Karina Cancino, Mildra Benitez Robledo, César Pérez Delgado, Daniel Lizárraga | Beca MCCI

Ilustración: José Quintero

Tepic, Nay.- En la primavera del 2013 –entre mayo y junio– un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos –municipio de Compostela– fueron a Tepic, la capital, porque ya no soportaban más. Los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando. Aunque el miedo les calaba hasta los huesos, se enfrentaron a Édgar Veytia; un hombre duro, de voz nasal, quien apenas unas semanas atrás –en febrero de ese mismo año– había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que se animaron a entrar a la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado –ubicada al poniente de la capital nayarita– también iban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA. Justamente entre febrero y marzo de ese mismo 2013, casi al mismo tiempo que en el Congreso de Nayarit cocinaban la designación de Veytia como Fiscal gracias a una propuesta de su amigo, el gobernador Roberto Sandoval.

Antes de escuchar a los vecinos de Guayabitos, Veytia colocó una pistola con sus iniciales grabadas en la cacha sobre su escritorio. Lo hizo en un solo movimiento. El ruido del arma sobre la madera intimidó a los comerciantes. Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos para esta investigación.

Alguien grabó aquel encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos desesperados de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

Veytia no repara sobre esos lamentos. Sus guardaespaldas ni él procuran averiguar qué pasaba en algún lugar muy cerca de ahí. El Fiscal habla como si las exclamaciones de dolor y el llanto de esa mujer fueran parte del ambiente.

MCCI obtuvo una copia de esa grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público.

MCCI comprobó con cuatro distintas fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

Durante la realización de esta investigación, MCCI obtuvo un audio de una reunión en la Fiscalía de Nayarit en 2013 entre Édgar Veytia y vecinos de Rincón de Guayabitos. En él se escuchan gritos de una persona presuntamente torturada dentro de un cuarto en la oficina del exfiscal. Varios entrevistados por MCCI señalaron de forma reiterada la existencia de ese salón usado para presionar a las víctimas. MCCI pudo confirmar, a través de entrevistas y conferencias de prensa, que la voz coincide con el personaje señalado.

 En ese territorio –uno de los más pequeños de México– en el periodo 2011-2017, durante el Gobierno del priista Roberto Sandoval los policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.

Tras de la captura de Veytia en Estados Unidos, la prensa en México publicó que el exfiscal facilitaba que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima, un puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic –un trayecto de 5 horas en automóvil–. Los capos eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

José Cruz Corchado Partida tenía un terreno de 8 mil 476 metros cuadrados donde compraba y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro comercial Fórum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Veytia secuestró a su hijo para obligarlo a venderlas un 40% por debajo de su precio.

“Quiero que me vendas (…) Te voy a pagar a mil 900 pesos el metro cuadrado y, si no quieres, de todos modos, va a ser mío ¿cómo la ves?” Le dijo Veytia a Corchado con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el exfiscal puso el altavoz; llamaba Sandoval, el gobernador.

–¿Qué? ¿Ya trataste con nuestro amigo?– le preguntó Sandoval

–En eso estamos, señor gobernador– dijo Veytia.

–Si no lo quiere vender, enciérramelo uno o dos días para que afloje– sugirió.

–No pues así por las buenas, sí te vendo– respondió Corchado.

Pero el dinero pactado no llegó completo a las manos del ganadero. Para compensar lo que faltaba, le ofrecieron dos departamentos que él no quiso. “Ahí estaban antes puros malandros”, relató a MCCI en una entrevista. Casi la mitad de sus tierras fueron usadas para construir un fraccionamiento, pero los predios seguían a nombre de Corchado ante el registro público de la propiedad. Esta fue una manera de ocultar la identidad de los nuevos dueños.

En mayo de este 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al exgobernador Sandoval en la lista negra por estar involucrado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acusación consistió en que él permitió que los capos se apoderaran de activos estatales y, en lo personal, recibió sobornos.

Cuando Sandoval dijo “enciérramelo unos días para que afloje”, Corchado sintió pavor. Si no entregaba sus tierras, lo llevarían al penal para encerrarlo en “la jaula de los locos”. En Nayarit la gente había escuchado que se trataba de un castigo insoportable.

“La jaula de los locos” le llamaban a la celda especial en el que mantenían a las personas enfermas mentales bajo condiciones de aislamiento. “No hay quien aguantara más de una noche ahí”, aseguró a MCCI Juan Miguel Coppel Godoy, un vendedor de autos usados quien fue encarcelado porque supuestamente participó en un secuestro.

Para liberarlo, la familia de Coppel debía pagar 300 mil pesos. Unos enviados de Veytia los llevaron con una prestamista: a cambio de las escrituras de una casa les darían lo justo para soltarlo. Ellos se negaron, su vivienda valía por lo menos 1 millón de pesos. Esta decisión tuvo sus consecuencias: Juan Miguel fue enviado a una celda de castigo donde lo amarraron. Le quitarían las uñas de los pies. “¡Jálale! porque no te voy a dar nada”, les decía a los enviados de Veytia. Tres años después, él quedó en libertad porque no había pruebas en su contra.

Cuando Veytia fue capturado en Estados Unidos y terminó el gobierno de Sandoval, las historias contadas en voz baja dentro de los restaurantes o los rumores como la existencia de “la jaula de los locos”, y las anécdotas sobre los secuestros estallaron: más de 2 mil personas de los 20 municipios nayaritas denunciaron haber sido víctimas del Fiscal y de sus policías, luego de que un grupo de ciudadanos lanzara una convocatoria para que se conociera lo sucedido durante los últimos seis años. Las protestas desencadenaron la creación de la Promotora de la Comisión de la Verdad. Uno de sus representantes más identificados públicamente ha sido Rodrigo González Barrios, un exdiputado del PRD.

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*Foto de portada: José Quintero