisa, entonces uno dice, este es un negocio montado para alguien y que no beneficia a nadie, porque se suponía que iba a beneficiar a pequeños productores”, comentó.
Para la construcción de las obras se deben tomar en cuenta las condiciones geológicas para saber si el suelo es impermeable y si tiene la capacidad de retener el agua o por el contrario es de fácil evaporación. Asimismo, prever el área de la micro cuenca. En pocas palabras hacer un estudio previo bien elaborado, resumió Octavio Sánchez, quien es además coordinador de la Red de Agroecología en Honduras.
El gobierno anunció que está haciendo un nuevo estudio para determinar la situación actual y las necesidades de los productores. Además, ha reconocido que las cortinas de tres reservorios cedieron al poco tiempo de su construcción, pero sin hacer ningún reparo a las empresas constructoras responsables de los errores, se procederá a hacer los correctivos y se destinará nuevos presupuestos para tal fin.
Los errores están a simple vista. En muchos casos las cosechas de agua se han convertido en reservorios de larvas de zancudos y en aguaderos de ganado en vez de contrarrestar las sequías y ser un paliativo para los campesinos de escasos recursos que requieren del apoyo económico y la asistencia técnica del gobierno.
Este reservorio de agua fue construido hace año y medio en la comunidad de Santa Ana, San Francisco de la Paz, Olancho, en la propiedad de la señora Ramona Gómez, madre Glenda Sarmiento Gómez, asistente del ministro de Desarrollo e Inclusión Social y presidente del Partido Nacional de Honduras, Reinaldo Sánchez. La obra no funciona porque no ha sido conectada al sistema de riego. Pese a que la imagen fue captada en época lluviosa, el nivel del embalse sigue siendo muy bajo, por lo que su utilidad se limita a un bebedero de agua para el ganado de la dueña del terreno.
La sed de los cultivos
Según cifras oficiales, en la primera cosecha de 2018 (del 15 de abril al 15 de agosto) se dañó un 80 % del cultivo de maíz y 20 % de frijol en siete departamentos del denominado corredor seco, afectando a 100 mil personas. Los datos ponen en evidencia que las cosechas de agua no están siendo eficaces. Aunque para el vicepresidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), Juan Valladares, las cifras de las pérdidas de cosechas del gobierno no son confiables y son utilizadas con el propósito de justificar una emergencia, aprobar contrataciones directas y por ende facilitar la corrupción.
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CANIJO CONEJO
