Foto: José Alonso

Roberto Alonso

@rialonso

El estado de Puebla, con la cuarta zona metropolitana más importante de México, ocupa uno de los cinco primeros lugares con mayor pobreza en el país. La pobreza y la desigualdad tienen una expresión palpable en la gentrificación. Nuestra entidad tiene una dependencia considerable a la inversión extranjera en el sector industrial y una alta cantidad de empresas en la informalidad. A pesar de haber un marco regulatorio a nivel nacional, en el plano estatal no existen políticas públicas efectivas para impulsar la economía social.

Un problema demográfico silencioso es el envejecimiento de la población: en 2019, los poblanos de 65 años y más representan el doble de lo que eran en 1980. El fenómeno de la migración en nuestro territorio es múltiple: la migración interna hacia el área metropolitana, la migración hacia Estados Unidos, la migración de retorno –con perfiles muy variados– y el paso de migrantes centroamericanos. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.5; sólo 4 de cada 10 jóvenes acceden a la universidad. En el estado hay 74 casas de cultura concentradas en una tercera parte de los 217 municipios.

En el Índice de Desarrollo Democrático de México 2018, Puebla se ubica en la posición 27 de las 32 entidades federativas, lo que le mantiene como un enclave autoritario subnacional. Para 66.7% de la población en el estado, la inseguridad es la principal preocupación, ocho de cada 10 poblanos nos sentimos inseguros. La incidencia delictiva de los primeros meses de 2019 colocó a Puebla en los primeros lugares a nivel nacional, la cuarta posición en feminicidios y la primera en linchamientos. Con base en el Índice Global de Impunidad México 2018, sólo 1.7% de los delitos registrados desembocaron en una sentencia condenatoria. La dolorosa experiencia de las personas desaparecidas es una realidad en Puebla: 31% de los casos registrados de 2012 a 2017 son de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018, Puebla está en el lugar 30 en el factor de protección efectiva a los derechos fundamentales. Las principales violaciones a derechos humanos en la entidad en fechas recientes se cometieron en materia de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, legalidad, trato digno, derecho de petición, derecho a la educación y derecho a la salud. Según el mismo índice, Puebla tiene las posiciones 26 y 22 en cuanto a límites al poder gubernamental y ausencia de corrupción, respectivamente. Carecemos de una ley que regule la publicidad oficial y, a la par, somos la tercera entidad con mayor número de ataques y agresiones a periodistas, así como en violencia hacia las mujeres periodistas. En 2017 Puebla fue el estado con mayor prevalencia en discriminación. No existe en la entidad reconocimiento legal para las personas LGBTTTI.

Todas estas viñetas son parte del paisaje encuadrado por la Universidad Iberoamericana Puebla en su Agenda Institucional. De la Reflexión a la Acción, la cual se dio a conocer la semana pasada con el propósito de “colaborar en la búsqueda de soluciones (…) desde la consciencia de que, frente a problemas graves como los que nos desafían, la soluciones han de ser complejas”, pasando por dos ingredientes que se entreveran: instituciones públicas sólidas y participación ciudadana. Como consta en la presentación de los 14 ejes temáticos de esta agenda, la IBERO Puebla quiere “participar activamente en el diseño de alternativas de cambio que ayuden a los tomadores de decisiones en la construcción de respuestas”. Al cabo, de nada sirve la construcción del conocimiento si no se lleva a la acción.

La educación jesuita está fundada en la pedagogía ignaciana, cuyo paradigma puede sintetizarse en cuatro pasos: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Estos elementos son la piedra angular de la propuesta educativa ignaciana, de ahí que la calidad académica de una universidad jesuita no se entienda sino como pertinencia social, esto es, la respuesta que da al entorno en el que está inserta.

Como lo pensaba Ignacio Ellacuría, se trata de un criterio eminentemente político pues pone a la universidad al servicio de la transformación social en beneficio de las mayorías populares; en clave de justicia y reconciliación, si lo actualizamos a los horizontes actuales de la misión compartida de la Compañía de Jesús. Ya lo decía Diego de Ledesma desde finales del siglo XVI, una de las razones para que esta orden decidiera dedicarse a la educación fue “contribuir al recto gobierno de los asuntos públicos”.

En el siglo XXI, el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha definido a la universidad como “proyecto de transformación social” desde las funciones que le son propias, un espíritu de fidelidad creativa y en colaboración-diálogo con otros. Desentendida de la realidad, la universidad sólo se ve a sí misma y deja de responder a aquella, que le da sentido y le exige respuestas. Pasar de la reflexión a la acción implica una acción de discernimiento previo. ¿Qué alternativa es mejor que otra para la solución de los problemas públicos que nos aquejan? Allí desea ser útil este documento.

*Foto de portada: José Alonso