Caminar la libre determinación
Cientos de indígenas tseltales, tsotsiles y ch’oles llevaron a cabo una megaperegrinación de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez el martes pasado
Por Roberto Alonso @rialonso
25 de agosto, 2019
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Roberto Alonso
@rialonso

Foto: MODEVITE

Cientos de indígenas tseltales, tsotsiles y ch’oles de una docena de municipios de la zona Selva y de Los Altos de Chiapas, pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y agrupados en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), llevaron a cabo una megaperegrinación de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez el martes pasado.

La movilización fue convocada para oponerse a proyectos y políticas promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la supercarretera San Cristóbal-Palenque, así como a la presencia de la Guardia Nacional en la región.

En 2016, en su primera megaperegrinación, el Modevite recorrió 11 municipios durante 12 días para reconocer su territorio y escuchar los problemas de las comunidades, principalmente amenazadas por proyectos extractivistas y gubernamentales, entre ellos la supercarretera.

Denunciaron los “signos de muerte” presentes en su territorio y anunciaron “el espíritu de vida comunitaria” de sus culturas. Desde entonces comenzaron a reflexionar en torno a alternativas políticas de organización frente a un sistema de partidos que divide las comunidades y se plantearon el reto de los gobiernos comunitarios.

En tres años, esta idea se convirtió en organización y en una realidad. Concentrados para manifestar también su rechazo al desarrollo de zonas económicas especiales, del Centro Integral Palenque (Nuevo Cancún) y de proyectos mineros e hidroeléctricos, el Modevite exigió a las autoridades estatales en la capital de Chiapas garantizar condiciones de seguridad para dar continuidad al camino iniciado en los municipios de Chilón y Sitalá con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, transitando de un sistema político de partidos a uno basado en usos y costumbres.

Días atrás, funcionarios públicos del ayuntamiento de Chilón y grupos vinculados al mismo obstaculizaron con agresiones, intimidaciones y amenazas el inicio de un estudio cultural encargado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para verificar la existencia de un sistema normativo propio.

De acuerdo con el Centro de Derechos Indígenas, A.C., el 10 de agosto se impidió la llegada del equipo de antropólogos a la localidad de Bachajón y el 11 de agosto antropólogos del INAH y abogados representantes del gobierno comunitario fueron amenazados y agredidos por un grupo de personas encabezadas por funcionarios públicos del gobierno municipal, ante una presencia pasiva y expectante de la policía de Chilón.

El 12 de agosto, el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo fue retenido durante más de ocho horas, siendo obligado a leer un documento en el que se comprometía a cancelar el estudio y a destruir el material recopilado los días previos.

El dictamen del INAH fue una condición establecida el 29 de  junio de 2018 por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) -junto con una consulta a las comunidades de los dos municipios- para atender el interés de los promotores del gobierno comunitario de regirse políticamente con base en un sistema normativo interno. Fue en noviembre de 2017 que las comisiones para los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá presentaron formalmente su solicitud al IEPC, acompañándola con firmas de más del 50% de los habitantes de dichos municipios.

Lo ocurrido en Chilón no es sino reflejo de la resistencia de los partidos políticos y fuerzas locales enquistadas en ellos para impedir el ejercicio de un derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El propio gobierno federal, a través y por impulso de la secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, recibió el pasado 9 de agosto el pronunciamiento del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, en el que los 68 pueblos originarios representados demandaron el reconocimiento de su inalienable derecho a la libre determinación.

Para Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Concejo del Gobierno Comunitario de Chilón, elegida como tal en una asamblea que precisamente puso en práctica formas propias para designar autoridades, la raíz de la lucha por la autodeterminación reside en el dolor y el sufrimiento () que viven a diario las comunidades tseltales, y en la constatación de que las alternancias políticas no han traído consigo cambios reales.

Mientras el EZLN amplía su extensión e influencia en el estado con la creación de siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, uno de ellos en territorio de Chilón, en esta misma población se camina y se peregrina la libre determinación. La autoridad municipal decidió entorpecer el proceso. La autoridad estatal puede acompañarlo o retenerlo.

 

 

*Foto de portada: MODEVITE

 

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Roberto Alonso
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.