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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

En noviembre de 2017 las familias que habitan cerca del arroyo de Chignahuatzingo, de la localidad de Coayuca en el municipio de Aquixtla (en la Sierra Norte de Puebla), empezaron a ver el desvío del cuerpo de agua y el inicio de la construcción de una represa para acaparar el cauce. La represa fue construida por el grupo Tlaltempre S.P.R., un conjunto de agricultores de la región dedicados principalmente al cultivo de jitomate. 

Édgar Flores, representante legal de los vecinos afectados, dijo a LADO B que ese mismo año empezaron las acciones para verificar si la construcción tenía permisos: vía Transparencia, la Conagua respondió en ese momento que no existían tales. Los vecinos metieron escritos y buscaron a las autoridades para que inspeccionaran el lugar y detuvieran la obra, pero nada pasó.

Fue hasta abril del 2018 cuando la Conagua por fin realizó una visita y clausuró la represa por falta de documentación, aunque para ese entonces la construcción tenía un avance del 80%, según lo relatado por Édgar Flores, respaldado con evidencia fotográfica.

Un mes más tarde, Tlaltempre ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat, la cual fue rechazada en noviembre de ese año. 

Aunado a la construcción sin permisos, el ingreso de documentos extemporáneos y el avance de la obra pese a los sellos de clausura, para la presa se taló un área de 20 metros de cada lado del arroyo, sin medidas de mitigación de impacto ambiental y con un desconocimiento del destino de la madera.  

Apenas el 15 de enero de 2019, más de un año después desde que se presentó el primer escrito, la Conagua emitió una resolución para demoler la presa, acción que a la fecha no se ha llevado a cabo. 

Flores cuestionó la tardanza de Conagua, además de sus omisiones al actuar, pues fueron prácticamente los vecinos afectados quienes tuvieron que hacer el trabajo que le correspondía a la dependencia: ir a revisar los sellos, así como el funcionamiento de la presa; tomar evidencia fotográfica y dar seguimiento. En ese entonces, la Conagua de Puebla estaba encabezada por Alberto Jiménez Merino, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla. La resolución de demoler la represa se dio dos semanas antes del anuncio de la candidatura del priista.

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Sigue la represa

La resolución de Conagua impuso tres multas a Tlaltempre que equivalen a más de 400 mil pesos, además de la remoción o demolición de la obra civil, la cual no se ha efectuado desde el 15 de enero de este año, cuando se publicó dicho documento.

Flores dijo que el grupo Tlaltempre no se ha acercado con los quejosos, pero el representante sabe que han presentado recursos legales contra las resoluciones de las distintas autoridades, con el fin de mantener la represa. 

La resolución de la demolición se hizo a causa de que Tlaltempre no tenía permisos, sin embargo, los habitantes de la zona ya no tienen forma legal de dar seguimiento al proceso, por lo que ahora buscan es que se les reconozca como terceros interesados para poder aportar pruebas al juicio y conocer el avance de los recursos interpuestos por los agricultores, quienes buscan que la represa no sea destruida.

De manera paralela, continúa abierto el proceso de la Profepa por la tala de árboles y daño ambiental; y un procedimiento que inició Conagua ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los afectados ingresaron, además, una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la violación a su derecho al agua, y una ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violar también el derecho a un medio ambiente sano. Las familias que viven cerca del arroyo no tienen drenaje y la mayoría se abastece directamente del arroyo que es de temporal, esto es, que no tiene cauce todo el año. Sin embargo, la represa acapara el agua, pues retiene todo lo que se acumula ahí y nada fluye hacia el arroyo. 

El uso del agua es personal, para casa habitación, no para cultivos masivos ni industriales; sin embargo, el uso que pretende darle grupo Tlaltempre es para fines comerciales. En su acta constitutiva la agrupación tiene como objeto social principal “el uso y aprovechamiento de agua para fines agrícolas y pecuarios”, así como “la siembra, cultivo y producción de productos agrícolas para consumo humano […] su aprovechamiento, conservación, transformación, distribución, comercialización, industrialización y transportación”. 

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